El PP catalán acepta que el Gobierno pague la escolarización en castellano

“Es una medida de difícil gestión, pero la aceptaremos”, afirma Sánchez-Camacho El portavoz del PP en el Congreso se reúne en el Parlament con los diputados populares catalanes

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña (PPC), ha anunciado este mediodía en el Parlament que no presentará ninguna enmienda contra los artículos de la ley Wert que proyectan financiar la escolarización en centros privados para aquellos alumnos que deseen ser educados en castellano. El proyecto de ley prevé dotar con 5.000 euros por alumno y plaza que serían costeados restándolos de las transferencias económicas que la...

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Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña (PPC), ha anunciado este mediodía en el Parlament que no presentará ninguna enmienda contra los artículos de la ley Wert que proyectan financiar la escolarización en centros privados para aquellos alumnos que deseen ser educados en castellano. El proyecto de ley prevé dotar con 5.000 euros por alumno y plaza que serían costeados restándolos de las transferencias económicas que la Administración central hace a la Generalitat en materia educativa. Esta fórmula de financiación provoca un rechazo unánime entre todas las fuerzas políticas catalanas –salvo el PP y Ciutadans- que lo consideran un ataque frontal a la inmersión. El PP también la cuestionó en su día, pero ahora no lo incorporarán a las enmiendas a la ley que presentarán en el Congreso.

“Es una medida de difícil gestión y aplicación. La criticamos por razones económicas, pero si el Gobierno de España cree que está en disposición de hacerlo la aceptaremos”, ha afirmado la popular, firme defensora del bilingüismo, quien ha realizado este anuncio junto a Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular en el Congreso que se ha reunido esta mañana en la Cámara catalana con la treintena de diputados populares de Cataluña. Durante la confección del proyecto de ley, Sánchez-Camacho se reunió en Madrid con el ministro José Ignacio Wert precisamente para buscar una solución al capítulo de la financiación en castellano.

La reunión ha puesto de relieve, una vez más, las enormes dificultades que tiene el PP catalán para que sus tesis sean aceptadas en su partido en toda España. La líder popular reivindica desde hace meses para Cataluña un déficit asimétrico y un modelo de financiación singular aunque dentro de la LOFCA pero Alonso no ha dado ningún signo de comulgar con esas peticiones. “Habrá que tener altitud de miras pero más allá de la discusión hay un objetivo común”, ha señalado Alonso, que ha dicho: “Será un acuerdo inteligente. Hay que entender que el interés general nos conviene a todos para salir fortalecidos”. Y, tampoco ha dado mejores perspectivas para el modelo de financiación singular al apuntar que no puede hacerse “a la medida y a la naturaleza de cada uno”. Su punto de partida es que, al menos, a juicio de Alonso, existe unanimidad en que el modelo actual, propugnado por el socialista José Montilla, no le gusta a nadie porque “tiene descontento a todo el mundo. Se ha demostrado que no se puede hacer peor”. Pese a todo ello, la líder popular ha asegurado que su partido aceptará el déficit que imponga el Gobierno y ha invitado a Artur Mas, presidente de la Generalitat, a hacer lo propio y abandonar el “victimismo”. Solamente, Sánchez-Camacho ha subrayado que sigue defendiendo el modelo de financiación singular, al estilo de Canarias, sin que ello deba suponer ningún privilegio para Cataluña.

El PP catalán pondrá en marcha la próxima semana la campaña denominada dret a saber (derecho a saber), que versará sobre el paro y la crisis, en contraposición a las que se están desplegando en favor del derecho tanto por CiU como del PSC, que pedirá el no en una hipotética votación. “No haremos campaña ni en favor ni en contra porque es algo ilegal. Los socialistas han caído en la trampa del independentismo”, ha deplorado la popular, que, sin embargo, no ha considerado incompatible que paralelamente el PP esté alentando en los Ayuntamientos la presentación de mociones en favor de la Constitución y la legalidad.

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