Los ‘mossos’ investigados por pasividad el 1-O acusan a sus mandos de dejarles “vendidos”

Más de 70 mossos están siendo investigados por su supuesta “pasividad” en el referéndum del 1 de octubre. Los jueces indagan el papel de los mandos de la policía catalana, pero también de los agentes de seguridad ciudadana que acudieron a los centros de votación con la orden de impedir la celebración de la consulta. Esos policías se han revuelto ahora contra sus mandos, y en sus declaraciones ante el juez les acusan de dejarles “vendidos” con un dispositivo mal planificado e ineficiente.

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Más de 70 mossos están siendo investigados por su supuesta “pasividad” en el referéndum del 1 de octubre. Los jueces indagan el papel de los mandos de la policía catalana, pero también de los agentes de seguridad ciudadana que acudieron a los centros de votación con la orden de impedir la celebración de la consulta. Esos policías se han revuelto ahora contra sus mandos, y en sus declaraciones ante el juez les acusan de dejarles “vendidos” con un dispositivo mal planificado e ineficiente.

El exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, está a un paso de juicio en la Audiencia Nacional por dos delitos de sedición. En paralelo, los jueces catalanes mantienen abiertos frentes —en Sabadell y Cornellà, entre otros— contra la cúpula policial por su papel el 1-O. Los agentes rasos, los patrulleros que ese día se desplegaron, de dos en dos, a las puertas de los colegios, también se han visto involucrados por delitos como desobediencia o prevaricación.

Un juez de El Vendrell (Tarragona) mantiene abierta la mayor causa contra esos mossos de primera línea: investiga a 36 policías de los más de 70 que, según el Departamento de Interior, afrontan procesos judiciales. La investigación recoge lo ocurrido en media docena de centros de votación de otras tantas localidades, y parte de las denuncias de ciudadanos. Como un vecino de Cunit que, el 1-O, se dirigió al juez indignado porque veía cómo los Mossos no hacían nada para impedir que cien personas votasen en el instituto Ernest Lluch. El hombre llamó a la Guardia Civil, pero le advirtieron de que tardarían porque iban “pueblo a pueblo”.

Los dos mossos de Cunit explicaron al juez que llegaron a la reunión de la mañana, donde los mandos “única y exclusivamente leyeron la pauta de actuación” aprobada días antes por Trapero. “Nos dijeron que no se permitían preguntas y que llevásemos una mochila”, según consta en el sumario, al que ha accedido a EL PAÍS. A las 7.30, los agentes investigados llegaron a uno de los colegios, pero una hora después les pidieron acudir al IES Ernest Lluch, donde había 300 personas. Los mossos les advirtieron de que “debían cesar inmediatamente”. Pero, ante la “desproporción” en número, avisaron a la sala de mando de que no podrían entrar.

“No usar las defensas”

“Tenían orden expresa de no utilizar sus defensas y mucho menos el arma reglamentaria”, recoge el escrito en el que otros muchos mossos, solicitan el archivo de la causa. Una petición a la que se ha sumado la fiscalía al no apreciar indicios de desobediencia. El ministerio público sostiene que los agentes “no disponían de medios ni pautas precisas” de actuación y apunta también a los mandos al recordar que los Mossos son “un cuerpo jerarquizado”.

En sus declaraciones, los agentes dibujan un escenario que hacía virtualmente imposible acceder a los colegios e impedir el referéndum. Uno de ellos contó que les enviaron a Cunit “sin coche, con un bocadillo, una botella de agua y una emisora”, y con la indicación de “seguir las pautas” en todo momento.

Los agentes detallaron que, a diferencia de las unidades del cuerpo policial autonómico de ARRO (Área Regional de Recursos Operativos) o BRIMO (Área de Brigada Móvil), no son especialistas en orden público. A más del 30% de antidisturbios de los Mossos, de hecho, “se les había concedido permiso esos días”, según Uspac, el sindicato que defiende a algunos de los agentes. Su abogado apunta a la posibilidad de que el dispositivo estuviera torpedeado desde el principio para que no pudiera en la práctica "impedirse el referéndum". Reflexiones similares a las que recoge la Audiencia Nacional cuando acusa a Trapero de haber consentido la votación al organizar “un dispositivo engañoso” y “meramente formal”.