Gas para Chile: las claves del ingreso del Estado chileno al mercado del gas licuado

Un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), organismo encargado de supervisar el buen funcionamiento de los mercados en Chile, detectó varias dificultades en la distribución de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), combustible usado masivamente por las familias para calefaccionar sus hogares en todo el territorio. Aquello motivó a diversas autoridades y al propio Gobierno del presidente Gabriel Boric a busca alternativas, entre ellas la creación de un plan llamado Gas para Chile, el que buscaba bajar el precio de los productos con una particular intervención estatal.

La iniciativa, que funcionó como un plan piloto entre los meses de julio y diciembre de 2022, fue encabezada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), firma estatal encargada de la explotación y distribución de combustibles fósiles. El objetivo era entregar cilindros a más de 3.000 familias en situación económica vulnerable de las comunas de San Fernando, Chiguayante y Quintero —todas de las afueras de la capital Santiago de Chile— a precios módicos, para así mitigar los efectos de la poca competencia en la industria.

Meses después, el Ministerio de Energía entregó un informe a solicitud de la Cámara de Diputados, en donde se detallaron los costos asociados al ensayo, los que alcanzaron los 591.000.000 de pesos (734.000 dólares), destacando que los usuarios adquirieron el producto por 15.056 pesos la unidad (18 dólares), una rebaja importante en comparación a los distribuidores privados. El problema surgió con un antecedente descubierto en un reporte reservado, en donde se informó que el costo estatal de cada balón de gas llegó a los 117.000 pesos (127 dólares) cuando el precio de mercado estaba en cerca de 20.000 pesos (25 dólares) considerando toda la cadena de producción.

El ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, admitió que el plan como se concibió de manera inicial “no tuvo éxito”, mientras que ENAP informó que rediseñaría la propuesta para ser distribuidor mayorista y no minorista, tal como lo fue en primer intento de ingreso estatal al mercado del gas licuado.

El mercado del gas licuado en Chile

El mercado del gas licuado en Chile está compuesto por tres empresas de gran tamaño. Gasco —pionera en la llegada del sistema energético a Chile—, Abastible y Lipigas copan la distribución de los cilindros, proporcionando productos a vendedores minoristas y, al mismo tiempo, comercializando directamente sus propios productos. La actuación de estas compañías fue analizada por la FNE, que en octubre de 2021 emitió un duro informe en donde sugería una serie de recomendaciones, especialmente en la distribución detallista.

En el detalle, los persecutores económicos estimaron que en la industria existía una “baja intensidad competitiva”, que incidía directamente en el precio final a los consumidores. De acuerdo al análisis, la poca participación de otras empresas hizo que los actores vigentes del mercado aumentaran su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% aproximadamente, lo que equivale a 261.000.000 de dólares anuales de manera agregada.

Las recomendaciones de la FNE

Tras dar cuenta de la situación, la FNE entregó recomendaciones a las autoridades del Ejecutivo para hacer más dinámica la industria del gas. En primer lugar, se pidió prohibir la participación de las tres empresas que componen el mercado en la distribución minorista del producto, con lo que se lograría que los vendedores de menor escala no estén “atados” a una de ellas. El informe destacó que esta medida sería de “relativamente fácil implementación” e impulsaría la competencia entre los mayoristas, además de fomentar el ingreso de otros actores a la industria.

El papel de los municipios

Las observaciones sobre la concentración del mercado del gas licuado provocaron una ola de reacciones de parte de las autoridades. La segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022) anunció que presentaría un proyecto de ley que permitiría aumentar la oferta y la competencia. Otros que se activaron fueron los alcaldes, quienes a través de sus municipalidades propusieron un modelo para vender cilindros más baratos para la comunidad. La iniciativa, denominada como Gas Popular, no prosperó debido a que la Contraloría General de la República de Chile estimó que los gobiernos locales no estaban autorizados para ser los comerciantes.

El plan del Gobierno de Boric

En 2022, con la llegada de Gabriel Boric al Ejecutivo, se tomaron algunas decisiones para mejorar la regulación de mercado del gas licuado, entre ellas retirar el proyecto de las autoridades anteriores para reingresarlo con modificaciones. En julio de ese año el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, llegó hasta la comuna de Chiguayante, en la sureña región del Biobío, para anunciar el inicio de un plan piloto llamado Gas para Chile, que consistiría en la distribución de cilindros de color rosa para ser vendidos al consumidor final a un valor inferior a la de las tres compañías mayoristas vigentes.

La idea era que ENAP, a través de una filial nombrada como Gas de Chile, adquiriera 6.000 balones de gas de 15 kilos. Cada uno de ellos debía ser ofrecido a 15.000 pesos la unidad (18 dólares), un 40% menos del precio del mercado, siendo beneficiadas 3.000 familias vulnerables que fuesen parte del Registro Social de Hogares, ficha oficial que certifica su situación socioeconómica. El proyecto se iba a aplicar en tres comunas (San Fernando, Chiguayante y Quintero) entre los meses de julio y diciembre del año pasado.

Los costos de ‘Gas para Chile’

Tras el fin del piloto, y en vísperas de una expansión del plan hacia otras comunas del país para llegar a 100.000 familias, el diario La Tercera publicó un informe solicitado por un grupo de diputados al ministro de Energía, Diego Pardow, en donde se entregó un balance sobre el proyecto en tres comunas. En un oficio, que había sido definido como “reservado”, se detallaron los costos de la puesta en marcha de la política pública.

El valor total del proyecto alcanzó los 591.000.000 de pesos (734.000 dólares), mientras que por unidad el valor medido en pesos por cilindro, ascendió a 98.000 pesos (121 dólares) en términos netos y a 117.000 (127 dólares), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De la cifra mayor, 84.000 pesos (104 dólares) contemplaban solo el gasto por distribución.

La revelación de los montos involucrados provocó la molestia de la oposición de derecha, que acusó al Gobierno de “despilfarrar” los recursos estatales. En su defensa, el Ejecutivo resaltó que se trataba de un plan piloto y reconoció que el programa no había resultado. “Los programas piloto tienen ese propósito. No puede esperar que un programa piloto sea perfecto, pero sí lo que puede asegurar es que si hay errores de diseño o de altos costos, va a tener la oportunidad de corregir, modificar antes de escalarlo a un programa más ambicioso”, señaló el ministro Marcel.

Con este panorama, decidió modificar el plan de comercialización del gas licuado a través de ENAP. La empresa especificó que seguiría con sus intenciones de intervenir en el mercado, pero que lo haría como mayorista y no como minorista, para así mejorar la rentabilidad. De esta manera esperaba ser un cuarto actor preponderante en la industria, a través de convenios con varios vendedores detallistas del territorio nacional.