Una fundación ofrece un pacto anticorrupción a los partidos

La entidad propone medidas legales, formativas y éticas Forman parte de la asociación juristas, profesionales de otras ramas y empresarios

La Fundación por la Justicia ofreció este viernes a todos los partidos políticos firmar un “pacto contra la corrupción” con vistas a las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo que se hará extensivo a los comicios generales. La entidad con sede en Valencia e integrada por jueces, fiscales, docentes universitarios, profesionales de otras ramas y empresarios incluye en la declaración propuestas jurídicas, formativas y éticas.

La corrupción, señala el documento, “detrae grandes cantidades de dinero que no se destinan a políticas públicas”, “deslegitima al Estado y mina el prestigio...

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La Fundación por la Justicia ofreció este viernes a todos los partidos políticos firmar un “pacto contra la corrupción” con vistas a las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo que se hará extensivo a los comicios generales. La entidad con sede en Valencia e integrada por jueces, fiscales, docentes universitarios, profesionales de otras ramas y empresarios incluye en la declaración propuestas jurídicas, formativas y éticas.

La corrupción, señala el documento, “detrae grandes cantidades de dinero que no se destinan a políticas públicas”, “deslegitima al Estado y mina el prestigio” de instituciones como la justicia, la policía y los partidos, “provocando la desmoralización y descomposición social”.

La declaración fija como “principal tarea” la modificación de textos legales “como el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Contratos del Sector Público, La Ley General Tributaria, la del Tribunal de Cuentas, la de Financiación de los Partidos Políticos y la de Transparencia”.

Los impulsores de la iniciativa no limitan su preocupación a las formaciones políticas sino que la extienden a los ámbitos administrativo, económico, judicial, sanitario, bancario, universitario, mediático y, en general, a quienes utilizan medios públicos “para beneficiar intereses particulares de personas o grupos, partidos, sindicatos, y organizaciones de todo orden”.

La Fundación por la Justicia solicita la adhesión a su declaración a “todas las organizaciones, corporaciones, asociaciones empresariales y de trabajadores, fundaciones y cualquier agrupación que se considere implicada”.

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