El TSJC obliga a la Generalitat a facilitar a Agbar la oferta de Acciona sobre ATLL
El tribunal considera que el secreto de la documentación demandada tiene sentido hasta la licitación
El culebrón sobre la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) parece lejos de concluir. El último capítulo lo ha protagonizado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha dictado una interlocutoria en la que da la razón a Agbar en su demanda para poder contar con la documentación que entregó Acciona y con la que esta compañía se adjudicó la privatización de la empresa pública de la Generalitat. El alto tribunal requiere al consejero de Territorio, ...
El culebrón sobre la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) parece lejos de concluir. El último capítulo lo ha protagonizado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha dictado una interlocutoria en la que da la razón a Agbar en su demanda para poder contar con la documentación que entregó Acciona y con la que esta compañía se adjudicó la privatización de la empresa pública de la Generalitat. El alto tribunal requiere al consejero de Territorio, Lluís Recoder, a entregar "de forma inmediata", la documentación requerida, que incluiría los datos sobre la oferta económica.
Agbar desconfía de la viabilidad económica del proyecto presentado por Acciona, que se llevó el concurso gracias a la oferta tarifaria que realizó. Por ello, desde que supo que el grupo madrileño pujó con una tarifa de 0,7088 euros por metro cúbico de agua (frente a los 0,78 euros de Agbar) advirtió que impugnaría el proceso.
Su batalla hasta ahora se ha centrado en conseguir la documentación entregada por la constructora, a lo que el Departamento de Territorio se ha negado pese a las sucesivas decisiones judiciales que le instaban a ello. En una ocasión, incluso, representantes de Agbar pudieron ojear la documentación en presencia de abogados de la Generalitat, pero sin poder realizar copias, como requerían.
La interlocutoria del TSJC se basa en un principio de "transparencia y acceso a toda la información disponible" para dar la razón a Agbar y resta valor a la confidencialidad que quiere otorgar el Departamento de Territorio a esa información. De hecho, el auto afirma que la información que el gobierno se resiste a entregar está "menos vinculada al secreto comercial", ya que se elabora especialmente para la licitación y "se agota" a partir de ésta.