Historia de una ignominia

Cada decisión de los tribunales es un clavo más en el ataúd político de Francisco Camps. La semana que concluye ha sido tremenda. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado el procesamiento de Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, vicepresidente y consejeras de turismo con Camps, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y cohecho. El mismo día, el Tribunal Supremo anulaba la decisión de prohibir las emisiones de TV3 y la sanción de 350.000 euros que el Consell del expresidente impuso a Acció Cultural del ...

Cada decisión de los tribunales es un clavo más en el ataúd político de Francisco Camps. La semana que concluye ha sido tremenda. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado el procesamiento de Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, vicepresidente y consejeras de turismo con Camps, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y cohecho. El mismo día, el Tribunal Supremo anulaba la decisión de prohibir las emisiones de TV3 y la sanción de 350.000 euros que el Consell del expresidente impuso a Acció Cultural del País Valencià. Dos varapalos judiciales que venían a subrayar algo que ya sabido. Nunca en la historia reciente de la Comunidad Valenciana se toleró, consintió y practicó la corrupción como en la desgraciada etapa en la que Francisco Camps ocupó la presidencia de la Generalitat. Y jamás se padeció gobierno tan sectario, incapaz de solucionar los problemas de los valencianos, pero siempre dispuesto a aniquilar al adversario político, cultural o mediático. El hombre cuyo único mérito para dirigir la máxima institución autonómica fue caerle en gracia a Eduardo Zaplana ha conseguido, como se propuso, pasar a la historia. Algún día, quien le propuso y quien le apoyó hasta el punto de ponerle como ejemplo de gran gestor de la política del PP (Mariano Rajoy) tendrán que explicar las virtudes que vieron en tan singular personaje porque debieron ser razones del corazón que la razón no entiende. Con otra perspectiva, historiadores y economistas analizarán una etapa en la que el nombre de Valencia acabó siendo sinónimo de vergüenza propia y ajena. Quede para la letra pequeña el papelón de buena parte de los medios de comunicación y de quienes desde sus tribunas jalearon y justificaron los desmanes y tropelías de aquel Consell o criticaron a quienes se resistieron a comulgar con ruedas de molino y atacaron a quienes pusieron ante la justicia las evidencias del saqueo del que eran objeto las arcas públicas con el argumento falaz de que no se debe judicializar la política.

Camps no estuvo solo en el diseño de una estrategia política enloquecida

Camps no estuvo solo en el diseño de una estrategia política enloquecida, como se va viendo día a día con las resoluciones de los tribunales. Pieza fundamental en la arquitectura del despropósito fue el malhadado consejero de Educación y Cultura, Alejandro Font de Mora, con sus ocurrencias de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, introducir la enseñanza del chino mandarín, perseguir a directores de institutos porque permitían la colocación de fotos suyas cabeza abajo en los tablones de anuncios y maltratar el valenciano. Ahora vegeta en la Mesa de las Cortes Valencianas, a la espera de su jubilación política o de su regreso a la práctica forense que, visto lo visto, nunca debió abandonar dada su excelente cualificación profesional.

La historia de los sucesivos gobiernos de Camps es la historia de la ignominia política. Apenas hay consejero o cargo del PP de cierta relevancia que no tenga problemas con la justicia. El primero en sentarse en el banquillo de los acusados fue él, pero dentro de nada lo hará quien ocupara el segundo cargo institucional, la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez. Con tales antecedentes no es extraño que los valencianos, según el CIS, seamos los españoles más fervientemente partidarios de la recentralización, de devolver las competencias a la administración central. Cómo no lo vamos a ser. El PP de Camps arrasó la autonomía y la sembró de sal para que nunca más brotara la semilla del autogobierno. Y todo se hizo en nombre del pueblo valenciano y con el concurso entusiasta de un empresariado que ahora —¡vaya por Dios!— siente tentaciones de enarbolar banderas soberanistas visto el maltrato con que los gobiernos de España (y en particular este de Rajoy) han sometido a esta tierra.

Sea, pues, en buena hora que la justicia vaya dejando a cada cual en su lugar, sin olvidar que en muchas ocasiones ha sido el Supremo y no el TSJ valenciano el que ha puesto las cosas en su sitio. Pero nada hay tan malo que no sea susceptible de empeorar. Ahí tienen a Camps en el Consell Jurídic Consultiu.