Mena dejó sin renta mínima al 34% de los beneficiarios que investigó

El Ejecutivo catalán ha recibido un varapalo del Síndic de Greuges, que ve en la crisis de la renta mínima de inserción (RMI), que se produjo hace justo un año, un claro ejemplo de “mala gestión” de la Administración. La Generalitat suspendió esa ayuda de 426 euros para hogares sin ningún ingreso a 7.127 beneficiarios, más de un tercio de los 20.969 expedientes que fueron revisados entre agosto y diciembre de 2011. Sin embargo, ese volumen de p...

El Ejecutivo catalán ha recibido un varapalo del Síndic de Greuges, que ve en la crisis de la renta mínima de inserción (RMI), que se produjo hace justo un año, un claro ejemplo de “mala gestión” de la Administración. La Generalitat suspendió esa ayuda de 426 euros para hogares sin ningún ingreso a 7.127 beneficiarios, más de un tercio de los 20.969 expedientes que fueron revisados entre agosto y diciembre de 2011. Sin embargo, ese volumen de perjudicados no se corresponde con la tasa de fraude que el consejero Francesc Xavier Mena quería destapar. El Síndic ha recibido más de 1.300 quejas sobre la RMI, y el grueso de estas corresponde a ciudadanos que forman parte de esos 7.127 casos a quienes posteriormente se les reconoció el derecho a esa ayuda, a pesar de que muchos de ellos todavía no hayan vuelto a cobrarla o tengan pendientes el cobro de meses anteriores.

En una entrevista a Europa Press, el síndic de greuges, Rafael Ribó, reiteró la conclusión que ya expuso en marzo en el Parlament de Cataluña: la crisis de la RMI fue un caso de la mala praxis. “Al Síndic le preocupan especialmente la evidencia de una práctica poco cuidadosa de la Administración que dejó en situación de indefensión a miles de beneficiarios”, explicó el adjunto al Síndico, Jordi Sánchez. Esa es una de las conclusiones que recoge el informe sobre la actuación de oficio que emprendida por el Síndic tras el alud de quejas por la gestión del Ejecutivo.

El documento no cuestiona que el Ejecutivo catalán decidiera revisar esa ayuda para detectar casos de fraude, sino la forma indiscriminada por la que se optó para hacerlo. En ese proceso, concluye el informe, se produjeron “actuaciones incorrectas o faltas de las garantías necesarias” que supusieron que los afectados por esa decisión “se vieran privadas de los recursos imprescindibles para hacer frente a las necesidades básicas de las familias”. El informe, de hecho, recuerda que la RMI es un instrumento “integral de lucha contra la pobreza” para atender las necesidades básicas de ciudadanos en riesgo de exclusión.

Una portavoz del Departamento de Empresa y Empleo, que ahora centraliza la ayuda, aseguró que el consejero “ha tomado nota” del informe del Síndic 

El Síndic remitió a Mena ese informe el pasado 8 de junio junto una carta en la que pide, entre otras cosas, que se retome el pago de todos los casos en los que el titular cumplía los requisitos y que se abonen todos los atrasos pendientes. Mena todavía no ha dado respuesta a esa misiva. Una portavoz del Departamento de Empresa y Empleo, que ahora centraliza la ayuda, aseguró que el consejero “ha tomado nota” del informe del Síndic pero se mantuvo en que no dará datos hasta tener la foto fija del cierre del año.

El documento del Síndic señala que la situación de indefensión en la que han quedado miles de beneficiarios se debe a que la suspensión del pago se produjo “en general” antes de que el afectado recibiera la resolución que respaldaba esa decisión. En ocasiones, esa notificación incluso llegó a demorarse meses, lo cual impedía que estas personas desconocieran los motivos por los cuales dejaban de cobrar la ayuda y les impedía formular una reclamación.

En el caso de quienes consiguieron que se reconociera su derecho a percibir la renta mínima de inserción (RMI), el Ejecutivo catalán fijó una fecha de reanudación de pagos “muy posterior” a la de suspensión. Es decir, que muchos de quienes dejaron de cobrar en agosto no volvieron a percibir la RMI hasta enero, sin recibir ninguna explicación de por qué no iban a cobrar los meses anteriores. Las entidades sociales, que ya alertaron de esta situación, lo achacan a la voluntad de la Generalitat de querer ahorrar con esa prestación. A pesar de que el departamento de Mena ha asegurado en varias ocasiones que la finalidad de esa revisión fue detectar casos de fraude, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ponía como ejemplo de medida de ahorro esa decisión en una videoconferencia con inversores internacionales.

El informe del Síndic también pone énfasis en el escaso margen de participación que se ha dado a los servicios sociales básicos, en las deficiencias de coordinación entre el departamento de Empresa y Empleo y el de Bienestar y Familia. De hecho, el Síndic resalta que el departamento que dirige Mena realizó la instrucción de la revisión de los expedientes sin la valoración social del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). “Una mejor programación del proceso, con información previa y con tiempo suficiente a las personas interesadas y a los servicios sociales básicos hubiera contribuido a evitar o minimizar muchas de las incidencias producidas”, remacha el informe.

A pesar de que Empresa y Empleo no ha actualizado los datos sobre estas prestaciones, las entidades sociales y la oposición de izquierdas viene criticando que la Generalitat ha endurecido las condiciones de acceso a ese subsidio y que, además, hay miles de expedientes paralizados. El PSC cifró recientemente los casos no atendidos en 10.000.