El banano macho frustró el alijo
La policía halló en 2011 un cargamento de cocaína camuflado entre plátanos El barco carecía de la licencia adecuada para la variedad que llevaba
Puerto de Santa Marta, Bogotá (Colombia), 6 de noviembre de 2010. El buque Miv Maers Ravennan zarpa con 20 toneladas de plátanos que ha despachado la empresa colombiana C.I. Kogui LTDA con destino a Galicia. Parece una de tantas operaciones internacionales de exportación pero uno de los palés lleva oculta cocaína valorada en cinco millones de euros. Los responsables de la carga se sentarán este mes en el banquillo después de que un problema de papeleo destapase un alijo al que la policía seguía la pista. El destinatario del accidentado envío de plátanos era la empresa Vite Desarrollo,...
Puerto de Santa Marta, Bogotá (Colombia), 6 de noviembre de 2010. El buque Miv Maers Ravennan zarpa con 20 toneladas de plátanos que ha despachado la empresa colombiana C.I. Kogui LTDA con destino a Galicia. Parece una de tantas operaciones internacionales de exportación pero uno de los palés lleva oculta cocaína valorada en cinco millones de euros. Los responsables de la carga se sentarán este mes en el banquillo después de que un problema de papeleo destapase un alijo al que la policía seguía la pista. El destinatario del accidentado envío de plátanos era la empresa Vite Desarrollo, SL, con domicilio en Vigo. El empresario José Ramón del Río Dacosta había creado la mercantil para dar cobertura legal al negocio que le propuso Alfredo Martí González, según la acusación. Si hubiera salido bien, se habrían hecho millonarios con unos cuantos envíos al año de cocaína, utilizando la misma infraestructura pero alternando los puntos de destino con el puerto de Marín.
Martí había cerrado presuntamente la operación dos meses antes con el representante de un cartel colombiano y contaba para ello con la colaboración de otro socio, José Manuel Currás García, el hombre de los contactos del grupo. Tres días antes de la llegada del contenedor al puerto de Vigo, los proveedores de la droga enviaron a Galicia a dos enlaces para que supervisaran la preciada carga. Guillermo Torres Rodríguez tenía el supuesto cometido de mantener informados a sus jefes de la llegada del alijo y de las incidencias que se pudieran presentar, mientras José Germán Delgado Galvis debía encargarse de retirar la cocaína del puerto, además de entregar a la rama gallega de la organización todos los documentos administrativos necesarios para el despacho aduanero del contenedor.
Pero gracias a un soplo, la policía estaba esos días sobre la pista de la llegada de un contenedor sospechoso de transportar un alijo de cocaína, una información que entró en un juzgado de Cambados con el objetivo de coordinar una eventual operativo policial. Localizada la posible presa, el olfato de los agentes les condujo al buque que traía el cargamento de plátanos colombianos, por lo que se autorizaron pinchazos telefónicos a los importadores. Con la orden judicial, varios agentes procedieron al registro del contenedor el 29 de noviembre de 2010, el mismo día que llegó a la dársena comercial del puerto gallego. Tras varias horas de búsqueda, la inspección, sin embargo, no dio resultados: o no habían logrado encontrar la cocaína o la información era un fiasco.
Después del sobresalto del registro, los presuntos narcos ya se preparaban para retirar el contenedor del puerto cuando surge otro problema. Al comprobar los inspectores aduaneros el papeleo, la carga es retenida. En los documentos de importación había un fallo imprevisto: el buque no traía “banano macho para freír”, una variedad que no necesita ni licencia ni cupo para ser comercializada en España, sino banano cavendish o plátano común, que al ser producido también en territorio español está sujeto a restricciones comerciales por parte de la UE y precisa permiso. Para sacar el contenedor, la presunta organización de narcos necesitaba encontrar urgentemente una empresa importadora con licencia para esta variedad de plátano. Tras una búsqueda contra reloj, logra localizar dos mercantiles que se harían cargo del flete: Amalgamated Internacional, con sede en Holanda, y Yan Story 10 LTD, con sede social en Bulgaria. Después de múltiples gestiones, es esta última empresa la que acepta asumir la retirada del contenedor del puerto de Vigo y su traslado a un puerto del Mar Negro. Para ello, el empresario José Ramón del Río presentó dos cartas de cesión de la mercancía a favor ambas corporaciones extranjeras.
Subsanados los errores administrativos, en la mañana del 13 de enero de 2011 el contenedor pasa la última inspección reglamentaria antes de su salida de Vigo. Pero esta vez son las autoridades de Sanidad del puerto quienes rechazan su despacho al encontrarse la mercancía muy deteriorada y no resultar apta para el consumo humano, por lo que ordenan su destrucción.
En los días posteriores, todos los contactos y gestiones administrativos entre la rama colombiana y la rama gallega de la organización para hacerse con el contenedor fueron inútiles. Ante la desesperación de perder el alijo de cocaína por un mero trámite burocrático, la policía supo a través de los teléfonos móviles intervenidos que el grupo incluso planeó el secuestro del contenedor en pleno traslado por carretera a una planta incineradora para la destrucción de la mercancía. Ante estos nuevos indicios obtenidos a través de los móviles, a los investigadores les quedaban pocas dudas de que el contenedor transportaba algo más que plátanos. El día 19 de enero, otro auto judicial permitió a los agentes registrar por segunda vez los palés. Después de varias horas retirando la mercancía por fin se localizó el alijo, distribuido en el interior de seis de las tablas que soportaban el cargamento.
El proyecto de un millonario negocio terminó así con la detención de los cinco implicados, que serán juzgados el 18 de febrero en la Audiencia de Pontevedra. El fiscal solicita para Alfredo Martí 22 años de prisión como supuesto jefe del grupo y por tenencia de armas, al serle intervenido un revolver del calibre 22, y rebaja la condena a 16 años para el resto de los acusados. Además pide una multa de 20 millones para cada uno.