Lo que eclipsa la consulta

Pasqual Maragall y José Montilla solían lamentarse cuando eran presidentes de la Generalitat de que el eterno debate sobre el nuevo Estatuto catalán tapaba el resto de su acción de gobierno. Por más escuelas que inauguraran y barrios que rehabilitaran solo se hablaba del Estatuto. Algo parecido le está ocurriendo a Artur Mas con el proceso soberanista. El debate sobre la autodeterminación apenas deja espacio para hablar de lo otro. La diferencia sustancial es que hasta hoy Mas ha vivido cómodamente esta situación. El debate sobre la autodeterminación ha ayudado al Gobierno de CiU a que otros d...

Pasqual Maragall y José Montilla solían lamentarse cuando eran presidentes de la Generalitat de que el eterno debate sobre el nuevo Estatuto catalán tapaba el resto de su acción de gobierno. Por más escuelas que inauguraran y barrios que rehabilitaran solo se hablaba del Estatuto. Algo parecido le está ocurriendo a Artur Mas con el proceso soberanista. El debate sobre la autodeterminación apenas deja espacio para hablar de lo otro. La diferencia sustancial es que hasta hoy Mas ha vivido cómodamente esta situación. El debate sobre la autodeterminación ha ayudado al Gobierno de CiU a que otros debates incómodos sobre los recortes, la falta de Presupuestos o la errática reforma de la administración hayan quedado en un segundo término.

Desde el comienzo de la legislatura el Parlamento catalán solo ha aprobado una ley. Y fue, precisamente, sobre una medida que CiU no llevaba en su programa electoral: el aumento del impuesto de transmisiones patrimoniales que afecta a la vivienda usada. En este periodo el impulso de leyes también ha sido más que limitado por parte del Gobierno. Es rara la reunión del Consell Executiu que acaba con la aprobación de un anteproyecto de ley. En este comienzo de curso político solo uno ha visto la luz. Y se trata precisamente de una ley para apoyar el proceso soberanista a través de la Acción Exterior catalana.

La oposición acusa al Gobierno de Artur Mas de “maquillar” su escasa obra de gobierno con la aprobación de planes interdepartamentales de difícil fiscalización y proyectos piloto. Ambas medidas son, en muchos casos una suerte de mezcla de medidas ya en marcha con otras que se anuncian de forma reiterativa. Es el caso de la reforma del Servicio de Empleo de Cataluña. Los trámites para aprobar leyes también se publicitan hasta el extremo en un intento de transmitir la imagen de que la producción legislativa no se ha interrumpido. La mayor parte de reuniones del Gobierno acaban con el anuncio de que se ha puesto en marcha la “memoria preliminar al inicio de la tramitación de un anteproyecto de ley”. Entre este anuncio y la aprobación efectiva de la ley pueden pasar fácilmente más de seis meses, admite el Ejecutivo.

El Parlament solo ha aprobado una ley en lo que va de legislatura

El Gobierno de CiU es consciente de su escasa producción legislativa e insiste en que lo importante es la calidad de las leyes más que en su cantidad. Sin embargo, la oposición discrepa. No solo en cuestionar el concepto de “calidad”, sino especialmente por las formas. Y es que la mayor parte de textos legislativos impulsados por el Gobierno han llegado a la cámara en forma de Decreto ley, lo que reduce el debate a la mínima expresión. De esta forma, se han aprobado hasta siete decretos en asuntos capitales como el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto de patrimonio, de prórroga presupuestaria o de simplificación normativa.

Las quejas de la oposición solo se escucharon cuando el Gobierno catalán decidió prorrogar los Presupuestos y evitar debatir los recortes al considerar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había sido cicatero al repartir los objetivos de déficit entre Aministraciones. Sin haber tenido que dar explicaciones en el Parlament, a lo largo de este año el consejero Andreu Mas-Colell ha ejecutado los mayores ajustes de toda la crisis. La ejecución presupuestaria hasta junio reveló una bajada del gasto en sanidad del 20% y del 10% en enseñanza. En total, el gasto social se vio reducido en 1.293 millones en el primer semestre.

El gasto social se vio reducido en 1.293 millones el primer semestre

Esa voluminosa rebaja del gasto público podría haberse evitado —al menos en 500 millones— con un aumento de los ingresos a través de la batería de nuevos impuestos y tasas que se pactaron con ERC en los acuerdos de estabilidad parlamentaria, como el de las centrales nucleares, los pisos vacíos o la contaminación aérea. Su entrada en vigor ha quedado finalmente postergada a 2014. Por el camino el Gobierno ha perdido la tasa que gravaba las bebidas azucaradas ante la presión de las empresas norteamericanas.

Como consecuencia, algunas consejerías se han convertido casi exclusivamente en meras gestoras de los recortes. La oposición intentará en el debate de política general que comienza este miércoles en el Parlament que el Gobierno tenga que explicar su labor más allá de impulsar el proyecto soberanista. Será difícil. El Gobierno de Artur Mas está intentando que el debate sirva, fundamentalmente, para que del Parlament salga una declaración lo más unitaria posible a favor del derecho a decidir. Este es un resumen de la labor de los departamentos y de algunos de sus proyectos que siguen en el aire.

• La reforma del SOC. El Departamento de Empresa y Empleo, dirigido por Felip Puig, heredó de Francesc Xavier Mena, el consejero que prometió reducir el paro a la mitad, la reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), que el Gobierno catalán asegura cada seis meses que tendrá lista "dentro de seis meses". El Ejecutivo anunciaba el martes que ultima un anteproyecto de la ley de Empleo y del SOC, sin más materia que una batería de objetivos y con el paro por encima de las 611.000 personas. Puig, además, anunció también un plan de choque contra el empleo juvenil dotado de 30 millones de euros.

• La reordenación del sector público. El Departamento de Gobernación, en manos de Joana Ortega, tiene pendiente desde junio de 2012 el plan, que fue presentado en marzo a los sindicatos para racionalizar la administración autonómica y sus empresas (230.000 personas en total), con ideas como modificar ubicaciones, horarios, tareas o condiciones laborales. Pocos detalles más se han dado del plan, aparte de que afectará al personal técnico y administrativo, para el que se convocarán concursos de traslado para 14.000 personas.

• Amenaza sobre el transporte público. Desde que no hay dinero, el Departamento de Territorio se ha convertido en un mero gestor. Con las carreteras y de la línea 9 del metro casi paralizadas, el consejero Santi Vila ha puesto las manos a la obra en intentar arañar inversiones al Gobierno y sumarse a los esfuerzos de la Generalitat para ahorrar costes o lograr más recursos. Un ejemplo de eso último es la implantación de la Euroviñeta, el sistema de peaje que se aplicará para los camiones en el Eje Transversal.

• Recorte en Salud. El Departamento de Salud reducirá este año el gasto en cerca de 500 millones de euros (un 5,7%) hasta situarlo en los 8.200 millones, según fuentes de Economía y Conocimiento citadas el jueves por Europa Press. Hace meses que la consejería aplica recortes en todos los ámbitos. Salud impuso en mayo un recorte del 4,6% en las tarifas que paga al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Además, el departamento que dirige Boi Ruiz está ejecutando un ambicioso plan para redibujar el mapa sanitario que contempla recortes en muchos hospitales y, en algunos casos, la derivación de actividad hacia centros privados. La Reordenación Asistencial Territorial (RAT) ha comenzado sin que el consejero haya explicado el proyecto en detalle, por lo que el plan se está conociendo a medida que se aplica. El caso más significativo es el del hospital Clínic, que se enfrenta a un recorte de 17,5 millones de aquí a finales de año, lo que conllevará el cierre de 74 camas y la derivación de actividad al Sagrat Cor, un hospital privado controlado por la multinacional IDC Salud.

• Educación y Cultura. La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, está intentando quitarse de encima la financiación de las guarderías, que suponen unos 42 millones anuales. Otro de los quebraderos de cabeza de Rigau para este curso son las becas comedor, como instrumento para evitar los casos de deficiencias alimentarias sobre los que escuelas y servicios sociales han alertado. Enseñanza ha aportado este año 1,8 millones más, hasta un total de 34 millones, a estas ayudas, lo que permitirá otorgar hasta unas 3.500 becas más, que se añadirían a las 64.000 actuales. Algo totalmente insuficiente según los datos de los consejos comarcales que, debido a la falta de fondos, están rechazando a familias que cumplen todos los requisitos. Las entidades culturales también están con las espadas en alto. Muchas de ellas consideran que el departamento de Cultura hace oídos sordos a los conflictos del sector, como la crisis del Gran Teatro del Liceo, agudizada por la marcha de su director artístico, Joan Matabosch.

• Interior. El consejero de Interior, Ramon Espadaler, heredó una situación compleja en el departamento de su antecesor, Felip Puig. El caso de Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo en la huelga del 14-N, ha perjudicado gravemente la imagen del cuerpo. El departamento ha dado un cúmulo de versiones sobre lo que ocurrió. Quintana y los especialistas que la revisaron aseguran que fueron los Mossos, algo que Puig negó de manera reiterada. Más cauto, Espadaler ha separado a seis mossos de sus funciones como antidisturbios. Pero hasta el momento sigue sin aclararse quién hirió a Quintana. Espadaler en el tiempo que lleva en el cargo ha deshecho cuestiones polémicas que avaló su antecesor, como los somatenes o la recuperación del comité de ética de los Mossos.

Con información de Clara Blanchar, Dani Cordero, Ivanna Vallespín, Rebeca Carranco y Antía Castedo.