El fiscal pide hasta tres años y medio de cárcel para tres exdirectivos de Iberpotash
El juicio por un presunto delito ambiental se celebrará en Manresa entre el 1 y el 3 de diciembre
Tres exdirectivos de la compañía minera Iberpotash, que explota minas de potasas en Súria y Sallent (Bages), se sentarán los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre en el banquillo de un juzgado de Manresa como acusados de un presunto delito ambiental. La Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión para dos de ellos y otros dos años y nueve meses para el tercero, al considerar que permitieron que la compañía acumulara desechos salinos en ambos municipios sin medidas de impermeabilización del suelo y de otras medidas para revertir el daño ambiental.
"A pesar de tener conocimiento o acept...
Tres exdirectivos de la compañía minera Iberpotash, que explota minas de potasas en Súria y Sallent (Bages), se sentarán los próximos días 1, 2 y 3 de diciembre en el banquillo de un juzgado de Manresa como acusados de un presunto delito ambiental. La Fiscalía ha pedido tres años y medio de prisión para dos de ellos y otros dos años y nueve meses para el tercero, al considerar que permitieron que la compañía acumulara desechos salinos en ambos municipios sin medidas de impermeabilización del suelo y de otras medidas para revertir el daño ambiental.
"A pesar de tener conocimiento o aceptar el defectuoso proceso de explotación y de gestión ambiental en las actividades mineras en Súria y Sallent que provocaba una situación constante de riesgo grave de contaminación significativa de las aguas continentales", acusa en su texto el fiscal, los tres directivos actuaron "de común acuerdo expreso o tácito" y no hicieron nada para evitar la contaminación.
Los acusados son Rafael Eduardo S. I., que fue director de producción de Iberpotash; Antonio S. E., técnico encargado de los temas medioambientales; y José Ramón M., quien fuera consejero delegado de Suria K y Potasas del Llobregat hasta 1999, cuando cesó del cargo tras la adquisición de estas dos sociedades por parte de Iberpotash, del grupo israelí ICL.
Este procedimiento judicial, uno más a los que se enfrenta Iberpotash, se remonta a 1997, después que la Fiscalía investigara la contaminación originada en las explotaciones mineras del Bages. También está implicada la Asociación Ecologista Alzina.
La acusación asegura que Iberpotash contaminó las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Llobregat, donde la compañía habría vertido incontroladamente cloruros, metales pesados y otras sustancias peligrosas. El juez deberá decidir si fue así y cuál es la responsabilidad que deberán asumir los ejecutivos.
Fuentes de Iberpotash aseguran que el caso obedece a una investigación anterior a la entrada del actual accionista en la compañía, por lo que han descartado hacer declaraciones.