La Fiscalía pide que Alberto de Rosa declare como imputado
Un juzgado investiga el cobro de comisiones en la compra de prótesis por Ribera Salud
La Fiscalía de Valencia ha solicitado la declaración como imputados de Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, y de Pablo Gallart, directivo de la compañía. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga desde mayo el presunto cobro de comisiones por parte de Ribera Salud, a través de una filial, a empresas de material ortoprotésico.
El asunto podría revestir carácter delictivo, en concreto malversación de caudales públicos y prevaricación, según el criterio de la policía, puesto que las prótesis las paga la Gener...
La Fiscalía de Valencia ha solicitado la declaración como imputados de Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, y de Pablo Gallart, directivo de la compañía. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga desde mayo el presunto cobro de comisiones por parte de Ribera Salud, a través de una filial, a empresas de material ortoprotésico.
El asunto podría revestir carácter delictivo, en concreto malversación de caudales públicos y prevaricación, según el criterio de la policía, puesto que las prótesis las paga la Generalitat valenciana. Ribera Salud ha declinado hacer declaraciones al respecto.
La investigación ha pasado ahora a manos de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia. La petición de que De Rosa y Gallart declarasen como imputados la adoptó el ministerio público antes de que esta división especializada se hiciera cargo del asunto, según han confirmado fuentes del caso.
El origen de la investigación es una denuncia de un sindicato médico, que llevó a la policía información del presunto cobro de las comisiones de Ribera Salud a través de su central de compras B2B. Ese peaje habría sido condición necesaria para acceder a las tres áreas de salud de la Comunidad Valenciana que gestiona la compañía, que además es socia minoritaria en una cuarta.
El juzgado está a la espera de que la Consejería de Sanidad le entregue un informe sobre la legalidad de estas prácticas. La causa ha sido declarada compleja, lo que permite alargar 18 meses el plazo de investigación.