Legal, pero poco ético
El de la ropa usada no es un mercado solidario, sino un negocio con grandes beneficios
Una mujer mete en una bolsa las prendas que se le han quedado pequeñas a su bebé, se desplaza hasta un contenedor de ropa usada y las deposita en él. Lo hace porque piensa que de esa manera las camisas, los jerséis, los pantalones… podrán ser utilizados por otros niños cuyos padres no puedan comprárselas. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión si nadie le ha dicho tal cosa? Tres pistas:
Una. Los nombres de los contenedores dan a entender que la ropa se destina a necesitados. Humana, Ecotextile Solidarity…
Dos. El logo y hasta los colores sugieren que su fin es benéfico. Juegan con las...
Una mujer mete en una bolsa las prendas que se le han quedado pequeñas a su bebé, se desplaza hasta un contenedor de ropa usada y las deposita en él. Lo hace porque piensa que de esa manera las camisas, los jerséis, los pantalones… podrán ser utilizados por otros niños cuyos padres no puedan comprárselas. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión si nadie le ha dicho tal cosa? Tres pistas:
Una. Los nombres de los contenedores dan a entender que la ropa se destina a necesitados. Humana, Ecotextile Solidarity…
Dos. El logo y hasta los colores sugieren que su fin es benéfico. Juegan con las ideas de cooperación, desarrollo, ayuda. El de Humana muestra un globo terráqueo y una frase: “Fundación Pueblo para Pueblo”. De la gente para la gente. Los de Ecotextile Solidarity, el logotipo del Ayuntamiento de Madrid.
Tres. A menudo los contenedores están situados junto a iglesias o colegios. Así, esas instituciones parecen bendecir su uso.
Esa madre que se aleja ahora con las manos vacías no sabe que la ropa de su bebé servirá efectivamente de ayuda, pero no de los más necesitados, sino de la cuenta bancaria de unos cuantos. El de la ropa usada no es un mercado solidario, sino un negocio con grandes beneficios. Un negocio que juega con el equívoco para atraer a incautos cuyas prendas acabarán siendo vendidas en mercadillos y tiendas. Un negocio en el que el Ayuntamiento de Madrid actúa de intermediario a cambio de 612.000 euros anuales.