Un juzgado de Madrid imputa a tres funcionarios por adjudicaciones del Gobierno de Zapatero
La causa deriva de la investigación archivada sobre la financiación de PSPV-PSOE y el Bloc
El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como imputados a tres personas por la adjudicación por parte del Ministerio de Vivienda, en la etapa de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de un contrato de 126.208 euros a Crespo Gomar, la agencia de comunicación que trabajó para el PSPV-PSOE y para el Bloc (uno de los partidos de Compromís) en...
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El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como imputados a tres personas por la adjudicación por parte del Ministerio de Vivienda, en la etapa de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de un contrato de 126.208 euros a Crespo Gomar, la agencia de comunicación que trabajó para el PSPV-PSOE y para el Bloc (uno de los partidos de Compromís) en la campaña electoral de 2007, así como posteriormente para Administraciones dirigidas por el PP.
La causa abierta en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid está centrada en la adjudicación del concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010. En ella se investigan posibles delitos de prevaricación y malversación, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Crespo Gomar, ya desaparecida, tenía su sede en Gandia.
El juzgado ha llamado a declarar el jueves 11 de mayo, a partir de las 10.00, a la presidenta y secretaria de la mesa de contratación de aquel expediente —a quienes el Tribunal Superior de Madrid identifica como Rosario G. V. y Sandra S. F.—, así como al interventor "que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal" de la mesa —José María A. G.—.
El procedimiento que se sigue en Madrid se ha abierto a instancias de la magistrada de Valencia Nieves Molina. En enero, Molina archivó una denuncia presentada por el Partido Popular por supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc en un auto en el que señaló que lo hacía, pese a haber detectado indicios de delito, porque los supuestos hechos habían en todo caso prescrito.
La instructora consideró, sin embargo, que en cuatro de los contratos adjudicados a Crespo Gomar que había analizado, concedidos por los Ayuntamientos de Gandia y Benidorm, así como por los ministerios de Sanidad y Vivienda, pudieron haberse cometido delitos de malversación, por lo que remitió su investigación a los respectivos partidos judiciales para que prosiguieran las pesquisas.