Las ayudas a 106 empresas acaparan el fraude más cuantioso del caso de los ERE
Sociedades, bufetes, ayuntamientos, asociaciones y consultoras recibieron 191 millones A compañías y mediadores les han impuesto solo una cuarta parte de las fianzas
El fraude de los ERE parte de la famosa partida 31L, dotada con 647 millones para conceder ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo que se quedaban sin ningún tipo de prestación o sin fondos suficientes para llegar a la jubilación y a todo tipo de entidades. El coste final de todos los compromisos, según los cálculos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se elevará a 1.217 millon...
El fraude de los ERE parte de la famosa partida 31L, dotada con 647 millones para conceder ayudas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo que se quedaban sin ningún tipo de prestación o sin fondos suficientes para llegar a la jubilación y a todo tipo de entidades. El coste final de todos los compromisos, según los cálculos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se elevará a 1.217 millones por la refinanciación de la deuda y los intereses de demora acumulados. Del total, se han destinado 191 millones a 106 a empresas, ayuntamientos, asociaciones y hasta universidades. Ni en el caso de los trabajadores despedidos ni en el de las entidades beneficiadas, la vinculación con miembros del PSOE es la más numerosa, aunque sí existe. Pero también con bufetes de abogados o empresarios como José María Ruiz Mateos y su familia.
Aunque la mayor parte de los fondos (560 millones) fueron para pólizas que recibieron o están pendientes de cobrar 6.435 trabajadores, el fraude más importante no se produjo en los llamados intrusos –196 personas sin derecho a ayudas que cobraron 17 millones de euros- sino en las ayudas directas a empresas.
Entre los dos centenares de intrusos hay nueve militantes socialistas, entre los que destacan Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla, y Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla).
La mayoría de los socialistas incluidos entre los 144 implicados por la juez Mercedes Alaya son cargos de la administración a los que la magistrada vincula con el sistema de concesión de ayudas por haberlo creado, conocido, promovido, participado o mantenido sin denunciarlo.
Una cuarta parte de las fianzas, para empresarios y mediadores
La juez que instruye el caso ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto hasta ahora fianzas que superan los 2.800 millones de euros a 72 de los 144 imputados. De estos, una quincena son exaltos cargos de la Administración autonómica, para los que se ha pedido 2.000 millones. El entramado empresarial implicado y los mediadores asumen una cuarta parte del total.
Las entidades que acaparan una mayor responsabilidad civil son las consultoras Vitalia y Uniter. De la primera, Eduardo Pascual, el único que continúa en prisión preventiva, María Vaqué y Antonio Albarracín tienen que hacer frente a 335,34 millones; y José González Mata, de Uniter, a 99 millones.
Estudios jurídicos Villasís tiene impuesta una fianza de 34,8 y el extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo tiene que hacer frente a 15,2 millones por la gestión de ERE. Rosser Masa, administradora de Fortia Vida, 400.000 euros. Y el conseguidor Juan Lanzas, que salió de prisión tras pagar 200.000 euros, tiene fijada una fianza de 38 millones.
Al administrador y presidente del consejo de administración de la empresa Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, le pide la juez 3,1 millones de euros por comprar "una partida de cerdos" con una ayuda de la Junta de Andalucía.
Con todo, las fianzas de mayor cuantía son para cargos de la Administración. La mayor es para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández: 807,4 millones. Entre las más abultadas están también las del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero (686,19 millones) y la del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá (490,32 millones). La fianza fijada a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez (29,56 millones) es la duodécima más elevada hasta ahora en la causa.
Tampoco los sindicatos se han librado. La juez ha fijado una fianza civil de 251.041,37 euros para el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CCOO, Manuel Roberto Carmona Soto.
De las empresas beneficiadas, las principales implicadas, según la juez, son las consultoras Uniter y Vitalia, sospechosas de haber cobrado con los sindicatos hasta 50 millones por sobrecomisiones, es decir, por facturar hasta un 20% de la cantidad acordada para ayudas.
Las empresas, asociaciones y administraciones sospechosas de haber recibido hasta 73,8 millones en ayudas que no le correspondía son más de un centenar y de todo tipo.
Las más vinculadas con el PSOE son las que recibieron ayudas gracias al supuesto “papel esencial”, según la Guardia Civil, de exconsejero de Empleo y hoy diputado, José Antonio Viera. Se trata de empresas asentadas en la Sierra Norte sevillana, una comarca de 30.000 habitantes, que acapararon unos 30 millones en ayudas directas.
De esa cantidad, el grupo Matadero de Sierra Morena, dirigido por los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, recibió ayudas directas. Sonia Viera, hija del exconsejero, trabajó para esta corporación. Otros empresarios que conocían a Viera, como Enrique Peralta y Gonzalo Madariaga, recibieron casi cinco millones: 880.000 euros el primero en 2008 a través de la sociedad Bética de Industrial, SL, y cuatro Mac Puarsa.
Pero los últimos imputados muestran la diversidad de empresas beneficiadas e implicadas en el caso: Álvaro Mollinedo Gómez, responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente; y José Antonio Pérez Santos, del mismo departamento de Cespa, SA, en Andalucía. La Fiscalía Anticorrupción cree que ambos “tenían conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de pólizas de seguros, dos sociedades mercantiles cobraron cada una de ellas como mínimo la cantidad de 276.222 euros de la Junta”.
En los listados de perceptores de ayudas también hay una docena de Ayuntamientos, en su mayoría, aunque no todos, presididos por el PSOE en la época que recibieron los fondos. El último bajo sospecha es Los Palacios (Sevilla) donde la Guardia Civil investiga una subvención de 901.518 euros para un complejo dedicado al arte ecuestre.
Bufetes de abogados como Garrigues, Estudio Jurídico Villasís, Olivencia-Ballester e Ignacio Vergara también recibieron abonos procedentes del fondo para empresas en crisis.
Sin embargo, la mayoría de los fondos fueron para empresas sin vinculación política alguna o incluso alejadas de la esfera socialista, como Dhul, Autopistas Aumar, Astilleros, Altadis, la multinacional Delphi o la Asociación Faja Pirítica de Huelva. Estos dos últimos expedientes y el de Santana acapararan el 47% del fondo.
La juez Alaya imputa a José María Ruiz-Mateos y su hijo Zoilo la consecución de ayudas para los ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), Garvey, Dhul, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos, "a través del tráfico de influencias ejercido" por ambos y por Juan Lanzas, "a quien se le pagaría como conseguidor ante la Administración autonómica a razón de 600.000 euros por ERE". La Junta pide para el hijo del empresario una fianza de 8,5 millones.