Fortalecimiento de los partidos y Estado social: un grupo de expertos avanza en la redacción de la nueva Constitución chilena

El próximo domingo 7 de mayo, Chile elegirá a 50 integrantes del consejo constitucional –25 hombres y 25 mujeres– que redactarán una nueva propuesta de Carta Magna que reemplazaría a la de 1980, nacida en dictadura. No empezarán de cero. Cuando asuman el 7 de junio, recibirán un anteproyecto en el que, desde marzo, trabaja una comisión experta de 24 miembros. Si bien este grupo, que también es paritario, aun no termina su labor, ya ha llegado a algunos acuerdos generales, entre ellos, el fortalecimiento de los partidos políticos, reforma clave dada la alta fragmentación que hoy existe en el Congreso. Todavía, sin embargo, los expertos no han podido alcanzar un consenso respecto de la arquitectura que se le dará al Estado social y democrático de derecho. Especialmente difícil ha sido el papel de los privados en la salud, una discusión ideológica que lleva años entre las izquierdas y derechas chilenas.

Este segundo intento de Carta Magna arrancó después de que, en septiembre de 2022, un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de la convención constitucional, que tenía 154 integrantes que provenían, en su mayoría, de movimientos sociales de izquierda. Esta vez, en cambio, los partidos políticos han tenido un papel preponderante. Por un lado, la comisión experta, compuesta por mayoría de juristas, fue nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos. Por otro, los candidatos a convencionales compiten en cinco listas, prácticamente todas asociadas a colectividades políticas.

Otra gran diferencia con el proceso anterior es que esta vez se establecieron 12 bases constitucionales que no se pueden romper. Entre ellas, que Chile es un Estado unitario, el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y que Chile es un Estado democrático de derecho.

El fortalecimientos de partidos

El 31 de marzo, la comisión experta aprobó un esqueleto base de 192 artículos, que está en proceso de cambios luego que tanto las derechas como el oficialismo de izquierdas presentaran indicaciones. Son propuestas que primero se votarán en cada una de las cuatro de las subcomisiones temáticas y, luego, en el pleno. El texto final lo entregarán el 7 de junio a los 50 convencionales.

Entre los principales acuerdos en sistema político, y que podrían llegar a la propuesta final que se entregará a los consejeros constitucionales, se mantuvo el sistema presidencial. Pero el acuerdo incorpora novedades para la figura del presidente. Si bien el periodo sigue siendo de cuatro años, por primera vez se limitó la reelección a sola una vez, pero no puede ser inmediata.

Ha sido en los partidos políticos donde se ha planteado una cirugía mayor, a través de normas impulsadas en un complejo escenario que ha marcado a Chile debido a la alta fragmentación que experimenta el Congreso actual. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay 21 colectividades políticas y un número similar de independientes que ha dificultado la gobernabilidad, tanto en el actual Gobierno de Gabriel Boric como en los anteriores.

Al respecto, el texto propone que, en adelante, solo los partidos que alcancen un cinco por ciento de los votos en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, “tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional”. Además, se crea una norma antidíscolos, pues el diputado o senador que “renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura”, simplemente perderá su cargo parlamentario. Actualmente, hay otra veintena de independientes pero, salvo el diputado Carlos Bianchi, todos fueron elegidos en listas de partidos.

Sobre las elecciones internas, por primera vez será el Servicio Electoral (Servel), el órgano estatal, el que las administrará, una responsabilidad que hoy está en manos de las propias colectividades.

La salud privada y pública

El Estado social y democrático de derecho ha sido un anhelo de la izquierda desde que comenzó el primer proceso constituyente, en 2021. No está contemplado en la Constitución actual, nacida en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero sí lo estaba en la propuesta de la convención que se rechazó en septiembre pasado.

En este nuevo intento de Carta Magna este principio se incluyó en las 12 bases constitucionales que se acordaron en 2022, que son los pilares de este segundo proceso, lo que implica que estará consagrado en el nuevo texto de todas formas. Es en la configuración de su contenido, sin embargo, donde aún no hay consenso entre las derechas y las izquierdas de la comisión experta. Las diferencias se han concentrado especialmente en la norma que se refiere al papel de los privados en la salud.

En Chile existen dos sistemas de salud con cotizaciones obligatorias, uno público y otro privado. El público abarca al 80% de la población a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), donde hay más de 15 millones de cotizantes. En el privado, que hoy atraviesa una grave crisis, están las instituciones de salud previsional (las isapres), que son aseguradoras y albergan al 17% de la población con mayores ingresos (unos tres millones de chilenos).

Sobre este punto, la nueva propuesta constitucional señala que “la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”. Si bien este inciso fue aprobado en forma general y unánime a fines de marzo, hoy integrantes de la comisión experta del oficialismo de izquierdas han presentado indicaciones para modificarlo. Algunos estiman que la Constitución no debe consagrar ningún sistema de salud, sino que aquello debe quedar a la ley. Impugnan en especial que se incluyera la palabra “régimen”, pues estiman que ello implica dejar en la Constitución un sistema amarrado.

El abogado Flavio Quezada, integrante de la comisión experta por el Partido Socialista, ha sido uno sus principales críticos de la forma en que quedó la norma propuesta. “El punto es si va a constitucionalizar o no un modelo que, a mi juicio, es incompatible con el Estado social. No existe ninguna Constitución en el mundo que tenga algo así”, dice a EL PAIS. Agrega que no se opone a que en Chile existan prestadores privados: “Me opongo a que se prohíban políticas solidarias en materializarlo”, explica Quezada.

En cambio, el constitucionalista Teodoro Ribera, experto por el partido de centroderecha Renovación Nacional, dice que la discusión actual “no está centrada en un sistema de salud que brinde mínimos a toda la población, sino que se circunscribe principalmente a la libertad de elección, que hoy se resguarda en la Constitución y se quiere seguir resguardando”. Esto, explica, “para que las personas puedan continuar eligiendo entre el sistema público o privado de salud, como también puede escoger respecto de quién le presta la salud”.

Ribera, excanciller del Gobierno de Sebastián Piñera, reconoce que “este ha sido un tema difícil de abordar”. Pero que, “en otras materias, también de relevancia, ha habido sustanciales avances”.

Las indicaciones para modificar la propuesta de la comisión experta se votarán después del 7 de mayo, tras las elección del consejo constitucional.