La abogacía y la defensa de los consumidores

Han pasado ya 36 años desde que la ONU proclamara el 15 de marzo como Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y a pesar de los progresos, queda lamentablemente, un camino largo por recorrer. La abogacía, junto con la judicatura, ha tenido un papel relevante en la defensa de esos derechos de las personas consumidoras. Ello ha sido así, tanto en los casos de un gran impacto social, ya sean los de las preferentes o la contratación bancaria en general, como en determinadas prácticas que han sometido al cons...

Han pasado ya 36 años desde que la ONU proclamara el 15 de marzo como Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y a pesar de los progresos, queda lamentablemente, un camino largo por recorrer. La abogacía, junto con la judicatura, ha tenido un papel relevante en la defensa de esos derechos de las personas consumidoras. Ello ha sido así, tanto en los casos de un gran impacto social, ya sean los de las preferentes o la contratación bancaria en general, como en determinadas prácticas que han sometido al consumidor a arbitrajes forzosos por problemas derivados de la contratación telefónica y las compañías aéreas. Frente a estas situaciones, se ha acudido fundamentalmente a los Tribunales de Justicia, pero también de forma menos visible se han utilizado alternativas como la mediación.

La abogacía ha utilizado y ha exigido la aplicación de todas las normas y mecanismos de defensa del consumidor que el ordenamiento jurídico le ofrece. En momentos en los que se pone en cuestión el espíritu de la Unión de Europa, resulta imprescindible recordar que contamos con la inestimable protección del Derecho comunitario. Es innegable que existe una Europa de los consumidores; habiendo sido esta la que más ha contribuido a modernizar nuestro Derecho del consumo; es decir, a proteger a los consumidores de una manera mucho más eficaz, pues lo cierto es que sin un derecho supranacional ni un Tribunal de Justicia como el de la Unión Europea seguiríamos sin tener una auténtica protección de los consumidores.

Sin duda, algunas modificaciones legales, como la de la nueva Ley reguladora de los créditos inmobiliarios, deberían ayudar a evitar que se dieran situaciones como las padecidas en la contratación hipotecaria. Todo ello sin olvidar que las entidades financieras han de ser capaces de implementar mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos para evitar que los consumidores deban acudir necesariamente a los Tribunales ordinarios de Justicia para que se pueda ofrecer una respuesta rápida, útil y eficaz, también en las reclamaciones en muchos casos de cuantía reducida.

En la contratación de los consumidores, uno de los sectores que todavía tiene mucho que ganar en transparencia y en el equilibrio entre sus intereses y sus derechos es el de los seguros. Se hace necesario un mayor control, para evitar que se puedan dar situaciones de abuso por falta de transparencia y por información insuficiente al consumidor, debiendo las entidades asumir su responsabilidad ante determinadas vulneraciones que pueden afectar a su credibilidad ante la sociedad.

Sea cual sea el sector del que se trate, todas las instituciones que participan de la Administración de Justicia deben tomar conciencia del papel que han de desempeñar en la defensa de los derechos de los consumidores. Así, los jueces han asumido esa responsabilidad en nuestro país, pues el importante número de cuestiones por ellos planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo demuestra. También resulta decisivo el papel protagonista de la Fiscalía, que en determinadas situaciones de abuso contra los consumidores intervienen como acción pública, decidida y resolutiva que evita que se puedan volver a dar en el futuro (pensemos en el tema de las preferentes, por ejemplo).

Si bien es sabido que los derechos de los consumidores van unidos a la abogacía, también es de recibo reconocer la labor de las asociaciones, la cual ha sido esencial para proteger los derechos de la ciudadanía; ambas colaboran para emprender una defensa de los consumidores sobre la base del compromiso y determinación para que sus derechos sean reconocidos y se apliquen con eficacia ante los tribunales. [PIEPAG-TRIB]

Mª Eugènia Gay es Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.