Una imputada revela que Marsal cobró a la patronal del metal por trabajos ficticios

Una imputada por colaborar en el presunto desvío de fondos de la patronal del metal ha puesto a su expresidente, Antoni Marsal —principal implicado en la trama— contra las cuerdas. Marsal está acusado de apoderarse de unos 600.000 euros de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) mediante empresas interpuestas que cobraron por trabajos ficticios. La mitad de ese dinero fue a cuenta de subvenciones públicas destinadas a organizar cursos de formación. Maria Ricoma, que fue socia de Marsal en una de esas sociedades, ...

Una imputada por colaborar en el presunto desvío de fondos de la patronal del metal ha puesto a su expresidente, Antoni Marsal —principal implicado en la trama— contra las cuerdas. Marsal está acusado de apoderarse de unos 600.000 euros de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) mediante empresas interpuestas que cobraron por trabajos ficticios. La mitad de ese dinero fue a cuenta de subvenciones públicas destinadas a organizar cursos de formación. Maria Ricoma, que fue socia de Marsal en una de esas sociedades, corroboró, en su declaración ante la juez la semana pasada, que Marsal no realizó ningún trabajo sobre formación para la UPM.

Ricoma era copropietaria y gerente de MCR, una de las empresas que Marsal usó, supuestamente, para perpetrar el saqueo de la patronal del metal, que aglutina a 18.500 empresas en Cataluña. La mujer, ya jubilada, explicó que MCR solo hizo tres trabajos reales para la UPM: dos sobre recursos humanos y otro sobre la situación de la industria del metal en Barcelona. Aquel trabajo se ejecutó a finales de 2007 —cuando Marsal llevaba ya un año en la presidencia de la entidad—— y despertó las dudas de Ricoma.

Según su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Ricoma “planteó [a Marsal] si era ético ese proyecto” dado que su socio era, además, presidente de la UPM, un cargo no remunerado. Marsal, siempre según la versión de la imputada, “le respondió que se iba a hacer de forma transparente” porque informaría “al comité ejecutivo” de la patronal.

Marsal, además, “le avisó de que, si veía movimientos económicos en las cuentas eran cosas suyas”. Y “no le dio ninguna explicación ni le alertó” de que MCR estaba emitiendo facturas para que las abonara UPM. La gerente llegó a reprocharle —sigue su versión— que el cargo de presidente de la patronal no tiene sueldo y él le respondió que los ingresos “obedecían a dietas o viajes”. Ricoma no llegó a preguntarle, admitió, por qué el dinero de la UPM iba a parar a MCR y no a alguna cuenta personal de Marsal.

La gerente añadió que su función era “técnica” y que el responsable de la contabilidad era Marsal, al que conoció cuando era directora de recursos humanos de Estampaciones Sabadell. Marsal dirigió durante 23 años la empresa, propiedad de su suegro, hasta que se separó de su mujer. Tras caer como símbolo del Vallès Industrial, trató de disputar la presidencia de Fomento del Trabajo y acabó alcanzando, en 2006, la presidencia de la UPM. La pasada primavera fue detenido y, hasta ahora, ha permanecido en silencio.

La misma estrategia de ocultación que empleó, presuntamente, con su socia, la aplicó con otro de los imputados por colaborar en el desvío de fondos: Ángel Blesa, que fue jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña a mediados de los 90. La juez sospecha que Blesa se prestó a emitir tres facturas falsas en 2008 (por un importe total que ronda los 60.000 euros) a Marsal y que este utilizó esas facturas para apropiarse de dinero de los cursos de formación. En su declaración, Blesa admitió la realidad de los hechos, pero “con matices”.

Según el excargo de Hacienda, Marsal le explicó que quería “reorientar las actividades formativas” y que contaba para ello con su empresa, que ya prestaba servicios de asesoría fiscal a la UPM. Más tarde, sin embargo, le dijo que ya tenía a otra empresa, que resultó ser la del propio Marsal. Con la excusa de que esa empresa tenía “algún problema” de homologación, según Blesa, Marsal le pidió que emitiera las facturas y después pagara los honorarios a esa tercera empresa, como un favor. Blesa accedió a ello “porque se lo pedía el presidente de la UPM, persona que le parecía no sospechosa de actuaciones incorrectas” y porque “no es una práctica infrecuente en todo tipo de despachos”. Creía, además, que “los servicios se habían prestado por parte de ese tercero”. Marsal, matizó, “no le explicó”, en ningún momento, su vinculación con la sociedad.