El freno de Torra al impuesto a los coches pone más trabas a las cuentas
La tasa era una de las esperanzas de los comunes para contar con más recursos para ampliar el gasto social
Si la primera reunión para negociar los Presupuestos entre el Govern y Catalunya en Comú ya evidenció la diferencia que separa a ambas partes, la posibilidad de un acuerdo recibió ayer otro varapalo al conocerse la intención del Ejecutivo de Quim Torra de aplazar la aplicación del impuesto sobre los vehículos más contaminantes. La tasa debía entrar en vigor el próximo año y te...
Si la primera reunión para negociar los Presupuestos entre el Govern y Catalunya en Comú ya evidenció la diferencia que separa a ambas partes, la posibilidad de un acuerdo recibió ayer otro varapalo al conocerse la intención del Ejecutivo de Quim Torra de aplazar la aplicación del impuesto sobre los vehículos más contaminantes. La tasa debía entrar en vigor el próximo año y tendrá que esperar a 2020, según manifiestan fuentes de la Generalitat. Ese impuesto era una de las esperanzas de los comunes, entre otros, para contar con más recursos para ampliar el gasto social y apoyar las cuentas autonómicas de 2019.
Los cálculos de la Generalitat estiman que el nuevo impuesto aportará, cuando esté totalmente desplegado, una recaudación de 77 millones de euros anuales. No se trata de una cantidad excesiva comparada con los 38.000 millones de gasto del sector público de la Administración autonómica, pero sí para unos Presupuestos que deben consolidar la salida de la austeridad y que están muy encorsetados por las reglas de déficit, gasto y deuda dictadas desde el Ministerio de Hacienda.
Limitado como está el Ejecutivo, requiere de nuevas figuras fiscales para ganar margen de gasto con el que seducir a sus posibles aliados presupuestarios y, además, la fiscalidad verde es lo que más puede atraer a los diputados de Catalunya en Comú, además de otras modificaciones más complejas en IRPF y Sucesiones. Y, de hecho, el impuesto que se ideó en 2016 (con la presión de la CUP) para gravar a los vehículos en función de las emisiones de dióxido de carbono era de los que más les convencían. Ayer, tras conocer el parón al impuesto, desde el grupo parlamentario de los comunes se aseguraba que ese freno “pone más dificultades a un acuerdo presupuestario”.
El Gobierno catalán aduce que el motivo de la suspensión supera sus competencias. Culpa a la Dirección General de Tráfico del parón, ya que, según afirmó ayer el secretario general de Economía de la Generalitat, Albert Castellanos, en una entrevista a laq agencia ACN, el organismo estatal no entregó hasta septiembre el censo de vehículos que es necesario para elaborar el reglamento. Una vez que lo tiene, dijo, ya puede confeccionar el documento para su despliegue. “Llegaríamos muy justos para poder ponerlo en vigor a finales de 2019, si no a principios de 2020”, explicó Castellanos.
Cambio del parque
A Catalunya en Comú cuesta de creer ese argumento. El partido considera el anuncio del Govern como una mera renuncia a la implantación de su principal impuesto ambiental. Era el más ambicioso respecto a recaudación y había superado la suspensión del Tribunal Constitucional. De hecho, critican que un impuesto aprobado en 2016 —impusado por el exconsejero Josep Rull— pueda tener ahora un problema como el que argumenta ahora la Generalitat.
El tributo a los vehículos más contaminantes cuadra más que nunca con la política de descarbonización del parque automovilístico que plantea el Gobierno central, que sopesa limitar en 2040 la venta de vehículos contaminantes —ya sean de gasolina o diésel, híbridos incluidos—, con el objetivo de sacarlos de las calles en 2050. A falta de dos décadas para que eso ocurra, si se acaba aprobando la Ley de Cambio Climático estatal, el impuesto catalán se convertiría en un incentivo a la sustitución del parque de coches existente en Cataluña, muy envejecido según los fabricantes—, en aras a reducir las emisiones de dióxido de carbono que generan.
El impuesto, que no afectará a camiones, gravará los vehículos que emitan entre 120 y 130 gramos por kilómetro unos cinco euros anuales, según los planes iniciales. Por debajo de esa cifra no pagarán cuantía alguna y, por encima, se establecerá un escalado que fijará máximos de 80 euros anuales para los coches que emitan más de 200 gramos de CO2.