Los ciudadanos, grandes perdedores

En el asunto de la reforma local, lo que reviste más gravedad es cómo el Gobierno ha conseguido colocar al municipalismo en el disparadero de la opinión pública, presentándolo ante la ciudadanía como la operación de ahorro que necesita España para salvar la crisis, recortando el número y las retribuciones de alcaldes y concejales.

En esa línea, a diario hemos asistido a titulares que nos hablan de que el 82% de los concejales no cobrará a partir de ahora, dando la imagen de que los munícipes estuvieran ahora en su mayoría percibiendo una remuneración.

Y ahí, la sorpresa llegará c...

En el asunto de la reforma local, lo que reviste más gravedad es cómo el Gobierno ha conseguido colocar al municipalismo en el disparadero de la opinión pública, presentándolo ante la ciudadanía como la operación de ahorro que necesita España para salvar la crisis, recortando el número y las retribuciones de alcaldes y concejales.

En esa línea, a diario hemos asistido a titulares que nos hablan de que el 82% de los concejales no cobrará a partir de ahora, dando la imagen de que los munícipes estuvieran ahora en su mayoría percibiendo una remuneración.

Y ahí, la sorpresa llegará cuando se compruebe que en torno al 80% de concejales no percibe nada por su trabajo en los Ayuntamientos. Y junto a esa falacia principal, el otro chivo expiatorio, la reducción de sueldo de alcaldes y la rebaja de personal eventual, solo será el 2% del ahorro total de 7.129 millones que Montoro dice que conseguirá.

En definitiva, nos quieren colar una injerencia flagrante en la autonomía local por parte de otro poder territorial, en este caso el del Gobierno central, con la excusa de que una tijera de 146 millones de euros —los que se derivarán del ahorro en sueldos— justifica el golpe de gracia que consumaron el pasado 15 de febrero en el Consejo de Ministros.

Ahí radica una cruel sinécdoque: La reforma local, a base de tomar la parte por el todo, aprovecha de manera desleal, cruel y lacerante un estado de cosas (la crisis) para ahogar, maniatar, secuestrar y enterrar la autonomía de los Ayuntamientos de este país.

Porque lejos de los titulares, lo que verdaderamente se está cociendo detrás de esta reforma no es ahorrar aquí o allá. En la penumbra de los pasillos, probablemente el gran capital esté ya preparando su desembarco en los Ayuntamientos para cuando entren de lleno en el festín privatizador que el PP ha orquestado, para cuando las diputaciones no den abasto prestando los servicios que el Gobierno pretende usurpar a los Ayuntamientos que no cumplan con ciertos requisitos económicos.

Esa es la verdadera razón de esta reforma, planificada concienzudamente desde el PP y para la que, durante meses, ya hemos asistido a la demonización del poder local para, desde ahí, justificar las medidas que contempla la reforma. A partir de ahora, los siguientes pasos serán vaciar de contenido político los Ayuntamientos, colapsar las diputaciones con encomiendas de servicios y, finalmente, llegar irremisiblemente a la necesidad de privatizar la mayoría de esos servicios que los Ayuntamientos prestan a sus vecinos y vecinas.

Para el final de la historia podemos elegir cualquiera de las crónicas que hablan hoy en día de las consecuencias que ya está teniendo la privatización y cierre de servicios, por ejemplo en el ámbito de la salud. Y siempre, el ciudadano es el gran perdedor en esas historias.

En la reforma local, el ciudadano también perderá por dos razones de peso. Primero porque su Ayuntamiento será una empresa más ofreciéndole servicios que solo se rigen por cuentas de resultados y balances economicistas; y segundo y más grave aún, con ese panorama, ¿qué sentido tendrá el voto en las municipales?

Fernando Rodríguez Villalobos es presidente de la Diputación de Sevilla