El Supremo fallará sobre ATLL el 30 de enero
La Generalitat recurrió la sentencia del TSJC, que anuló el concurso con el que llevó a cabo la mayor privatización de Cataluña
El Tribunal Supremo fallará sobre el litigio por la adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) el próximo 30 de enero, según fuentes conocedoras del proceso judicial, que aseguraron que ese día se celebrará la vista y se dictará una resolución. La Generalitat recurrió al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que anuló ...
El Tribunal Supremo fallará sobre el litigio por la adjudicación de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) el próximo 30 de enero, según fuentes conocedoras del proceso judicial, que aseguraron que ese día se celebrará la vista y se dictará una resolución. La Generalitat recurrió al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que anuló el concurso con el que la Generalitat llevó a cabo la mayor privatización de Cataluña, que ascendió a 1.000 millones de euros.
La operación se realizó para tapar el agujero del déficit en 2012. Entonces la empresa se adjudicó al consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, aunque este último acabó vendiendo su parte a su socio español. En enero, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) dio la razón a Agbar y expuso que Acciona debería haber quedado excluida del procedimiento por el incumplimiento de una de sus bases.
Provisión en las cuentas
Desde entonces, la adjudicación ha recibido varapalos en los tribunales. La Generalitat nunca quiso hablar de compensaciones, si bien el último gobierno de Artur Mas estimó que estas en ningún caso superarían los 300 millones de euros. A pesar de ello, el Gobierno catalán admitió la posibilidad de perder el litigio en las alegaciones que formuló la interventora general de la Administración catalana al informe sobre las cuentas de la Generalitat de la Sindicatura de Cuentas de 2014.
En la réplica a la auditoría de ese año, la interventora explicó que el Ejecutivo catalán provisionó 380,29 millones de euros —más de lo estimado públicamente— ante el “riesgo” de que los tribunales decidan resolver el contrato. En concreto, la Administración admitió que podría verse obligada a hacer frente a “posibles indemnizaciones por daños y perjuicios”. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona estimó que las compensaciones podían llegar a los 296 millones de euros, aunque sin tener en cuenta los daños y perjuicios.