El equipo de Carmena rechaza solidarizarse con los “amedrentados” por los CDR en Cataluña

El pleno municipal de Madrid ha aprobado este martes con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos condenar los actos violentos de los autodenominados comités de defensa de la República (CDR) en Cataluña. Solo la coalición de Ahora Madrid, liderada por Manuela Carmena, ha rechazado la iniciativa al considerar que "echa más leña al fuego" en el "conflicto" en Cataluña. La propuesta ofrecía la solidaridad "de todos los madrileños" con las pers...

El pleno municipal de Madrid ha aprobado este martes con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos condenar los actos violentos de los autodenominados comités de defensa de la República (CDR) en Cataluña. Solo la coalición de Ahora Madrid, liderada por Manuela Carmena, ha rechazado la iniciativa al considerar que "echa más leña al fuego" en el "conflicto" en Cataluña. La propuesta ofrecía la solidaridad "de todos los madrileños" con las personas "amedrentadas" por esos comités.

Los CDR son grupos organizados que surgieron en Cataluña para imponer, mediante acciones de diversa naturaleza, la independencia de esa comunidad autónoma. El pasado 23 de abril, el domicilio particular del secretario de organización del PSC, Salvador Illa, apareció con diversas pintadas amenazantes de los CDR. Illa denunció los hechos en Twitter con un mensaje que decía: "Así han dejado mi domicilio particular los intolerantes esta noche. En las próximas horas procederé a interponer la pertinente denuncia ante los Mossos. Conocen poco a los socialistas si piensan que conseguirán algo con este burdo intento de intimidación".

La portavoz del gobierno, Rita Maestre, ha atacado este martes la moción registrada por el PP, que en su opinión pretende "echar más leña al fuego" en el "conflicto" en Cataluña. Según Maestre, la situación en Cataluña "es mala" por ser una "comunidad fracturada con acciones políticas, policiales y judiciales después de cinco meses sin gobierno". Pero ha abogado por "escuchar, negociar, entender al otro y tratar de cerrar heridas", y ha reprochado la "visión apocalíptica" que, en su opinión, se dibuja sobre la situación vivida por los detractores de la secesión en Cataluña.

El concejal del PP, Percival Manglano, ha rebatido que las pintadas delante del domicilio de Illa y del Juez del Tribunal Supremo, Pablo Larena, que instruye la investigación contra sendos dirigentes independistas catalanes, es una forma de "amedrentamiento" a personas que son "víctimas" de los CDR. "Al juez Llarena se le está amenazando en su casa. Se le está identificando con los símbolos que nos retrotraen a los peores momentos de la historia del siglo XX", ha dicho el edil del PP dirigiéndose a la alcaldesa. Y ha espetado a Maestre: "Organizan foros de violencia urbana y ahora que se trata de condenar una violencia urbana se abstienen. Si esta es su altura moral, debería darle vergüenza".

Durante el debate, el concejal socialista Ramón Silva ha recordado que las sedes del PSC han sido atacadas en estos meses en más de 50 casos por los CDR y ha incidido en que el PSOE siempre ha defendido "la legalidad constitucional". Por su parte, el edil de Ciudadanos, Sergio Brabezo, ha mantenido que cortar una carretera puede ser terrorismo en algunos supuestos y así lo refleja el Código Penal. Y ha cifrado en 400 actos violentos perpetrados por los CDR desde su formación en 2017.

La propuesta ha sido aprobada gracias a los votos del PSOE y Ciudadanos. La moción pide condenar "los actos de violencia ejercidos por los Comités de Defensa de la República en Cataluña"; respaldar "la acción de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la preservación de la paz y la convivencia", y mostrar "la solidaridad de los madrileños con todas aquellas personas acosadas, amedrentadas y violentadas por dichos comités".

El pasado 2 de abril, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que impulsó una "investigaciones penales de todo tipo" contra las acciones de los CDR. Estos comités se encuentran detrás de los cortes de carreteras y sabotajes a peajes de autopistas, además de las amenazas al juez Llarena o el acoso a partidos y organizaciones contrarios a la secesión.