Opinión

El caso Iceta en su contexto

El voto contra la designación del líder del PSC como senador autonómico me parece justificado, las normas y los procedimientos existen para ser cumplidos

Miquel Iceta y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.Joan Sánchez

El voto negativo a Miquel Iceta por parte de ERC y demás partidos independentistas me parece bien argumentado. No sé, naturalmente, si por debajo de las explicaciones públicas para justificar tal negativa hay, como se comenta en voz baja, otros motivos más espúreos y partidistas. Pero, en todo caso, la explicación oficial de ERC referente al procedimiento me parece plenamente acertada.

Vamos a ver. Que el presidente del Gobierno dé ya por designado a un presidente del Senado cuando todavía este no es siquiera candidato a senador y que, además, quien deba nombrarlo sea el Parlament de Ca...

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El voto negativo a Miquel Iceta por parte de ERC y demás partidos independentistas me parece bien argumentado. No sé, naturalmente, si por debajo de las explicaciones públicas para justificar tal negativa hay, como se comenta en voz baja, otros motivos más espúreos y partidistas. Pero, en todo caso, la explicación oficial de ERC referente al procedimiento me parece plenamente acertada.

Vamos a ver. Que el presidente del Gobierno dé ya por designado a un presidente del Senado cuando todavía este no es siquiera candidato a senador y que, además, quien deba nombrarlo sea el Parlament de Cataluña sobre el cual el presidente del Gobierno no tiene competencia alguna, va contra el mínimo respeto institucional a la institución autónoma catalana y, por supuesto, contraviene el mismo principio de autonomía. Por tanto, el voto contra la designación de Iceta como senador autonómico me parece justificado, las normas y los procedimientos existen para ser cumplidos.

Además, este caso adquiere todavía mayor relevancia si se analiza en su contexto porque, en efecto, una de las características del Gobierno de Pedro Sánchez es el incumplimiento de la Constitución y las leyes con impunidad y abuso de derecho. Se dirá que para evitarlo están los controles judiciales, y es verdad. Pero también es verdad que las resoluciones judiciales en muchos casos llegan tarde, cuando las consecuencias se han consumado y surtido efectos. Sánchez se ha revelado como un maestro en estos abusos de poder. Pongamos algunos ejemplos.

La misma moción de censura por la que fue investido presidente es jurídicamente cuestionable. En el sistema español la moción de censura no solo comporta obligar al presidente censurado a dimitir sino, en el mismo acto, a que el candidato presidente exponga un programa de gobierno para que sea debatido y, en su caso, aprobado por una mayoría absoluta de los diputados. Pues bien, en la moción de censura de junio pasado no se debatió ningún programa, solo quizás, en un intento de comprensión, podríamos admitir que se redujera a uno, “echar a Rajoy”, con lo cual una vez cumplido se debía proceder a disolver las Cortes Generales y convocar nuevas elecciones. Pero esto no se hizo y sienta un precedente que puede cambiar las formas de destituir y constituir gobiernos.

Una de las características del Gobierno de Sánchez es el incumplimiento de la Constitución y las leyes

Pero ha habido muchos más casos, e incluso más flagrantes, de incumplimientos constitucionales y legales o de simples abusos. El primero que se me ocurre es la legislación sistemática por decreto-ley en casos que no responden, ni de lejos, al presupuesto constitucionalmente habilitante para ello: el de “necesaria y urgente necesidad”. Casi una treintena de decretos de este género, la mayoría sin este condicionante, han sido aprobados de forma descarada por el Congreso, con lo que ello supone de afrenta a la posición de la ley en el ordenamiento, a la división de poderes y a las facultades legislativas de las cámaras.

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¿Era urgente un decreto-ley regulador de TVE y RNE cuando aún no se ha llegado a aplicar excepto en sus disposiciones provisionales, que consistían en substituir a una dirección por otra más fiel y adicta? Quizás no era urgente, pero sí necesario, ¡para el Gobierno!, ocupar los medios públicos de comunicación. Y así con tantos otros, aprobados en los llamados viernes sociales que con más propiedad deberían haberse denominado viernes electoralistas.

Tampoco ha sido ejemplar convocar elecciones para que se celebren un mes antes de otros comicios; esta campaña electoral continua no contribuye a serenar los ánimos para que el ciudadano deposite con responsabilidad y conocimiento su voto en las urnas. Tampoco fue ejemplar la actitud de Sánchez en fijar la fecha para los debates en televisión que dio lugar a que se desarrollaran, de forma insólita, durante dos días seguidos en la última semana de la campaña. Son solo algunos ejemplos.

El caso Iceta. Un abuso más, una falta de consideración por las formas, por los procedimientos, ignorando que en democracia la forma es también el fondo. Que sea ERC —un partido que no se caracteriza por su respeto a la Constitución y las leyes españolas sino por todo lo contrario y que incluso hace muy poco intentó un golpe de Estado en Cataluña— el que precisamente dé lecciones de democracia a Sánchez, quizás debería hacerle meditar. La democracia es algo que perece si no se cuida día a día. Vamos por una cierta pendiente peligrosa, “por ahí vamos mal”, que diría el gran juez Marchena.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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