Los alumnos de la Escuela de Carabineros de Chile: “Somos la reforma”

Son las ocho de la mañana del miércoles 12 de abril y los 895 alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros, en el suroeste de Santiago, se forman de menor a mayor estatura para escuchar la orden del día. A la derecha se ubican los de primer año, vestidos con tenida fatiga, menos formal, y a la izquierda los de segundo, con tenida cuartel. El 70% son mujeres y el 30% hombres. Todas las cabezas se giran con dirección a un capitán que lee una noticia publicada en el diario El Mercurio sobre el carabinero que abatió a un joven de 19 años después de que este intentara atropellar a un agente para huir de una fiscalización en la ciudad-puerto de San Antonio. El uniformado está detenido y en calidad de imputado. “Hoy todo procedimiento policial es peligroso”, advierte el capitán a la próxima generación de carabineros que saldrá a la calle a fines de este año y de 2024.

La primera semana de abril ocurrió el tercer asesinato a un carabinero en actos de servicio en 23 días, una seguidilla de hechos que tiene conmocionada a la sociedad chilena, preocupada de la profunda crisis de seguridad pública que enfrentan. A medida que aumenta el miedo, crece el apoyo a las policías. La confianza en la institución se desplomó en 2017, cuando la Fiscalía descubrió una trama de corrupción al interior del cuerpo. Ese rechazo se agudizó con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes durante el estallido social de 2019. Ahora, sin embargo, el escenario es de otro color. Los uniformados gozan del mayor respaldo ciudadano desde 2015 y el Gobierno de Gabriel Boric -muy duro con el actuar policial antes de llegar a La Moneda- enfatiza constantemente su respaldo a la institución.

En los cinco años anteriores a las revueltas, postulaban unas 16.000 personas anualmente. En los dos años más duros de la pandemia llegaron a ser menos de 3.000, pero en 2022 escalaron hasta los 5.000, según el Departamento de Comunicaciones de Carabineros. La caída también responde a que en la pandemia aceptaron menos postulantes en las escuelas por los protocolos sanitarios. El perfil, según la propia institución, son jóvenes de entre 18 y 25 años, de clase media (650-750 dólares de ingreso familiar), principalmente de la zona centro sur del país. Muchos de ellos llegan tras haber trabajado en la minería o como guardias de seguridad.

EL PAÍS visitó esta semana la escuela Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, la principal del país, para conversar con los alumnos. Los altos mandos seleccionaron a seis de ellos –tres hombres, tres mujeres– para la entrevista. Ninguno de ellos participó en las manifestaciones de 2019, se definen apolíticos y no leen los diarios ni ven las noticias. “A veces una pincelada mientras almorzamos”, apunta uno. Los seis fueron enviados durante el verano a apoyar a las comunidades afectadas por la mortífera ola de incendios en la zona centro sur del país.

Ignacio Burgos, de 23 años, oriundo de Osorno (a 920 kilómetros al sur de Santiago), estudiaba técnico en enfermería, pero tras las revueltas sociales decidió postular a la escuela de carabineros. “A veces se muestra lo malo, pero no lo bueno. Había gente a la que saqueaban o quemaban sus negocios, y ahí estaban los carabineros, resguardando, protegiendo. Eso me motivó”, explica. “Está el tema de los derechos humanos... eso influye para que no cometamos los errores que se cometieron”, añade.

En las protestas sociales la policía utilizó perdigones, los que se suspendieron tras dejar cerca de un millar de lesionados, entre ellos 222 personas con problemas oculares, según datos publicados en noviembre de 2019 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En el tercer aniversario de las protestas, el instituto informó que de los 2.987 Carabineros denunciados, 179 han sido formalizados y ha habido 14 condenas. Los entrevistados coinciden en que el actuar de algunos “no puede perjudicar a la institución completa”.

Aracely Durán, de 19 años, de la ciudad de Talca, en el centro sur del país, plantea que producto de “esos errores” han habido mejoras. “Nosotros somos la reforma, ha habido cambios en nuestra educación sobre derechos humanos, sobre nuestro actuar”, afirma. Desde 2021, los nuevos aspirantes a carabineros estudian cuatro semestres y no dos. Añadieron a la malla curricular dos prácticas en el segundo año de formación: la primera consiste en dos semanas en una comisaría en calidad de observador y la segunda en dos meses en una unidad policial, con régimen de internado, donde trabajan bajo vigilancia. Camila Contreras, 26 años, técnico jurídica, remarca que los carabineros antes no tenían un vínculo con las comisarías durante su formación: “Vamos a salir mucho más preparados por tener un contacto previo”.

Dos de los entrevistados acudieron al funeral del suboficial mayor Daniel Palma, de 33 años. El reserva militar Julio Caerols, de 22, afirma que tras los asesinatos de los carabineros se siente mucho más apoyado. “Lamentablemente no es la forma en la que deberíamos haber obtenido ese apoyo”, señala. Julio Figueroa, de 24, hijo de un suboficial mayor de carabineros retirado, pone en valor la importancia de la vocación. “Antes del uniforme somos personas, tenemos sentimientos y nos duele. Pero a la vez uno tiene un juramento por la patria y la bandera: de dar la vida si fuese necesario. Yo creo que no cualquier profesional hace eso”, sostiene. “Esto nos ha hecho ser más fuertes, unirnos más”, agrega Karla Castillo, de 26 años, también hija de un suboficial mayor retirado.

Castillo asegura que sus padres están orgullosos de que sea parte de la institución. “Sin embargo, siempre va a existir el temor. Los tres mártires… podría ser yo más adelante, pero me apoyan porque es lo que me gusta”. “El temor de las familias siempre está. Más ahora con lo que ha pasado el último tiempo. Pero me apoyan y me dicen que me cuide. El hecho de estar dos años en formación nos ha hecho sentirnos más preparados a lo que se nos viene para combatir la delincuencia”, agrega.

Uno de los debates que se ha abierto con la muerte de los tres carabineros es si el nivel de formación que están recibiendo los alumnos es acorde al escenario actual. En una oficina de la escuela, el mayor Ángel Oscar Parada defiende que el programa se confeccionó para “asumir una condición de riesgo en cualquier escenario” y que cuentan con el equipamiento necesario: casco balístico, chaleco antibalas, armamento, entre otras.

¿Si la formación y el equipamiento es el correcto, qué está pasando que hay desenlaces fatales? “El agente ya está enseñado para saber cómo proceder. Las herramientas que se les entregan a los alumnos no son distintas a las de antes. Las reglas del uso de la fuerza y el manual de intervención de 2015 no ha cambiado”, apunta Parada. Lo que sí ha cambiado son el tipo de delitos, cada vez más violentos, con mayor uso de armas. El año pasado Chile alcanzó una tasa de 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, un 67,8% más que una década atrás. El Gobierno de Boric ingresó esta semana al Congreso un proyecto de ley que busca actualizar las reglas del uso de la fuerza de las policías.

El teniente Miguel Rubio, que imparte las clases sobre derechos humanos, afirma que la preocupación del alumnado es “cómo, cuándo y dónde” hacer uso de la fuerza. La malla ha reforzado la enseñanza de procedimiento policiales, normativa legal, área jurídica, derechos humanos y arma y tiro. ¿Por qué esas? “Porque son los temas en que como institución hemos sido cuestionados. La forma de mejorar es que salgan mejor preparados”, responde el teniente. Si antes estudiaban solo dos semestres, que según el mayor Parada en realidad eran 10 meses, solo el 25% del tiempo lo destinaban a ejercicios prácticos. Hoy destinan un año completo solo a recrear situaciones con bajada a las leyes actuales: cómo abordar un vehículo, asistencia a un robo con intimidación, cómo ingresar a una casa con una persona armada, entre otras.

De los cerca de 1.100 alumnos que ingresaron el año pasado y este, casi el 20% se ha dado de baja. El mayor Parada explica que en 2009 las bajas eran en torno al 5%. Las principales razones hoy en día para abandonar la carrera son la gratuidad universitaria, problemas económicos (los alumnos viven gratis en las instalaciones y reciben 53.000 pesos al mes, 66 dólares) o la falta de adaptación al sistema. De los nueve centros de formación en el país, solo cuatro son mixtos -lo que explica que tres cuartas partes de las alumnas de la escuela Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro sean mujeres-. Los altos cargos adelantan que están adaptando las otras unidades para transformarlas en mixtas. Dicen que la sociedad está cambiando. Y que ellos también.