Un patinazo en el peor momento
La imagen del Gobierno vasco acaba de recibir un sonoro sopapo con el archivo del denominado caso Justicia. Este previsible revés llega, además, en un momento especialmente incómodo para la estabilidad del propio Ejecutivo, acuciado por quienes entienden que su soledad en tiempos de crisis económica aboca a un adelanto electoral. Pero el corpus del debate ahora es bien diferente. Alguien se ha equivocado gravemente en el departamento de Idoia Mendia y aquella denuncia irradiada con tanto ardor hace medio año porque se habían malgasta...
La imagen del Gobierno vasco acaba de recibir un sonoro sopapo con el archivo del denominado caso Justicia. Este previsible revés llega, además, en un momento especialmente incómodo para la estabilidad del propio Ejecutivo, acuciado por quienes entienden que su soledad en tiempos de crisis económica aboca a un adelanto electoral. Pero el corpus del debate ahora es bien diferente. Alguien se ha equivocado gravemente en el departamento de Idoia Mendia y aquella denuncia irradiada con tanto ardor hace medio año porque se habían malgastado irresponsable e intencionadamente 23 millones de euros no puede quedar reducida a la respuesta de un simple acatamiento. Alguien debe explicar dónde veía la comisión de un delito. No se puede sospechar de una negligencia de tamaña envergadura económica y procedimental y luego refugiarse en el silencio como si fuera papel mojado.
Todavía hoy se antoja inimaginable que personas con largo recorrido en los procedimientos administrativos, con una contrastada carrera judicial de por medio, no hayan sabido distinguir un error de uso administrativo de un cohecho y así generar una sensación de alarma que no va más allá de un estrepitoso patinazo. Precisamente por el prestigio de esta trayectoria profesional de quienes inspiraron tan grave denuncia en sede de Gobierno cobró fuerza en su día y, de hecho, su irremediable proyección pública arrastró a quienes encontró por el cauce, incluido el propio beneficio de la duda.
En Justicia, como no podía ser de otra manera, han creído en la solidez de su denuncia hasta que ayer mismo les llamó el fiscal para abrirles los ojos. De hecho, uno de sus asesores, peligrosamente acostumbrado a interpretar las referencias mediáticas sobre el departamento, llegó a asociar ingenuamente la larga declaración de la viceconsejera Cinto como prueba evidente de que las pruebas acusatorias serían determinantes a su favor. Quizá estos errores intuitivos expliquen más fácilmente por extensión que demasiada gente de la Administración pública vive fuera de la realidad o que al levitar dos palmos sobre la acera han decidido construir su propio hábitat para que nadie le despierte del sueño. En ese caso, no es de extrañar que mazazos que reciben como el archivo del caso Justicia les sigan pareciendo inimaginables.