Los líderes independentistas abonan los 4,1 millones de fianza que exigía el Tribunal de Cuentas por el 1-O
La mitad del dinero procede de lo consignado ya ante el Supremo y la otra mitad, de la caja de solidaridad
El Tribunal de Cuentas ya tiene en su poder la fianza que había exigido a los líderes independentistas por el procés, según una resolución a la que ha accedido EL PAÍS. Los exconsejeros y altos cargos de la Generalitat señalados por el organismo por los gastos del referéndum del 1-O —incluidos el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras— ...
El Tribunal de Cuentas ya tiene en su poder la fianza que había exigido a los líderes independentistas por el procés, según una resolución a la que ha accedido EL PAÍS. Los exconsejeros y altos cargos de la Generalitat señalados por el organismo por los gastos del referéndum del 1-O —incluidos el expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras— han depositado los 4,1 millones reclamados. El pago frena la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas embargue bienes a las 28 dirigentes independentistas contra los que dirige su actuación.
Algo más de la mitad de esa cantidad (2,1 millones) procede de las fianzas que algunos de los investigados ya habían depositado tanto ante el Tribunal Supremo —que juzgó y condenó a los líderes del procés— como ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la actuación de una cuarentena de personas, incluidos altos cargos del Govern, durante el otoño catalán de 2017. El resto (2 millones) ha sido aportado por la entidad Fomento de la Caja de Solidaridad, que ha recaudado el dinero entre el independentismo.
El Tribunal Supremo condenó a penas de prisión por sedición y malversación a los líderes independentistas. No fijó, sin embargo, cuál fue el perjuicio para el erario público. La cifra de gasto del referéndum del 1 de octubre de 2017 siempre ha oscilado y los actores que han tratado de fijarla —Fiscalía, Guardia Civil, Ministerio de Hacienda, Abogacía del Estado— llegan a conclusiones dispares.
Tras la sentencia, el Tribunal de Cuentas se hizo cargo de determinar la responsabilidad contable de los condenados. El pasado 28 de enero fijó la fianza a depositar en 4,1 millones de euros. Señaló, además, a un total de 28 personas para hacer frente a un pago que, en caso de no efectuarse, habría llevado al embargo de sus bienes.