El vicepresidente de la Diputación de Alicante imputado por la adjudicación de una planta de residuos
La juez admite la querella presentada por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción
El funcionamiento de esta planta de basuras, que explota la empresa Abornasa, ha estado rodeado siempre de polémica, en gran medida debido a su ubicación, en las inmediaciones del parque natural de El Hondo. El pleno del ayuntamiento adjudicó la instalación en 1997 y prorrogó el contrato de año en año hasta 2013. Según la juez instructora, la concesión adoleció desde el principio “de importantes deficiencias legales que, por su carácter esencial, vienen a configurarse en vicios de nulidad”. No incluía pliegos ...
Una juez de Elche ha imputado al alcalde de Crevillent y vicepresidente de la Diputación de Alicante, César Augusto Asencio (PP), por supuestas irregularidades en la adjudicación de una planta de tratamiento de residuos en la localidad. La magistrada ha admitido a trámite la querella interpuesta por el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC), una asociación impulsada por funcionarios públicos para combatir las malas prácticas en la administración. En opinión de la juez, Iris Valero, los hechos relatados en la querella gozan de “verosimilitud” y podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, exacciones ilegales y contra el medioambiente.
El funcionamiento de esta planta de basuras, que explota la empresa Abornasa, ha estado rodeado siempre de polémica, en gran medida debido a su ubicación, en las inmediaciones del parque natural de El Hondo. El pleno del ayuntamiento adjudicó la instalación en 1997 y prorrogó el contrato de año en año hasta 2013. Según la juez instructora, la concesión adoleció desde el principio “de importantes deficiencias legales que, por su carácter esencial, vienen a configurarse en vicios de nulidad”. No incluía pliegos de prescripciones técnicas ni de cláusulas administrativas, y tampoco la memoria económica y financiera, por citar algunos documentos.
Ya en octubre de 2013, el ayuntamiento volvió a adjudicar el servicio a Abornasa y acordó pagarle un canon anual de 250.000 euros. Dos años más tarde, en 2015, un juzgado de lo Contencioso-administrativo de Elche anuló esa adjudicación. En todo este tiempo -señala Valero en su auto- el ayuntamiento ha estado pagando a la adjudicataria “facturas de elevadísima cuantía mediante el reconocimiento extrajudicial de créditos, sin saber cuáles son las condiciones técnicas de los servicios prestados y dejando que fuese la propia empresa quien fijara el precio”.
Esquerra Unida llevó el asunto a la jurisdicción penal en 2014. El proceso ha estado desde entonces en manos del juzgado de Instrucción 4 de Elche. La Fiscalía ha pedido que se archive, al no apreciar indicios de delito. Sin embargo, la juez se ha decantado ahora por las tesis esgrimidas por OCC, que ejerce la acusación popular, e interrogará a Asencio y al representante legal de Arbonasa en calidad de investigados (término que sustituye al de imputado) el próximo 22 de diciembre.
El alcalde de Crevillent ha reaccionado este martes a la decisión judicial con un comunicado en el que asegura no ver “motivos para dimitir”. En su opinión, no existe “ninguna acusación sustancial” y su citación para declarar obedece únicamente a que la acusación popular la ha pedido “como prueba”. “Yo no tengo por qué dimitir ya que todo lo que hay hasta ahora son informes o sentencias que avalan la correcta gestión del Ayuntamiento, ahora y antes”, ha dicho el también vicepresidente de la Diputación alicantina.
Tras calificar de “política” la querella del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de respaldar la legalidad de la actuación del consistorio. Concretamente en una sentencia que corrige la anterior del juzgado de lo Contencioso de Elche.
El TSJ establece en esta nueva resolución que Abornasa contaba con un permiso prorrogado por la Generalitat para adaptarse a la legislación medioambiental, al tiempo que concluye que la planta no está en suelo protegido. A la vista de la última sentencia, la juez Valero ha preguntado en una providencia a la fiscalía y la acusación popular si debe mantener la imputación. “No se me acusa de ningún delito, no hay juicio oral abierto. No hay nada”, ha reiterado hoy el dirigente del PP.