Nuestras élites extractivas
Madrid no está sola. En Cataluña también contamos con entusiastas de la política del despilfarro
A menudo desde el soberanismo se critica muy razonable y razonadamente el comportamiento de las denominadas élites extractivas españolas, las que se han beneficiado de la política de grandes infraestructuras. El despilfarro lleva al presunto cobro de comisiones por parte de partidos, a la simbiosis entre el capitalismo que vive del Boletín Oficial del Estado y los políticos que controlan sus páginas, lo que ha impulsado a España a enladrillar por encima de sus posibilidades en pos de la aparente modernidad. Mientras viajamos hacia el futuro a más de 300 kilómetros por hora en alta vel...
A menudo desde el soberanismo se critica muy razonable y razonadamente el comportamiento de las denominadas élites extractivas españolas, las que se han beneficiado de la política de grandes infraestructuras. El despilfarro lleva al presunto cobro de comisiones por parte de partidos, a la simbiosis entre el capitalismo que vive del Boletín Oficial del Estado y los políticos que controlan sus páginas, lo que ha impulsado a España a enladrillar por encima de sus posibilidades en pos de la aparente modernidad. Mientras viajamos hacia el futuro a más de 300 kilómetros por hora en alta velocidad, el país real retrocede en 2013 al blanco y negro y a la camiseta imperio: las remesas enviadas por los emigrantes españoles superan a las que los inmigrantes remiten a sus países de origen, tal como ha publicado este diario esta semana.
También en Cataluña contamos con entusiastas practicantes de la política del despilfarro y engorde rápido. Así, en los juzgados se halla el caso ITV. Al parecer, miembros destacados de CDC, Oriol Pujol entre ellos, y un grupo de empresarios intentaron acabar con el primer concurso público de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos y lograr que se convocara otro hecho a medida. Y por decisión del Tribunal Supremo, incluso un juez —Joaquín José Ortiz Blasco— se va a sentar en el banquillo, acusado de negociaciones prohibidas a funcionarios. Ortiz Blasco presidió la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta en cinco recursos sobre el sector de las ITV. Las élites catalanas —como tantas otras— han erigido su particular palco con trazos culturalmente distintos a los de Madrid. ¿Para qué hacer negocios en un frío estadio deportivo, contando con un incomparable marco modernista?
Poco antes de dejar el poder en 2003, CiU puso dos grandes infraestructuras en marcha: la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la Línea 9 del metro. La primera se finalizó, la segunda —un mustio bucle subterráneo— va para largo con la crisis. Según reconocimiento que honra al consejero Santi Vila, fue un proyecto “mal orientado y mal planeado”. 43 kilómetros y 46 estaciones debían componer este viacrucis metropolitano que ya tiene un sobrecoste de más de 10.000 millones de euros. Once años después de la primera foto inaugural, los escasos nueve kilómetros que separan el aeropuerto de El Prat de la Zona Franca continúan incomunicados por metro y las venas de la L-9 abiertas y desangrándose por una ciudad que lucha contra la crisis. Probablemente, Barcelona no precisaba una línea de tal extensión. Hubiera bastado con prolongar alguna de las ya existentes.
Al estallar el caso Palau, se comenzó a hablar de presuntos pagos de comisiones a CDC procedentes de Ferrovial a través del coliseo modernista, con los patricios Millet y Montull en el papel de crupieres-comisionistas. La Agencia Tributaria plasmó en su informe judicial estas sospechas, luego confirmadas por el fiscal y el propio juez, quien sostiene en su último auto que Convergència podría haberse lucrado con 5,1 millones de euros a través de comisiones que estarían estrechamente vinculadas a pagos de comisiones por la Ciudad de la Justicia y la Línea 9 de metro.
Todas esas conclusiones de la Agencia Tributaria, el fiscal y el juez han sido desestimadas por el Palau de la Música. Los abogados de la institución han considerado en decisión tomada el pasado 25 de septiembre que no está “suficientemente probado” el pago de comisiones y han decidido no acusar a Convergència por el expolio del Palau de la Música. Como el pago de comisiones constituye un delito contra la Administración pública, la dirección del Palau considera que no afecta a la institución, aunque parte de este dinero fuera destinado a su patrocinio.
Esa es la cuarta vez en que la cúpula del coliseo modernista se resiste a apuntar judicialmente contra Convergència. En una de las ocasiones lo justificó arguyendo la proximidad de la campaña electoral. Bien hecho. No está de más que en estas épocas de burdo materialismo alguien eche una mano al prójimo para que triunfe el fair play político. Los miembros de las élites, ya sea en el Bernabéu o en el Palau, no tienen por qué morderse entre ellos.