Agbar lleva a la Generalitat ante la Unión Europea por ATLL
El grupo considera que se viola de forma “manifiesta y grave” la normativa comunitaria
El litigio por Aguas Ter-Llobregat (ATLL) ya ha llegado a la Unión Europea. Agbar, la compañía que perdió el concurso de privatización ante Acciona, ha decidido mantener su pulso a la Generalitat y elevar una denuncia ante la Secretaría General de la Unión Europea por incumplir de forma “manifiesta y grave” las resoluciones judiciales en este caso y la normativa comunitaria.
La compañía considera que los tribunales le han dado la razón en sus denuncias después de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Tribunal Supremo hayan desestimado las medidas cautelar...
El litigio por Aguas Ter-Llobregat (ATLL) ya ha llegado a la Unión Europea. Agbar, la compañía que perdió el concurso de privatización ante Acciona, ha decidido mantener su pulso a la Generalitat y elevar una denuncia ante la Secretaría General de la Unión Europea por incumplir de forma “manifiesta y grave” las resoluciones judiciales en este caso y la normativa comunitaria.
La compañía considera que los tribunales le han dado la razón en sus denuncias después de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Tribunal Supremo hayan desestimado las medidas cautelares presentadas por la Generalitat, Acciona y BTG Pactual (el banco brasileño aliado del grupo constructor español), con las que pretendían paralizar la ejecución de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, que descartaba la validez de la oferta de Acciona al interpretar que no cumplía el pliego de condiciones. El Gobierno catalán considera que esos fallos judiciales no analizan el fondo del asunto e intenta ganar tiempo hasta que el TSJC dicte una sentencia definitiva, que podría llegar a finales de este año.
En el escrito, presentado por el letrado Santiago Muñoz Machado en nombre de Agbar, la compañía denuncia que la Generalitat “sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave” las directivas de recursos contractuales y pide que se inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Dicho artículo, según Agbar, faculta a la Comisión Europea para emitir un dictamen si un Estado miembro incumple alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados. Dictámenes de catedráticos aportados por Acciona consideran que no es necesaria legalmente la ejecución del fallo del OARCC.