Andrés Velasco: “El texto constitucional propuesto no es tan progresista como parece”

El decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics y exministro de Hacienda de Michelle Bachelet votará por el rechazo

El decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco, posa en Londres.
El decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco, posa en Londres.

El economista Andrés Velasco (Santiago, 62 años) fue uno de los mejores cuadros técnicos de la Concertación, el bloque de centroizquierda que gobernó Chile por dos décadas tras la dictadura. Fue ministro de Hacienda del primer Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y hoy, a diferencia de la expresidenta, pero como muchos de este sector político, está por rechazar la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de este domingo. Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, desde la capital británica conversa por videoconferencia con EL PAÍS sobre sus razones para rechazar el nuevo texto y continuar a partir del lunes con un nuevo proceso constituyente “para el resto del siglo XXI y más allá”.

Pregunta. Usted es un liberal de centroizquierda. ¿Por qué rechazará la propuesta de la convención que se plebiscitará este domingo?

R. Para todo liberal progresista, la calidad de la política y la fortaleza de las instituciones democráticas resultan supremamente importantes. La convención constitucional propone una estructura política que podría aumentar la conflictividad, debilitaría ciertos controles democráticos y haría aún más difícil tomar decisiones colectivas con criterios de futuro. La política chilena ya anda mal. Con esta Constitución es probable que anduviese aún peor.

P. ¿Y qué normas le parecen más preocupantes?

R. La ausencia de toda norma sobre los partidos políticos y el sistema electoral es una omisión grave e incomprensible. Es como escribir el reglamento del fútbol sin especificar cuántos jugadores pueden entrar a la cancha y en qué condiciones. La asimetría tremenda de poderes entre una omnipotente Cámara de Diputadas y Diputados y un esmirriado sucesor del actual Senado debilita equilibrios indispensables y no augura legislación de calidad. Las llamadas leyes de concurrencia presidencial dificultarían el control del gasto y la deuda pública. La configuración del aparato judicial abre la puerta para la interferencia política en este poder del Estado. Esos son cuatro ejemplos. Hay muchos más.

P. Economistas de renombre internacional, como Thomas Piketty, han manifestado su apoyo a la propuesta porque, dicen asegura “el crecimiento sustentable y la prosperidad compartida para Chile”. ¿Cómo explica que desde fuera de las fronteras se tenga esa percepción del texto?

R. Esa percepción no es compartida. Al revés. El semanario británico The Economist, cuyos expertos siguen a Chile desde hace décadas y conocen bien el país, concluyó que la Constitución propuesta es “ridículamente amplia” y un “revoltijo confuso”. El Financial Times calificó el texto de “radical” y “seriamente defectuoso”. El Washington Post aconsejó escribirlo de nuevo. Opiniones extranjeras hay para todos los gustos. Pero mucho más importante es el parecer de la ciudadanía chilena, que vamos a conocer este 4 de septiembre.

P. ¿Cómo se entiende que parte de la centroizquierda que fue integró los gobiernos de la Concertación esté en la opción del rechazo, como la derecha?

R. Esta no es una fiesta de adolescentes a la que uno quiera o no asistir dependiendo de quién fue invitado. Es la decisión más transcendente para Chile a partir del plebiscito de 1988 que sacó a Pinochet del poder. La Constitución del 80 está muerta, políticamente hablando, desde que más de 78% votó a favor de redactar una nueva Constitución en 2020, en el plebiscito de entrada. La pregunta ahora es si el texto que la convención propone es el que Chile necesita. Si es la Constitución adecuada para el resto del siglo XXI y más allá. Buena parte de la centroizquierda –y, al parecer, buena parte de la ciudadanía– ha concluido que no lo es.

P. La expresidenta Michelle Bachelet, de la que usted fue ministro de Hacienda, está por aprobar. ¿Qué están pasando por alto estos dirigentes?

R. Como dijo muy bien el presidente Boric, ambas opciones son legítimas. La expresidenta Bachelet está en todo su derecho al adoptar esa postura. Pero el expresidente Frei, también de centroizquierda, ha anunciado que vota rechazo. El expresidente Lagos, socialista, no ha dicho cómo votará, pero ha dejado claro que el texto constitucional le parece deficiente. Y son decenas los actuales y exparlamentarios de centroizquierda, al igual que innumerables exministros del mismo sector, que están por el rechazo. Ello porque el texto propuesto no es tan progresista como parece. Y, además, arriesga debilitar el funcionamiento de la democracia, asunto que para la centroizquierda es capital.

P. De aprobarse el texto, ¿cuáles serían las consecuencias económicas de corto, mediano y largo plazo para Chile?

R. Las consecuencias principales y más inmediatas serían políticas. La economía se mueve al ritmo de las reglas que diseña la política. Si el desempeño de la política es mediocre, lo más probable es que el desempeño de la economía también lo sea. El texto constitucional propuesto contempla un potente catálogo de derechos fundamentales, cosa que celebro. Pero si el sistema político se traba, corremos el riesgo de que esos derechos queden solo en el papel. Es la receta perfecta para que la ciudadanía se frustre y caiga la confianza en la democracia.

P. ¿Abre camino a los extremos políticos?

R. El otro riesgo es que una Constitución identitarista de izquierda provoque una reacción identitarista y populista de derecha. El año pasado, un candidato populista de extrema derecha [José Antonio Kast] ganó la primera vuelta presidencial y obtuvo 44% de los votos en la segunda vuelta. Lo hizo apelando a la misma retórica de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. En el escenario de un triunfo del apruebo, esa es la derecha que saldría fortalecida.

P. El oficialismo se comprometió a una serie de reformas a la propuesta de nueva Constitución, de aprobarse. ¿No son suficientes estos compromisos?

R. Respecto del desafío principal, que es el rediseño del sistema político, el oficialismo solo se comprometió a “analizar” cambios, lo que significa poco o nada. Además, al poco rato salió el presidente de uno de los principales partidos de gobierno [el Partido Comunista] a aclarar que ellos no pueden garantizar que ese compromiso se cumplirá. Lo que refleja la naturaleza humana: si un partido siente que este texto es suyo, es comprensible que al día siguiente del plebiscito no quiera modificarlo.

P. ¿Cuál cree usted que sería el mejor mecanismo para continuar con el proceso constituyente, de ganar el rechazo?

R. El triunfo del rechazo no sería el fin del proceso constituyente, sino el inicio de una segunda etapa. Pienso que sería necesario un plebiscito de salida, pero no uno de entrada. La convención debe elegirse de otro modo, con un sistema electoral de listas cerradas y paritarias, con una nueva fórmula para calcular el número de escaños reservados para los pueblos originarios, y con normas distintas para los independientes, de modo de no repetir los errores del pasado reciente. Y como no se parte desde cero, la convención podría hacer su trabajo rápido. En un año o menos, Chile podría tener la Constitución que necesita y merece.

P. ¿En qué posición queda el Gobierno de Boric tras el plebiscito?

R. Gane quien gane, la mitad del país quedará disconforme con el resultado. El proceso ha acrecentado las divisiones entre las personas en vez de reducirlas. Esos son mensajes que el Gobierno debe recoger. Parecen una complicación, pero, para el presidente Boric, también resultan ser una oportunidad. Una oportunidad para ayudar a restañar esas heridas, renovar su Gabinete, recalibrar la coalición que lo apoya dando más peso al socialismo democrático y, en caso de que triunfe el rechazo, para liderar junto al Congreso la segunda etapa del proceso constitucional.

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