El Bicing repunta con el aumento de carriles bici
La oposición municipal pide que la nueva generación de bicicletas públicas lleve publicidad
En los últimos años en Barcelona se ha producido un fenómeno curioso: mientras los usuarios de la bici se disparaban hasta sumar más del 2% de los desplazamientos, los abonados al Bicing, la bicicleta pública, se desplomaron durante cinco años seguidos hasta caer casi a la mitad. Pero el servicio comenzó a recuperar abonados en 2016 y el aumento continuó en 2017. La cifra de usuarios tuvo su peor dato en 2015, con 95.168 personas, y 2017 cerró con 106.688. El Ayuntamiento atribuye el aumento a la ampliación de la red de ca...
En los últimos años en Barcelona se ha producido un fenómeno curioso: mientras los usuarios de la bici se disparaban hasta sumar más del 2% de los desplazamientos, los abonados al Bicing, la bicicleta pública, se desplomaron durante cinco años seguidos hasta caer casi a la mitad. Pero el servicio comenzó a recuperar abonados en 2016 y el aumento continuó en 2017. La cifra de usuarios tuvo su peor dato en 2015, con 95.168 personas, y 2017 cerró con 106.688. El Ayuntamiento atribuye el aumento a la ampliación de la red de carriles bici, que ha pasado de 116 a 179 kilómetros durante este mandato, un 54% más.
El Bicing cumplió diez años en 2017. Cuando comenzó a operar costaba 24 euros al año y por poco muere de éxito. Con solo 1.500 bicis, en cuatro meses ya tenía 70.000 abonados y crecía al ritmo de mil al día. El primer año cerró con más de 100.000 abonados. El segundo con 182.000. Pero entre la saturación del servicio, las averías, la subida de precio a 35 euros (ahora vale 47) y que la renovación dejó de ser automática, la cifra se desplomó en 2010 hasta 117.523 y salvo un leve repunte, cayó en barrena hasta 2015.
En 2016 pegó un salto hasta 102.000 y en 2017 la subida aumentó hasta más de 106.000 y en lo que va de 2018 sigue creciendo. Lo reveló esta semana en la comisión de Urbanismo, Ecología y Movilidad del Ayuntamiento la teniente de alcalde Janet Sanz. El gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Valdés, atribuye el aumento a que “el Bicing es un servicio cada vez más maduro y al incremento y mejora de la infraestructura”. Pese al aumento de abonados, sobre el total de desplazamientos a pedales, la bici pública pierde peso. Del 40% sobre el total de desplazamientos en bici que representaba en 2012 ha caído hasta el 26,4%.
Nuevo contrato
Valdés también celebra los datos justo cuando el consistorio acaba de firmar el contrato con Cespa, ganadora del concurso de la segunda generación de bicis públicas para los próximos diez años. Una oferta de 150 millones (sobre un precio de salida de 227) con la que la filial de Ferrovial deja fuera al actual operador, Clear Channel. De las 6.000 bicis actuales se pasará a 7.000 y el sistema de anclaje permitirá aparcar todas las bicicletas, eléctricas o no.
Durante la comisión se habló del Bicing a petición del PP, que preguntó por los recursos interpuestos por empresas licitadoras que no ganaron. Sanz explicó que los recursos fueron cinco: dos se resolvieron al presentarse y otros tres se desestimaron, agregó.
En el debate político, los grupos de la oposición se enfrentaron a Sanz al mostrarse partidarios de que las nuevas bicicletas lleven publicidad para contribuir al coste del servicio, que como otros transportes públicos es deficitario. La teniente insistió que la cuestión de la publicidad “no está decidida” y que en cualquier caso sería un contrato distinto del de la operación del servicio.
El concejal popular Javier Mulleras recordó que la actual publicidad supone 1,5 millones de euros al año que contribuyen a rebajar el coste: “Va en beneficio de todo el mundo, no entiendo que se dejen influenciar por criterios ideológicos mientras el Bicing tiene un déficit inaceptable de 12 millones”. También el PDeCAT lamentó que el gobierno de Colau “renuncie al patrocinio” y el PSC y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, se mostraron partidarios de la publicidad. Desde ERC, el concejal Jordi Coronas admitió que su grupo “no tiene posicionamiento” sobre la cuestión. Solo la CUP se mostró contraria en un servicio que entiende que debería ser público y no externalizado.