Una empleada de Gürtel dice que el Consell le pidió hacer facturas falsas
Admite que la trama empezó a preparar Fitur antes de que se adjudicara el concurso público
Mónica Magariños, que fue empleada en empresas de la trama Gürtel y ahora se enfrenta a cuatro años y nueve meses de cárcel en el primer juicio a la red, ha mantenido este lunes que desde dos consejerías de la Generalitat valenciana le pidieron trocear facturas, en las que se incluyeron conceptos que no se correspondían con la realidad. El juicio se centra en las adjudicaciones del Consell relacionadas con la feria Fitur que las empresas de Francisco Correa recibieron cinco años seguidos por importe de cinco millones de euros.
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Mónica Magariños, que fue empleada en empresas de la trama Gürtel y ahora se enfrenta a cuatro años y nueve meses de cárcel en el primer juicio a la red, ha mantenido este lunes que desde dos consejerías de la Generalitat valenciana le pidieron trocear facturas, en las que se incluyeron conceptos que no se correspondían con la realidad. El juicio se centra en las adjudicaciones del Consell relacionadas con la feria Fitur que las empresas de Francisco Correa recibieron cinco años seguidos por importe de cinco millones de euros.
Según su declaración, dos responsables del gabinete de las consejerías de Territorio e Infraestructuras le dijeron que no podían pagar el coste de su expositor dentro del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria Fitur de la edición de 2005 en una sola factura, y que esta debía ser troceado en varias. Magariños ha coincidido con lo que también dijo en su declaración como acusado Pablo Crespo, considerado número dos de la trama. Y ha afirmado que el proceso de elaboración de las facturas fue "supervisado y aprobado" por Crespo, a quien le remitía los documentos a la sede central de, grupo, ubicada en el número 40 de la calle Serrano.
El presunto fraccionamiento irregular de contratos forma parte de otra pieza separada de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Según la fiscalía y el juez instructor fue una práctica extendida en más de una decena de departamentos y entidades de la Generalitat y habría tenido como fin poder adjudicar a dedo a las empresas de Correa trabajos que, por su cuantía, hubieran exigido la realización de procedimientos administrativos competitivos. Como en el caso expuesto este lunes en el juicio, también en los que forman la otra pieza separada la facturación era realizada por parte de distintas sociedades de lo que los investigadores llaman Grupo Correa, dando así la impresión de que los trabajos eran realizados por diferentes proveedores.
La fiscalía mantiene que los contratos para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat en Fitur durante la presidencia de Francisco Camps estuvieron amañados. Y que las empresas de la trama empezaban a prepararlos tiempo antes de que se celebrara el concurso porque tenían la seguridad de que iban a ser ellos los adjudicatarios. Para ello, habrían contado con información previa de las bases de la convocatoria e incluso habrían participado en la redacción de los pliegos. Magariños ha aceptado este lunes a la vista de las pruebas exhibidas por la fiscalía que los trabajos de la empresa valenciana de la red, Orange Market, relacionados con Fitur se iniciaron antes de la adjudicación.
En concreto, la exempleada ha admitido que en octubre de 2004 empezaron los preparativos para la comida para más del 1.000 personas que, con motivo del día de la Comunidad Valenciana en Fitur, se celebró en Madrid en enero. La adjudicación no se produjo hasta semanas más tarde del inicio de los trabajos. Magariños ha afirmado que lo hicieron así por prevención. "Empezamos a por si acaso teníamos la posibilidad de hacerlo", esto es de ganar el concurso, ha declarado.
También ha admitido Magariños que en noviembre de 2004, cuando el concurso todavía no había sido resuelto, envió un correo electrónico al recinto ferial de Madrid, Ifema, indicando: "Tenemos la intención de montar una carpa de Ifema para unas 1.000 personas el 27 de enero de 2005", como así fue. Preguntada por cómo podía saber la fecha concreta de la comida, la acusada ha señalado que solo manifestaba en el mensaje que tenían "la intención" de realizarla.
En sus declaraciones como acusados, la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez y el que fuera jefe de su gabinete Rafael Betoret sostuvieron que la fecha del almuerzo no se cerró hasta muy tarde porque desde presidencia de la Generalitat no se les aclaraba cuál de los tres días de feria acudiría Camps a Fitur y por tanto se celebraría la comida. Esa falta de concreción también fue esgrimida por ambos para justificar que la adjudicación acabara recayendo en Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
Magariños ocupó diferentes puestos en varias empresas de la trama además de Orange Market, como Special Events y Easy Concept. Llegó a Orange tras su creación en 2003 y pasó de ser secretaria a organizar eventos. De esta mercantil adquirió participaciones tras, según ha dicho, pedírselo Pérez y Crespo. Magariños estuvo autorizada en cuentas bancarias y se encargó de la facturación, aunque según ha afirmado siempre bajo la supervisión del número dos de la red.