Tres cooperativas del mismo grupo ‘compitieron’ por dos contratos municipales a dedo
Ambos "contratos menores" se refieren a un plan de consumo sostenible en Madrid
El Ayuntamiento de Madrid limitó a tres empresas del grupo Tangente, cuyos exdirigentes trabajan ahora para el gobierno de Manuela Carmena, la pugna por dos contratos, que le fueron adjudicados sin libre concurrencia. La ley permite al Consistorio adjudicar contratos menores a dedo, pero sin fraccionar proyectos. Estos dos, por un total de 36.000 euros, se refieren a un "plan de consumo sostenible", y ambos los ganó Garúa tras pujar con Heliconia e Idealoga, las tres de Tangente. En Garúa trabajó el coordinador de Ahora Madrid, y una ...
El Ayuntamiento de Madrid limitó a tres empresas del grupo Tangente, cuyos exdirigentes trabajan ahora para el gobierno de Manuela Carmena, la pugna por dos contratos, que le fueron adjudicados sin libre concurrencia. La ley permite al Consistorio adjudicar contratos menores a dedo, pero sin fraccionar proyectos. Estos dos, por un total de 36.000 euros, se refieren a un "plan de consumo sostenible", y ambos los ganó Garúa tras pujar con Heliconia e Idealoga, las tres de Tangente. En Garúa trabajó el coordinador de Ahora Madrid, y una asesora municipal fue presidenta del grupo.
El primero de los encargos a Garúa fue adjudicado en diciembre de 2016 a través de la fórmula del contrato menor, un instrumento que permite al Consistorio evitar la libre concurrencia, pero sin fraccionar un proyecto mayor. El Ayuntamiento pidió, según obliga la ley, por correo electrónico a tres empresas elegidas de manera discrecional una previsión de gasto para el servicio a efectuar. Invitó a Garúa, Idealoga y Heliconia, las tres del grupo Tangente.
"Varios talleres y participó mucha gente"
Tangente, cooperativa de la que forman parte las tres empresas que pugnaron por dos contratos sin concurrencia del Ayuntamiento, explica que el primer contrato público se refirió a “un proceso participativo de validación del plan de consumo [sostenible]”. Se hicieron “varios talleres para enriquecer el plan desde los distritos y participó mucha gente”.
El segundo contrato sirvió para “para apoyar a las técnicas municipales [sic] en la implementación del plan”. “El desarrollo del trabajo ha sido óptimo y con buenos resultados”, añade una portavoz del Ayuntamiento.
El objetivo del contrato era “dar a conocer” a través de un “proceso participativo” el borrador del “plan estratégico” sobre consumo sostenible, que acababa de ser elaborado (se ignora si también con un contrato menor) por el Área de Seguridad, que dirige el concejal Javier Barbero. Garúa propuso organizar talleres y entrevistas para recoger “propuestas e iniciativas” en los distritos de Madrid. Y ganó la adjudicación de 15.000 euros, según reza la memoria del contrato, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
Unos meses después, el gobierno de Carmena repitió ese procedimiento, esta vez para “implementar el plan de consumo sostenible”. En febrero de 2017, volvió a enviar tres correos electrónicos. Otra vez a Garúa, Idealoga y Heliconia. Según la memoria justificativa, las actividades a desarrollar eran: llevar a cabo un “programa piloto de espacios de consumo sostenibles”; diseñar cinco campañas de sensibilización, y elaborar un proyecto para instalar huertos urbanos, entre otras. Otra vez ganó la pugna Garúa, esta vez con una oferta de 21.550 euros: tan solo 190 euros más baja que las de Heliconia e Idealoga, que presentaron un presupuesto idéntico.
Consumo sostenible
El plan de impulso al consumo sostenible para los 21 distritos de Madrid promovido por Carmena contempla, más en general, “el apoyo a los mercados municipales, el impulso de la energía renovable en edificios municipales o la contratación de servicios con la banca ética”. La banca ética es el sector financiero que gestiona los fondos de campañas electorales de Ahora Madrid y que presta créditos a algunas de las cooperativas contratadas por el Consistorio. Y en la presentación de dicho plan estuvo la propia alcaldesa.
Garúa, Heliconia e Idealoga forman parte de un mismo grupo cooperativo, ahora en el foco de la polémica por sus lazos con el ejecutivo de Carmena. Una asesora municipal, Rosa Domínguez, fue presidenta de esta sociedad formada por 14 cooperativas de economía social y que en los últimos tres años ha obtenido 2,2 millones de euros en contratos y subvenciones municipales. Y en algunas de esas empresas también trabajaron otra asesora, Nuria Sánchez, y la concejal Celia Mayer.
En 2015, Domínguez participó en un acto electoral de Ahora Madrid. Garúa, por su parte, es conocida porque en ella trabajó el excoordinador del grupo municipal de Ahora Madrid Antonio Hernández. Fue fundada por Yayo Herrero, una activista ecologista afín a Ganemos, que forma parte de la coalición que aupó a Carmena a la alcaldía. En el proyecto de impulso al consumo sostenible, el Consistorio encargó otro contrato discrecional (por 21.550 euros, que ganó Ideas), y también invitó a Idealoga y Heliconia.
¿La pertenencia al mismo grupo cooperativo invalida la concurrencia de un contrato ya limitado a tres firmas? El Ayuntamiento considera que no, y que “se buscaron entidades que manejaran la temática del consumo sostenible con la solvencia suficiente para desarrollar el trabajo”. “Son empresas que tienen autonomía”, argumenta el Consistorio. Estas firmas están vinculadas al mismo grupo y dos de ellas comparten sede, pero el gobierno insiste: “Se tuvo en cuenta la normativa que rige la contratación pública. Son decisiones técnicas, no de ámbito político, llevadas a cabo por trabajadores/as públicos”, añade una portavoz del ejecutivo.
Por su parte, Tangente incide en que “las 14 entidades socias [del grupo] son autónomas en el mercado y deciden su estrategia empresarial de forma independiente”. Tangente se define como sociedad sin ánimo de lucro, y se postula como “herramienta” que sirve a las entidades socias “para intercooperar entre ellas, cuando así lo decidan”.
La semana pasada, el PP y Ciudadanos pidieron una comisión de investigación sobre estos y otros contratos discrecionales, pero el PSOE la impidió. El PP, liderado en el Ayuntamiento por José Luis Martínez-Almeida, llevará a la fiscalía las relaciones entre las cooperativas y el gobierno local. Habla de “red clientelar”. Ciudadanos, de “trato de favor”.