Prisión para el empresario que gestiona las multas en Santiago
La juez investiga si la adjudicataria pagó sobornos para conseguir el contrato que tiene en la capital gallega
La juez Pilar de Lara que instruye la Operación Manga, para combatir presuntas adjudicaciones irregulares en varias administraciones españolas, dictó ayer auto de prisión provisional contra el administrador de la empresa GRS ARS Local, que gestiona las multas en el Ayuntamiento de Santiago. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, A.R.V., directivo de la firma es el tercer imputado que la instructora envía a la cárcel, tras el exjefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas y el gerente de Aquagest en Santiago, Luis Míguez.
Además, la juez también ha decretado liber...
La juez Pilar de Lara que instruye la Operación Manga, para combatir presuntas adjudicaciones irregulares en varias administraciones españolas, dictó ayer auto de prisión provisional contra el administrador de la empresa GRS ARS Local, que gestiona las multas en el Ayuntamiento de Santiago. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, A.R.V., directivo de la firma es el tercer imputado que la instructora envía a la cárcel, tras el exjefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas y el gerente de Aquagest en Santiago, Luis Míguez.
Además, la juez también ha decretado libertad provisional con fianza para el alcalde de Sant Hilari y presidente del Consell Comarcal de la Selva (en Cataluña) Robert Fauria y para J.C.F., jefe del departamento de organización de servicios ciudadanos en este organismo catalán. Como en el Gobierno de Santiago, también en esta institución catalana la juez investiga presuntos sobornos y amaños de contratos, una conclusión que parte de las conexiones personales que pusieron de manifiesto las escuchas telefónicas iniciadas a raíz de la Operación Pokemon, también sobre ajudicaciones irregulares, y que dieron lugar a este segundo sumario.
Por su parte, el apoderado de la sociedad que gestiona las multas en Santiago, J.M.F., amigo de Espadas —hombre fuerte del Gobierno de Santiago durante el año que duró como alcalde Gerardo Conde Roa— quedó en libertad condicional. Igual que el edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada y que hoy tiene previsto formalizar su renuncia en el Ayuntamiento de Santiago y en la Diputación de A Coruña y que también se ha dado de baja en el PP.
Su cese implicará la entrada en la Corporación de Santiago del tercer relevo en el Gobierno municipal, José María Hernández, fontanero de profesión y que ocupaba el decimosexto lugar en las listas electorales. Antes que él accedieron al Ejecutivo Local, la edil Rebeca Domínguez en sustitución de Gonde Roa, que renunció a su acta cuando se conoció su imputación en un presunto fraude fiscal, y Luis Meijide que entró la semana pasada para relevar a Paula Prado, tras la marcha de esta pare centrarse en sus tareas de diputadas autonómica y en la portavocía del PP gallego.