La parálisis de la Generalitat se agrava tras 90 días con el 155

La aplicación del artículo 155, del que se cumplen hoy tres meses, ha agravado la parálisis de la Generalitat, sumida en la inestabilidad desde que en julio el Govern sufrió una profunda remodelación por la fidelidad al procés secesionista. Con gran parte de las leyes aprobadas recurridas en el Gobierno por el Tribunal Constitucional, la situación se agudizó también desde que en julio el ministerio de Hacienda intervino las cuentas. El parón ha provocado el frenazo de proyectos como el Barcelona World o ...

La aplicación del artículo 155, del que se cumplen hoy tres meses, ha agravado la parálisis de la Generalitat, sumida en la inestabilidad desde que en julio el Govern sufrió una profunda remodelación por la fidelidad al procés secesionista. Con gran parte de las leyes aprobadas recurridas en el Gobierno por el Tribunal Constitucional, la situación se agudizó también desde que en julio el ministerio de Hacienda intervino las cuentas. El parón ha provocado el frenazo de proyectos como el Barcelona World o anticipado la devolución de las obras de Sijena. La parálisis se puede agravar si no se constituye el Govern.

El Gobierno dijo que la aplicación del 155 no se retiraría hasta que no se constituyera el nuevo Govern. Ahora, está en el aire después de que el Consejo de Ministros recurriera la sesión de investidura ante el TC. Si la suspende o los independentistas no cambian de candidato, difícilmente se podrá constituir un nuevo Ejecutivo. La Generalitat se aboca a un año con presupuestos prorrogados, lo que implica aparcar proyectos e inversiones. Así ha afectado la suspensión de la autonomía que comportó en octubre la destitución del Govern y la disolución del Parlament.

Intervención de las cuentas. Intervención de las cuentas. Con el artículo 155, el Gobierno ratificó la decisión iniciada en julio y ratificada en septiembre de intervenir de facto las cuentas de la Generalitat, que debe dar parte semanal de sus gastos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó en septiembre que la intervención podría durar “meses”. El popular Xavier García Albiol dijo que el 155 se extinguirá con un nuevo Govern, pero no la intervención económica para garantizar que ni un euro se destina al procés.

Relevo en los Mossos. El 28 de octubre, el Gobierno releva como jefe de los Mossos a Josep Lluis Trapero, que ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por sedición por su actuación en las protestas el 20 y el 21 de septiembre ante Economía. El ministro optó por un cambio no traumático y nombró máximo responsable a Ferran López, número dos del cuerpo. Trapero, que había recibido la medalla de honor del Parlament por su papel en los atentados del 17 de agosto, fue relegado a tareas burocráticas.

200 cargos destituidos. Casi 200 altos cargos y empleados han sido despedidos por el Gobierno, que ha disuelto 23 órganos porque, según La Moncloa, promocionaban el proceso secesionista. Entre ellos, el Consejo Asesor para la Transición Nacional, la Comisión sobre la violación de derechos fundamentales o el Diplocat.

El cierre de las embajadas. El Gobierno empezó a cerrar las 14 embajadas que tenía el Govern especialmente en Europa. Su prioridad fue la clausurar las de Viena, Ginebra, Roma y Lisboa. El Ejecutivo mantuvo la de Bruselas porque muchas autonomías tienen una delegación en la capital belga. Fue la que el miércoles el Gobierno ordenó cerrar de forma provisional para evitar la reunión entre Carles Puigdemont y Roger Torrent, presidente del Parlament. El presupuesto de Exteriores era de 18 millones de euros con 78 personas contratadas. Fueron despedidas.

La devolución de Sijena.En plena campaña electoral, la policía y técnicos del gobierno de Aragón retiraron del museo de Lleida las 44 piezas que reclamaba esa comunidad. El juez aclaró en su providencia que fue tras la activación del 155. En Cultura la actividad se ha reducido al mínimo. No hay nuevos planes ni inauguraciones. El Gobierno asegura que ha aportado 3,8 millones a Cataluña por el 1,5% cultural. El Arts Santa Mónica ha dejado de inaugurar exposiciones “por falta de presupuesto” y se han visto afectadas una treintena de actividades culturales. Entre las partidas paralizadas figuran los 830.000 euros para la restauración de La Seu Vella de Lleida, clave para que ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Moratoria educativa en espera. El 155 no ha frenado ninguna medida, apunta Enseñanza. Sin embargo, el período electoral y la falta de gobierno como causa indirecta del 155 ha dejado en el tintero las negociaciones de algunos decretos, como el de comedores. En Universidades, tampoco se ha paralizado ningún proyecto, pero la falta de actividad parlamentaria impide la aprobación de una moratoria para que los estudiantes acrediten el nivel B2 de inglés para obtener el título. El Parlament todavía no ha dado el visto bueno a la moratoria y la primera promoción afectada por esta norma termina este año la carrera.

Sanidad. No se ha visto afectada la asistencia sanitaria, pero sí ha generado “más trámites burocráticos y una gestión más lenta y pesada”, dicen las fuentes consultadas. Para comprar cualquier equipamiento médico, o incluso un fármaco, agregan, “se ha de hacer una declaración responsable asegurando que ese gasto no tiene relación con ninguna actividad ilegal contraria a las decisiones de los tribunales”. Este procedimiento y la falta de crédito por los bloqueos presupuestarios han retrasado los plazos de algunos proyectos y ha parado contratos e inversiones. La ralentización, agregan las patronales La Unió y el Consorcio de Salud, ha afectado a la aprobación de las nuevas tarifas de los sociosanitarios. En el aire está la ley de universalización sanitaria, aprobada por el Govern para sortear el decreto estatal que fulminó en 2012 el acceso universal a la sanidad. La norma, suspendida por el TC, aguarda “una negociación bilateral” para evitar su suspensión definitiva pero, con el 155, agregan las voces consultadas, “es imposible”. Por ahora, Salud mantiene el acceso universal a la red pública.

El caso de Barcelona. En el Ayuntamiento ha afectado a los consorcios de Educación, Servicios Sociales, Vivienda y Sanitario cuya gestión comparten la Generalitat —con un 60%— y el Consistorio —con un 40%—. Servicios sociales no se ha podido convocar (aplazado ya dos veces) y eso impide impulsar nuevos servicios, prorrogar los existentes o licitar contratos mayores. O se ha parado la inversión de equipamientos educativos. En la cartera económica, la Fira está pendiente de renovar sus órganos. Ada Colau aguarda, por lealtad institucional, al nuevo Govern. Existe el riesgo de que se retrasen las convocatorias de empleo para 2019 porque para financiar proyectos se deben pedir antes del verano.

Seguridad y refugiados. En estado de alerta antiterrorista, la intervención dificulta la interlocución de la Guardia Urbana con los Mossos. La policía local colabora de forma fluida con la autonómica en la lucha contra los narcopisos pero la ausencia de consejero no ayuda. Tras el atentado del 17-A, se acordó dar un nuevo emplazamiento al CECOR, la sala conjunta de emergencias y seguridad, que sigue pendiente. O el vacío en el plan catalán de refugiados, ante el que Barcelona ha triplicado el número de refugiados atendidos desde inicio de mandato.

Renta garantizada. El 155 ha ensombrecido el arranque de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una ayuda de 564 euros para las familias más vulnerables que entró en vigor en septiembre. Partidos y sindicatos afirman que el 155 ha retrasado el pago de la misma y la resolución de las solicitudes pero los promotores de esa renta lo niegan. La ayuda se pagará a partir del día 15 salvo para los 26.000 beneficiarios que ya cobraban la Renta Mínima de Inserción y pasan automáticamente a percibir la ayuda. “Los plazos estaban previstos. El retraso no viene del 155”, explica Diosdado Toledano, impulsor de la ILP, que se reunirá el viernes con Trabajo para hacer un seguimiento. Para detectar partidas dirigidas al procés, Hacienda bloqueó 10 millones para 500 entidades sociales y juveniles —que afectaban a 1.300 empleados y a la atención de 900.000 personas—; ocho para proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad y 2 millones para programas de drogodependencia y salud mental. La Taula del Tercer Sector se quejó de que las entidades tuvieron que pedir créditos y pagar intereses. Tras la alarma, el Ministerio pagó la última semana de diciembre los 10 millones y convocó las subvenciones.

Con información de C. Blanchar, J. Catà, J. A. Montañés, J. Mouzo, À. Piñol y M. Rovira.