El comercio pide un plan de choque tras perder otro 6% de ventas en 2012
El comercio acumula 3.400 cierres de establecimientos desde el año 2008 La patronal se enroca contra la zona turística donde los comercios abran en domingo
Otro año crítico para el comercio. Y van cinco, desde el inicio de la crisis y el desmoronamiento del consumo. Las ventas cayeron el año pasado un 6,1% y acumulan 28 meses consecutivos de contracción. Desde 2008 se han perdido 46.300 empleos (el 13,9% del total) en el sector y se han cerrado 3.400 locales comerciales. Este año las estadísticas apuntan a que todo seguirá igual. No hay síntomas de mejora.
Total, que el secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC), Miquel Àngel Fraile, ha señalado hoy que es necesario poner en marcha un plan de choque que no pasa, ...
Otro año crítico para el comercio. Y van cinco, desde el inicio de la crisis y el desmoronamiento del consumo. Las ventas cayeron el año pasado un 6,1% y acumulan 28 meses consecutivos de contracción. Desde 2008 se han perdido 46.300 empleos (el 13,9% del total) en el sector y se han cerrado 3.400 locales comerciales. Este año las estadísticas apuntan a que todo seguirá igual. No hay síntomas de mejora.
Total, que el secretario general de la Confederación del Comercio de Cataluña (CCC), Miquel Àngel Fraile, ha señalado hoy que es necesario poner en marcha un plan de choque que no pasa, precisamente, por más liberalización de horarios o por la creación de una zona turística en Barcelona donde se pueda abrir los domingos, como reclaman algunos ejes comerciales de la ciudad.
"La confianza del consumidor se encuentra en una situación alarmante", ha señalado Fraile. La última señal de alarma se ha dado durante la actual campaña de rebajas, donde ni los pésimos resultados de la campaña de invierno ni los grandes descuentos aplicados han permitido acolchar la caída. "Hemos pinchado", ha señalado el representante del pequeño comercio, tras constatar una caída de la facturación durante la campaña de un 10%.
Fraile ha exigido un plan de choque teniendo en cuenta que "el comercio es la primera empresa de Cataluña", al menos respecto a la creación de empleo. En ese sentido, ha emplazado al Gobierno catalán a remitir al Parlamento cuanto antes la nueva Ley de Comercio, con la pretensión de controlar los periodos de rebajas y los denominados outlets y poner barreras a la Ley de Unidad Mercado que prevé Madrid, y que el pequeño comercio teme que se convierta en una nueva puerta a la liberalización del sector.
La patronal del pequeño comercio ha reiterado hoy su oposición tanto a la libre apertura en domingos como a la ampliación del horario comercial hasta las 90 horas semanales, como pretende el Gobierno central con el decreto liberalizador que aprobó el pasado verano. Según los cálculos de la CCC, esa ampliación de horarios supondría un incremento de los costes del 25%, un porcentaje que Fraile ha dudado que, en plena crisis, se pueda recuperar por la vía de los ingresos de caja.
Respecto a la posibilidad de crear una zona turística en Barcelona, la patronal sigue enrocada y se opone pese a que el número de ejes comerciales favorables va creciendo. Fraile ha señalado que esa liberalización no servirá para aumentar las ventas a los visitantes extranjeros de Barcelona, como arguyen las plataformas que la defienden.
"Eso es un mito", ha señalado Fraile, quien ha demandado claridad y ha preguntado a las organizaciones que están a favor si lo que quieren realmente es "captar la demanda interna", creando en Barcelona los domingos "un parque temático" adonde lleguen personas de todas las comarcas que rodean Barcelona. Incluso ha atacado a los hoteleros por reclamar la creación de esa zona franca comercial, acusándolo de ser el único sector que se aprovecha de la celebración de eventos incrementando los precios.
La CCC reclama un mayor control sobre los vendedores ambulantes ilegales —los denominados top manta—, a los que ha acusado de ingresar cada año 100 millones de euros. Asimismo, ha exigido a la Generalitat que cobre el impuesto de grandes superficies comerciales, después que el Tribunal Constitucional (TC) lo considerase legal. Las arcas catalanas tienen pendiente de cobro en torno a 120 millones de euros por ese impuesto, que la mayoría de los operadores se negó a pagar hasta que hubiera sentencia firme del TC.