Marcela Ríos: “El texto constitucional entrega la arquitectura de una democracia distinta a la que tenemos en Chile”

Uno de los temas más polémicos de la propuesta de nueva Constitución chilena, que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre, es el fin del Poder Judicial y la consagración del llamado “pluralismo jurídico”, el que implica la coexistencia del sistema general de justicia y uno particular de los pueblos indígenas. La ministra de Justicia del país, Marcela Ríos (Santiago, 55 años), cree que, de aprobarse el texto, el Ejecutivo podrá tener mayor participación y contribuir con el Congreso a generar más espacios de deliberación en “los temas que han generado controversia”. “Vamos a tener un enorme desafío en materia de políticas públicas”, sostiene Ríos, socióloga y politóloga, en una entrevista telefónica realizada el pasado viernes, antes de que diera positivo por covid-19 a su regreso de Bruselas, donde participó del foro Diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe de Eurosocial.

Pregunta. De aprobarse la nueva Constitución, ¿cómo convivirá la justicia indígena con la justicia nacional?

Respuesta. Si se aprueba, el texto define este tema de manera general. Le otorga a la Corte Suprema el rol de coordinación del sistema de justicia, siendo el órgano de última instancia donde se pueden apelar todos los fallos. Eso nos da mucha tranquilidad respecto a tener una coherencia del sistema. Los demás detalles de cómo va a funcionar el sistema de justicia indígena, y muchos de los otros cambios, van a ser resorte de leyes, que nosotros tenemos que preparar y discutir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a tener un enorme desafío en materia de políticas públicas si el texto constitucional es aprobado. Esperamos poder impulsar el trabajo de aterrizaje con mucho diálogo con los actores del mundo académico, del poder judicial y el Congreso.

P. ¿No genera incertidumbre que la consistencia de un cambio tan relevante dependa de lo que decida el Legislativo?

R. La convención constitucional en Chile ha sido criticada por entrar en demasiados temas, incluir demasiados detalles, y también por dejar demasiados temas abiertos. Toda Constitución debe ser aterrizada después a través de una acción legislativa. El tiempo de implementación de los textos constitucionales toma años porque se requiere una adecuación legislativa detallada. Es imposible que un órgano constitucional pueda pensar en todos los detalles. Además, probablemente no es la mejor receta. Como Gobierno vamos a tener la oportunidad de contribuir con más espacios de deliberación, que permitan ajustar algunos temas que han generado controversia. Siempre las normas generales van a poder ser perfectibles.

P. El texto señala que los pueblos indígenas deberán ser consultados y otorgar el consentimiento en “los asuntos que les afecten”. Para usted ¿esto no deja el tema muy abierto?

R. La convención ha sido soberana en discutir estos espacios. Yo creo que están dadas todas las condiciones para que el sistema democrático pueda definir todos los detalles que todavía no están definidos. Me parece que nosotros como Gobierno tenemos toda la capacidad para impulsar ese debate junto al Congreso, que ha sido democráticamente elegido.

P. ¿Cree que el fin del Poder Judicial puede afectar a las atribuciones para ejercer de contrapeso frente al Gobierno y al Congreso?

R. El texto constitucional entrega la arquitectura de una democracia que ciertamente es distinta a la que tenemos. Más del 80% aprobó que quería un nuevo diseño. El 4 de septiembre el veredicto será si el nuevo diseño es satisfactorio para aprobarlo o no. Un proceso constituyente no puede no generar incertidumbre porque estamos redactando una nueva constitución, se define un nuevo contrato social. La democracia va a tener contrapesos distintos, instituciones nuevas, derechos distintos, y eso es parte del proceso.

P. ¿Como ministra de Justicia, le satisface el nuevo diseño en su área?

R. Hay algunos temas que me parecen positivos, pero no tengo un análisis exhaustivo de todos los temas. Espero leer el texto en profundidad. Muchos de los temas que nos preocupaban, como los artículos de jubilación de los jueces, su estadía, o el rol de la Corte Suprema se han resuelto de manera satisfactoria. Hay otros que son generales y que van a depender bastante del proceso legislativo para saber cuán bien o cuán mal pueden quedar.

P. Su cartera lidera el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos. Los familiares de las víctimas se están muriendo, así como los perpetradores de las violaciones. ¿Cómo se puede acelerar la búsqueda?

R. En más de 40 años ha habido avances muy lentos en los procesos de identificación de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. De las más de 1.400 personas, solo se han identificado alrededor de 307. Se están muriendo los familiares, los testigos y también los perpetradores. Nuestro plan tiene diversas dimensiones: Una sistematización más clara a partir de toda la información que ha ido recabando el programa de derechos humanos para identificar casos y lugares donde puede haber restos sin buscar; recursos adicionales destinados a las búsquedas y al fortalecimiento del servicio médico legal para identificar restos que están hoy día en sus manos y que no han terminado el proceso de identificación. Este mes lanzamos la campaña “una gota de sangre”, porque necesitamos tener un banco de ADN completo, que nos permita tener al menos un familiar directo de cada víctima que nos falta por identificar.

P. ¿Se han reunido con las Fuerzas Armadas para contar con su colaboración?

R. Todavía no tenemos una reunión formal. Es algo que hemos conversando con la ministra de Defensa y que vamos a abordar en las semanas que vienen. Sí las hemos tenido con las agrupaciones, con el poder judicial, con la fiscalía y otros actores involucrados. Queremos tener una conversación especialmente con las Fuerzas Armadas. Esperamos contar con su colaboración y que puedan facilitar la gestión de los recintos de su propiedad donde puedan estar todavía restos de detenidos desaparecidos.

P. ¿Por qué entregarían información que no han dado hasta ahora?

R. Tenemos la esperanza de que las nuevas generaciones que están a cargo van a tener una mirada de mayor colaboración. Hay muchas personas que pudieron estar involucradas o tener información que obviamente no están en servicio activo. Por eso nosotros siempre impulsamos que los tribunales de justicia estén permanentemente llamando a personas a declarar. Hace dos semanas tuvimos una sentencia de un caso abierto hace 38 años, donde se condenó a 11 exmilitares.

P. El informe de la CIDH sostiene que el Estado chileno está al debe en las reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en las revueltas de 2019. ¿Cómo están avanzando?

R. El Instituto de Derechos Humanos identificó que más de 1.800 personas sufrieron algún tipo de daño, ya sea por balines, balas, golpes, u otros. En su inmensa mayoría no han recibido reparación. En materia de salud, la reparación estuvo restringida a las más de 500 personas que sufrieron algún tipo de trauma ocular, pero no hubo reparación integral, por ejemplo, en salud mental o acompañamiento a las familias. Pero también existen otras dimensiones. Por ejemplo, hemos recibido denuncias de que muchos de los jóvenes que se vieron afectados por violaciones a los derechos humanos tenían becas para estudiar que las perdieron. Se nos ha pedido que enfrentemos esa situación.

P. ¿Cuándo se enviará el proyecto de indulto a los presos de las protestas? ¿Están los votos en el Senado?

R. No hemos definido específicamente un plazo perentorio. Es una conversación abierta que estamos teniendo con los senadores y senadoras. Una vez que podamos tener un acuerdo, ingresamos el proyecto. A veces no se entiende por qué hemos insistido en este punto. Nos parece que es muy importante hacernos cargo de las heridas y de los traumas del pasado. Cuando las violaciones a los derechos humanos no se enfrentan de manera directa, en verdad, justicia y reparación, esas heridas no terminan de sanar. Entendemos que no es un tema fácil, ni necesariamente popular, pero tenemos la convicción de que se requiere abordar y es por eso que vamos a seguir trabajando hasta que logremos un acuerdo.

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