La Fiscalía de Álava no encuentra delito en el caso San Antonio
Queda a expensas del Tribunal de Cuentas por si en su causa encuntra algún ilícito penal
La Fiscalía de Alava ha archivado las diligencias que había abierto por el alquiler en 2007 de unos locales de la calle San Antonio por parte del Ayuntamiento de Vitoria, al no haber quedado acreditado "la existencia de ilícito penal alguno". La Fiscalía de Alava había iniciado estas diligencias tras recibir la petición del pleno municipal de la capital alavesa, que el pasado 27 de febrero acordó pedir al fiscal que investigara este asunto "teniendo en cuenta los nuevos datos existentes derivados de actuaciones que está desarrollando sobre este tema el Tribunal de Cuentas" de España.
El...
La Fiscalía de Alava ha archivado las diligencias que había abierto por el alquiler en 2007 de unos locales de la calle San Antonio por parte del Ayuntamiento de Vitoria, al no haber quedado acreditado "la existencia de ilícito penal alguno". La Fiscalía de Alava había iniciado estas diligencias tras recibir la petición del pleno municipal de la capital alavesa, que el pasado 27 de febrero acordó pedir al fiscal que investigara este asunto "teniendo en cuenta los nuevos datos existentes derivados de actuaciones que está desarrollando sobre este tema el Tribunal de Cuentas" de España.
El fiscal jefe de Alava, Josu Izaguirre, ha hecho llegar un decreto a las partes en las que ordena el archivo de las diligencias porque "con los datos aportados con el escrito" del pleno, no se acredita ningún delito. Izaguirre explica además que se trata de un tema que ya estudia el Tribunal de Cuentas y que el "principio de unidad de actuación" del Ministerio Fiscal "exige que no se produzcan actuaciones cuando se tiene conocimiento de que otro (fiscal) está llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos".
Recuerda además que en caso de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detecte "algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal" le remitiría los datos para que iniciase una investigación al respecto. En 2007 el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, encabezado entonces por el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso (PP), firmó un contrato de alquiler para unas oficinas municipales que resultó gravoso para las arcas municipales y que ahora está siendo analizado por el Tribunal de Cuentas del Estado.