El juez de Emarsa ordena el embargo de planes de pensiones de Crespo
También manda retener los saldos de las cuentas del exvicepresidente provincial de Valencia
El juez del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha embargado planes de pensiones a Enrique Crespo, que fue presidente de la depuradora saqueada, número dos de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises antes de dimitir de sus cargos por su implicación en el escándalo. El magistrado instructor decretó igualmente el embargo de varias cuentas corrientes de Crespo, que está acusado de participar en el desvío de fondos de la empresa pública y también de ocultar a la justicia un...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha embargado planes de pensiones a Enrique Crespo, que fue presidente de la depuradora saqueada, número dos de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises antes de dimitir de sus cargos por su implicación en el escándalo. El magistrado instructor decretó igualmente el embargo de varias cuentas corrientes de Crespo, que está acusado de participar en el desvío de fondos de la empresa pública y también de ocultar a la justicia un premio millonario que supuestamente ganó con la lotería.
La petición de los embargos la había realizado la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). Se da la circunstancia de que la entidad está controlada por el PP —el partido al que pertenecía Crespo— gracias a su poder en la mayoría de Ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, y significativamente del de la capital.
El juez, que se apresta a cerrar la instrucción iniciada tras la liquidación por quiebra de Emarsa, en 2010, persigue más bienes de Crespo. En una resolución solicita al Registro de Bienes Muebles que le comunique si ha anotado el embargo de un Land Rover, como le requirió hace varios meses.
El juez ha recabado también información sobre cuentas corrientes, productos financieros y seguros de otros dos de los principales imputados en el caso por malversación y cohecho, los ex cargos de la Generalitat Juan Morenilla e Ignacio Bernácer. Ambos dirigieron durante años la sociedad con la que el Gobierno valenciano financiaba y controlaba teóricamente a las depuradoras, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).