Puig promete “consenso” pero asegura que no parará la privatización del SOC
El consejero de Empresa afirma la disposición a ralentizar la contratación de empresas privadas
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha asegurado hoy que la privatización del servicio público de empleo, el SOC, podría ralentizarse con el objetivo de alcanzar un "consenso" con los sindicatos, que ayer exigieron la paralización de la contratación de agencias de colocación tras publicar EL PAÍS la disposición de la Generalitat a pagar hasta 600 euros por cada parado que coloque y 40 euros por cada entrevista inicial que realicen.
Puig ha evitado ahondar en el tema, pero ha asegurado que el ...
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha asegurado hoy que la privatización del servicio público de empleo, el SOC, podría ralentizarse con el objetivo de alcanzar un "consenso" con los sindicatos, que ayer exigieron la paralización de la contratación de agencias de colocación tras publicar EL PAÍS la disposición de la Generalitat a pagar hasta 600 euros por cada parado que coloque y 40 euros por cada entrevista inicial que realicen.
Puig ha evitado ahondar en el tema, pero ha asegurado que el Gobierno catalán no paralizará su intención de externalizar la contratación de parados. Tan solo ha indicado que la búsqueda de un acuerdo que satisfaga a los sindicatos, que forman parte también del comité de dirección de Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), podría ralentizar la aprobación del convenio, prevista inicialmente para la semana próxima, y la puesta en marcha del primer bloque de la privatización del SOC.
CC OO y UGT lamentaron ayer que la Generalitat y la patronal de las agencias de colocación, ACACER, consensuaran las condiciones del convenio a espaldas del resto de miembros del consejo de dirección. Según el borrador, el SOC pagaría 300 euros por parado colocado con un contrato de hasta tres meses, 400 euros por uno de cuatro, 500 por seis meses y 600 a partir de seis meses. En total, el SOC prevé destinar en esa primera fase 1,9 millones de euros a las agencias privadas.
Además de las cifras que pagará, la polémica también afectará al tipo de personas cuya colocación se externalizará. Está previsto que las agencias se encarguen de los parados "ocupables", los más fáciles de inserir. En un principio, la Generalitat había abogado por que la iniciativa privada se encargara de perfiles más complejos.