Díaz esgrime en Bruselas leyes de la UE para avalar la norma antidesahucio

La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ha viajado a Bruselas para disipar las dudas que habían surgido en algunos sectores de la Unión Europea sobre el impacto que el decreto andaluz de la vivienda pudiera tener en la estabilidad de la banca española. Díaz se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, al que le explicó ...

La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ha viajado a Bruselas para disipar las dudas que habían surgido en algunos sectores de la Unión Europea sobre el impacto que el decreto andaluz de la vivienda pudiera tener en la estabilidad de la banca española. Díaz se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Martin Schulz, al que le explicó el decreto, que prevé la expropiación temporal de las viviendas de familias amenazadas de desahucio y sanciones de hasta 9.000 euros a las entidades financieras e inmobiliarias que tengan casas vacías y se nieguen a ponerlas en alquiler.

El Gobierno andaluz sigue sin creerse que la Comisión Europea haya cuestionado la norma por su impacto en la banca, como difundió el Ejecutivo central. Con todo, la consejera ha preferido presentar el decreto en Europa. Según explicó la consejera tras el encuentro con Schulz, ambos compararon el decreto andaluz con otras normativas europeas sobre vivienda. Y el resultado, advirtió Díaz, es que Andalucía está “en el camino correcto”, pero hay países como Francia, Noruega o Alemania, cuyas leyes contemplan medidas más duras con la banca que el decreto de la Junta.

“Hay normativas que van más allá y nadie las cuestiona”, dice la consejera

“Hay normativas que van mucho más allá y nadie las cuestiona ni se dice que supongan un peligro para la salud del sistema financiero”, señaló. La consejera defendió el “anclaje jurídico” de la norma y negó que entrara en colisión con el llamado memorándum de entendimiento, el documento que recoge los compromisos que adquirió España cuando firmó el rescate financiero. “Lo que pretende esta norma es dar respuesta a un drama que se vive en el país. España tiene una ley hipotecaria insuficiente y los gobiernos tenemos que actuar”, explicó a los periodistas.

La visita de la consejera coincidió con una nota emitida por la agencia de calificación crediticia Fitch en la que advierte de que el decreto andaluz puede “debilitar” la aplicación de la normativa hipotecaria española. La agencia alude a que el decreto ya ha frenado el desahucio de una familia y entiende que esta circunstancia crea “incertidumbre”. “No está claro quién correrá con los gastos corrientes o el alquiler de la propiedad durante el periodo que las autoridades andaluzas determinen que debe ser alquilado al ocupante”, apunta.

La norma retrasará las ganancias de los fondos de hipotecas, dice la agencia

La agencia señala que este y tipo de legislaciones se encuentran entre las causas para que en marzo de 2013 Fitch asignara una “perspectiva negativa” a todos los tramos de bonos españoles de titulación hipotecaria de inmuebles residenciales. Con todo, en marzo de este año, cuando la agencia hizo esa calificación, el decreto andaluz aún no se conocía. La nota difundida ayer por Fitch surge de su departamento de financiación estructurada, que califica los bonos emitidos por fondos de titulización que compran hipotecas a los bancos con los que los usuarios las suscribieron. La primera vivienda sobre la que se ha aplicado el decreto andaluz estaba en manos de uno de estos fondos.

Según explica Carlos Masip, director de este departamento y uno de los autores de la nota, el decreto cambia “el marco jurídico” de las hipotecas que tienen los fondos de titulaciones. El impacto se produce, sobre todo, porque los tres años de expropiación temporal del inmueble van a provocar “un aumento de mora”. “Aumentará el tiempo que va a pasar entre que hay un impago, se vende el bien y el dinero vuelve al fondo”, explica Masip. En el informe de marzo la agencia ya advertía de consecuencias parecidas en otras iniciativas que se estaban adoptando desde las Administraciones, entre ellas el real decreto del Ejecutivo central que concede una moratoria de dos años para algunos desahucios.