Archivada una denuncia por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Reus
El juez considera que no hay pruebas suficientes de un trato de favor a la empresa Atoms
El juzgado de instrucción 2 de Reus (Baix Camp) ha archivado una denuncia por presunto tráfico de influencias en subcontrataciones y alquileres del Consistorio de esta ciudad al no hallar pruebas suficientes del supuesto delito. La denuncia la formuló en 2012 Xavier Monforte, un extrabajador del extinto holding de sociedades municipales, Innova, contra los responsables de la empresa Atoms, Jacint Solana y Xavier Ferré; el ex director de Innova y ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ...
El juzgado de instrucción 2 de Reus (Baix Camp) ha archivado una denuncia por presunto tráfico de influencias en subcontrataciones y alquileres del Consistorio de esta ciudad al no hallar pruebas suficientes del supuesto delito. La denuncia la formuló en 2012 Xavier Monforte, un extrabajador del extinto holding de sociedades municipales, Innova, contra los responsables de la empresa Atoms, Jacint Solana y Xavier Ferré; el ex director de Innova y ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat; el ex director de infraestructuras de Innova, José Vicente Gómez Rebollo; y un ex responsable de la sanidad municipal, Enric Agustí. Todos ellos se encontraban imputados y declararon ante el juez.
Monforte acusó a los altos cargos de las empresas del Ayuntamiento de haberlo desplazado de sus tareas, consistentes en supervisar las escuelas públicas de la ciudad, para encargarlas a una empresa externa, Atoms. “No se sabe quién influyó en quién; no existe una mínima prueba” de tráfico de influencias, esgrime el juez, por lo que sobresee provisionalmente la causa. El instructor del caso tampoco ve indicios delictivos ni trato de favor en el hecho de que la sociedad municipal Sagessa, filial sanitaria de Innova, alquilara a la familia Solana unas viviendas para ubicar un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) para menores llamado Codina. Los servicios jurídicos del sindicato CGT, que se hicieron cargo de la denuncia de Monforte, recurrirán la interlocutoria, indicó Joan Rosich, coordinador de CGT en Reus.