La Junta reclama a UGT tres de las 41 ayudas de formación investigadas

La Junta de Andalucía ha iniciado la petición de reintegro de tres ayudas recibidas por UGT en cursos para desempleados, de un total de 41 expedientes de líneas de formación profesional para el empleo del sindicato analizados por la Consejería de Educación. Una solicitud que aún está en el trámite de alegaciones, motivo que esgrimió este jueves el consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, para no aportar ninguna cantidad d...

La Junta de Andalucía ha iniciado la petición de reintegro de tres ayudas recibidas por UGT en cursos para desempleados, de un total de 41 expedientes de líneas de formación profesional para el empleo del sindicato analizados por la Consejería de Educación. Una solicitud que aún está en el trámite de alegaciones, motivo que esgrimió este jueves el consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, para no aportar ninguna cantidad durante una comisión parlamentaria solicitada por el grupo popular.

La actitud silente de Alonso contrasta con la que mantiene su colega de Economía, José Sánchez Maldonado, también socialista, que tiene abiertos cuatro expedientes a UGT por subvenciones sobre programas de empleo por importe de 3,6 millones de euros. Todos ellos, también en periodo de justificación. Maldonado tiene previsto comparecer en el Parlamento para informar de estas investigaciones el próximo día 5. Las ayudas a UGT, como las de otros agentes sociales, no están todas en el mismo departamento, después de que al inicio de la legislatura el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, decidiera pasar a Educación las competencias sobre cursos de formación. Los sindicatos rechazaron esta distribución.

“Queremos garantizar la seguridad jurídica de terceros para todos y cuando la información de reintegro sea firme la haré pública, no antes”, subrayó Alonso. Hasta ahora, este solo ha informado de cuatro casos cerrados que afectan a tres consorcios públicos y al Ayuntamiento de Fuenteheridos a los que se ha reclamado la devolución de 1.059.176 euros, por un uso no justificado de las ayudas, de los 2.326 millones que destinó la Junta en siete años, desde 2007 hasta 2013.

El PP se mostró muy insatisfecho con los datos aportados por Alonso e imputó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el “imponer la ley del silencio”. La diputada popular Teresa Ruiz Sillero acusó al consejero de “informar desinformando”, una actitud que, en su opinión, da pie a que se puedan plantear “hipótesis” sobre el uso fraudulento de los fondos como el de “la financiación ilegal del PSOE”.

El PP había pedido la comparecencia para conocer la situación de la tramitación administrativa de los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente percibidas por UGT de Andalucía en concepto de subvenciones para la formación para el empleo, así como de las cantidades devueltas por dicho concepto. Alonso no dio datos de las cantidades y se limitó a informar de la tramitación administrativa de los expedientes que afectan a UGT.

La comparecencia de Alonso se vio condicionada por la presencia el día anterior y ayer en la sede de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden de la juez Mercedes Alaya, para recabar documentación sobre las ayudas. Alonso dijo ignorar cuántos y qué expedientes ha recogido la Guardia Civil, pese a que dijo que Educación firmó un recibí. “No sé qué expedientes se ha llevado la juez”, se limitó a comentar.

Alaya mantiene abierta una causa separada de los ERE sobre supuestos delitos en cursos de formación realizados por UGT con fondos de la Junta. También investiga las ayudas de 50 millones de euros gestionadas por la Faffe, una fundación andaluza ya extinta, en 2009 y 2010. Según Alonso, la colaboración con la UCO fue total hasta el punto de “facilitar hasta el transporte” de los archivos.

Ruiz Sillero se mostró sorprendida por el “desparpajo” de Alonso al afirmar que no conoce la documentación que ha reclamado la juez, por lo que, según ella, debería ser destituido. “Yo no hubiera dormido”, le reprochó la diputada, que preguntó si es “esto es una ramificación del caso de los ERE o no”.

A lo largo de toda su intervención, Alonso acusó al PP de generar una “confusión orquestada” que denota su desconocimiento del procedimiento administrativo y de crear “una gran hoguera” con la formación y UGT. “Hacen juicios sumarísimos con expedientes que aún están en plazo de justificación”, destacó.