Antifraude dice que la indemnización de ATLL puede superar 1.000 millones
De Alfonso da una cifra muy superior a la calculada por la Generalitat y Acciona
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, ha indicado este miércoles que la Generalitat podría tener que pagar "más de mil millones de euros" si el Tribunal Supremo confirma la anulación del concurso de adjudicación d...
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, ha indicado este miércoles que la Generalitat podría tener que pagar "más de mil millones de euros" si el Tribunal Supremo confirma la anulación del concurso de adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La cifra propuesta por De Alfonso es muy superior a la calculada por Acciona, de 296 millones, e incluso al cálculo del Gobierno catalán, de 326 millones.
Daniel de Alfonso, que ha comparecido esta mañana en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, ha explicado que él sigue creyendo que la mejor opción para que la Generalitat se ahorrara "casi 2.000 millones de euros" era la que había propuesto la Oficina Antifraude en su informe.
Esta opción consistía en "resolver" (rescindir) el contrato de adjudicación debido "a las irregularidades cometidas" por la adjudicataria del servicio, Acciona, que la Oficina Antifraude considera que eran constitutivas de una "falta muy grave", en vez de imponerle únicamente una multa de 4 millones de euros, que es lo que ha hecho el actual Govern de la Generalitat.
"Correspondía al Govern decidir si había que resolver la concesión o únicamente imponerle una multa" a Acciona, ha explicado Daniel de Alfonso, y, si bien la Oficina Antifraude contemplaba ambas opciones, recomendaba la primera.
Éste era el mejor camino para las finanzas de la Generalitat, ha recalcado, ya que mantener el contrato le puede suponer tener que indemnizar a la concesionaria cuando el Tribunal Supremo confirme la anulación del concurso debido a irregularidades en la adjudicación.
"Soy de los que piensan -ha dicho- que, cuando el Supremo anule el contrato, se van a tener que pagar mucho más que los 314 millones de euros del canon", porque hay una reciente sentencia de un caso muy similar a éste en el que también estaba involucrada Acciona, y al final el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) ha tenido que pagar indemnizaciones del 6% por 'lucro cesante'".
Esto, ha precisado, traducido al caso de ATLL, supondría que la Generalitat podría tener que acabar pagando "más de mil millones de euros", una cantidad que se podría ahorrar de haber revocado la concesión "por una falta muy grave" de Acciona.
En la misma comparecencia en el Parlament, Daniel de Alfonso ha indicado que la OAC tiene abiertos dos informes de oficio de gran importancia, sobre las subvenciones a los medios de comunicación y sobre las donaciones a partidos políticos y sus fundaciones.
El director de la OAC ha advertido de la falta de personal de este organismo para cumplir con sus funciones, y ha pedido al Parlament que le permita la contratación de ocho personas, algo que, ha dicho, "no creo que vaya a suponer un descalabro en los Presupuestos".
Ante las críticas de los grupos del PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PP por los escasos informes "de oficio" abiertos en el último año, Daniel de Alfonso ha concretado que han sido un total de cinco y que si son pocos es porque no es un organismo policial ni judicial y que esto comporta que esté sujeto a diversas limitaciones.
El director de la OAC ha precisado que entre los informes e investigaciones abiertas figuran dos que, por su importancia y complejidad, requieren muchos esfuerzos.
El primero supone investigar las subvenciones y concesiones de la Generalitat a medios de comunicación durante los cinco últimos años, y Daniel de Alfonso ha admitido que quizás puedan tardar en concluirlos un año y medio.
El otro informe mencionado por Daniel de Alfonso es el destinado a conocer las donaciones a los partidos políticos, y sobre esta cuestión ha destacado como hecho más relevante que la OAC considera que son 74 las fundaciones o entidades vinculadas a los partidos y no las 17 que estos últimos reconocen.