La construcción reclama “un plan de rescate” de 7.200 millones de euros

Seis años después de que el sector de la construcción empezara a desmoronarse, las patronales y los sindicatos del sector han decidido unirse para reclamar un "plan de rescate" a las administraciones públicas. Les demandan sobre todo que activen de nuevo la inversión pública y destinen 7.200 millones de euros en los próximos tres años pero también que cumplan la ley de morosidad y paguen facturas pendientes y que "no se hagan infraestructuras políticas, sino rentables socialmente", según ha afirmado esta mañana el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Francesc Bo...

Seis años después de que el sector de la construcción empezara a desmoronarse, las patronales y los sindicatos del sector han decidido unirse para reclamar un "plan de rescate" a las administraciones públicas. Les demandan sobre todo que activen de nuevo la inversión pública y destinen 7.200 millones de euros en los próximos tres años pero también que cumplan la ley de morosidad y paguen facturas pendientes y que "no se hagan infraestructuras políticas, sino rentables socialmente", según ha afirmado esta mañana el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Francesc Boixadós.

"No habrá salida de la crisis sin políticas de inversión pública y sin la construcción, la única capaz de generar empleo y recursos con inmediatez", ha señalado Alfredo Cabezas, secretario general de FECOMA-CCOO. La construcción ha perdido en los últimos cuatro años un 66% de su producción pública. Y los datos de licitación para este año vaticinan una caída adicional de entre el 6% y el 7%, que "si hay suerte" --ha dicho Boixadós-- se reducirá al 0,5% en 2015.

Tanto la CCOC, CCOO, como el Gremio de Constructores de Barcelona y UGT, reclaman revertir la situación cuanto antes para frenar la sangría generada en el sector: 2.321 empresas en concurso entre 2007 y 2013 y la destrucción de 272.700 empleos entre 2007 y 2013. El argumento de los firmantes de un manifiesto favorable al sector es que en Cataluña existe un déficit de inversión de infraestructuras de entre 8.000 y 10.000 millones de euros y que por ello hay que volver a impulsar proyectos paralizados. La línea 9 del metro hasta el aeropuerto de El Prat por parte de la Generalitat o los desdoblamientos de la N-II y la N-340 por parte del Estado, que también tiene en cartera la ejecución del Cuarto Cinturón (B-40) o el enlace de la A-2-AP-7 y la B-30.

"Si no se toman medidas enérgicas, este año se volverán a perder miles de empleos y se cerrarán empresas eficientes y con capacidad tecnológica", reza el documento Salir de la crisis con la construcción. Y, pese a la falta de recursos públicos de la Administración, la fórmula más contundente de los agentes del sector es la recuperación de una inversión masiva en obra pública. 1.800 millones de licitación para 2014, 2.400 millones en 2015 y 3.000 millones en 2016. Según sus cálculos, solo el primer año se generarían 27.414 empleos y retorno fiscal de 1.116 millones.

Pero sus peticiones distan mucho de la realidad y de la capacidad pública para volver a invertir. El pasado año las administraciones central, catalana y municipal licitaron por un total de 1.084 millones de euros. Joaquín Osorio, presidente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona, ha reclamado que además de inversión también se puede ayudar al sector modificando la legislación vigente. por ejemplo aplicando un IVA superreducido en aquellas obras que permitan mejorar ganar eficiencia energética. De hecho, en la propuesta unitaria se demanda "un plan de choque para la reforma y rehabilitación de viviendas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, reducir el consumo energético y evitar el deterioro del parque de viviendas".