El Síndic lleva ante la fiscalía las preferentes de Caixa Laietana
Ribó detecta "claros indicios de ilícitos penales" en el caso de los clientes de Caixa Laietana El intercambio de títulos deja sin ahorros a 15.000 personas
El cambio de participaciones preferentes y subordinadas de Caixa Laietana por acciones de Bankia ha llegado a la fiscalía. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha decidido enviar al ministerio público el resultado de sus investigaciones tras constatar una conclusión: existen “claros indicios de ilícitos penales”. Según Ribó, a más del 90% de los tenedores de p...
El cambio de participaciones preferentes y subordinadas de Caixa Laietana por acciones de Bankia ha llegado a la fiscalía. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha decidido enviar al ministerio público el resultado de sus investigaciones tras constatar una conclusión: existen “claros indicios de ilícitos penales”. Según Ribó, a más del 90% de los tenedores de preferentes se les forzó de alguna manera al intercambio de títulos de Bankia [en la que se integró Laietana], lo que representaba “una auténtica huida hacia adelante con un fenomenal riesgo de quiebra”, tanto para la entidad como para sus accionistas. Ese riesgo acabó materializándose cuando las acciones de Bankia se desplomaron. Los clientes de Laietana cambiaron en marzo del año pasado sus preferentes por acciones que valían 3,1 euros y ayer cotizaban a 0,27 euros. Sus ahorros se han evaporado.
Ribó evitó responsabilizar a nadie de lo ocurrido. Ni a los miembros del consejo de Caixa Laietana, que aprobó la venta de unos productos financieros complejos como son las preferentes a personas sin conocimientos. Tampoco a los de Bankia, quienes dieron el visto bueno el intercambio de títulos pese a la situación económica del banco que presidía Rodrigo Rato, finalmente nacionalizado. “No somos nadie para decidir las personas que incurrieron en esa responsabilidad”, señala Ribó. El síndico deja en manos de la fiscalía la adopción de “las medidas pertinentes” sobre el caso. El alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU), también evitó responsabilizar a los representantes políticos que se sentaban en el consejo de administración de Laietana, cuya presencia dijo que era “testimonial”.
La colocación de preferentes fue especialmente sangrante en Mataró, donde Caixa Laietana tiene su sede y una amplia penetración comercial en la ciudad y en toda la comarca. Las estimaciones apuntan a que solo en la capital del Maresme hay 4.500 casos que afectarían a un total de 15.000 personas si se tiene en cuenta las familias. El equivalente al 12% de la población estaría afectado por las preferentes colocadas, que sumaban un importe total de 164 millones de euros. “Ha dejado la comarca en una situación muy delicada”, explicó Mora sobre las consecuencias del doble mal trago al que se han visto forzados los clientes que adquirieron preferentes. Incluso ha generado consenso político en un Ayuntamiento inestable donde cada pleno es una aventura.
Las participaciones preferentes de Caixa Laietana han dejado un largo reguero de afectados en el Maresme que agrupa a todo tipo de perfiles. Desde jóvenes y jubilados que invirtieron sus ahorros a parados que vieron en esos productos, asesorados por los empleados de las oficinas, un colchón donde guardar las indemnizaciones de sus despidos. La gama de afectados es amplia y Mora considera que si no se toman medidas “enviamos a esas familias a la miseria”.
A finales del año pasado, el Síndic de Greuges ya advirtió de un caso de “mala praxis” y de “falta de ética” en la comercialización de preferentes por parte de las entidades financieras. Ayer afirmó que se produjo “un doble engaño”. Ahora, dado el doble impacto de la operación en Caixa Laietana, ha decidido ir más allá tras una reunión solicitada por el alcalde de Mataró, que le expresó la situación de indefensión en la que han caído los clientes de la caja. Al haber aceptado aquella propuesta de intercambio de títulos, los partícipes de las preferentes quedaron fuera del sistema de arbitraje en el que trabajan el PP y el PSOE para proteger a los afectados por las participaciones preferentes.
Ribó pide que en “los casos más flagrantes” se devuelva el dinero inmediatamente
De ahí que Ribó reclamara ayer un arbitraje equivalente para estos afectados. Instó al Ministerio de Economía, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que lo creen en un plazo máximo de tres meses y que concluyan el arbitrio después del medio año. La petición se amplía para que en “los casos más flagrantes” se adopten las medidas adecuadas para devolver de forma inmediata el dinero invertido, con garantía del FROB.
El Síndic admitió ayer que cuando le llegaron las primeras denuncias sobre casos de preferentes dudaba que pudiera hacer nada, al considerar que se trataba de un acuerdo entre privados. Tras analizar el caso, no obstante, considera que el producto financiero en sí y por la forma como se comercializaba sí iban en contra de dos mandatos del Estatuto: la protección de los consumidores y el derecho de los ciudadanos a conocer “el precio justo” de las cosas. Una vez analizados los casos, Ribó considera que las preferentes se vendieron “sin las necesarias prevenciones”, con la “pasividad e inactividad de los poderes públicos” y una “actitud nada ética de la banca y de los poderes públicos”.
Los problemas vinculados con las preferentes han permitido crear un frente común en el Maresme. No solo el alcalde de Mataró tiene el apoyo del conjunto de fuerzas políticas, sino que acompaña a las plataformas de afectados y ahora se han sumado los alcaldes de otros veinte municipios de la comarca. “Hemos de responder con buena política para resolver esta situación”, señala Joan Mora.