Menos dinero para acoger inmigrantes, más recursos para evitar bandas y guetos

Leonardo Da Vinci demostró que, excepto como experimento musical, el móvil perpetuo es un objeto imposible. Y, sin embargo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presume una y otra vez de que el Ayuntamiento, hasta diciembre con Alberto Ruiz-Gallardón, y desde entonces a su cargo, lleva reduciendo su presupuesto desde 2008 al tiempo que crea empleo y “garantiza los servicios públicos y la calidad de su prestación”. Lo único cierto es que, efectivamente, el Gobierno local (en manos del Partido Popular desde hace 21 años), ha recortado su presupuesto un 21% desde el inicio de la crisis económica....

Leonardo Da Vinci demostró que, excepto como experimento musical, el móvil perpetuo es un objeto imposible. Y, sin embargo, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presume una y otra vez de que el Ayuntamiento, hasta diciembre con Alberto Ruiz-Gallardón, y desde entonces a su cargo, lleva reduciendo su presupuesto desde 2008 al tiempo que crea empleo y “garantiza los servicios públicos y la calidad de su prestación”. Lo único cierto es que, efectivamente, el Gobierno local (en manos del Partido Popular desde hace 21 años), ha recortado su presupuesto un 21% desde el inicio de la crisis económica. Desde luego, en ese periodo no se ha creado empleo (2007 acabó con 110.000 parados en la capital; el pasado mes de mayo había 244.000). Y los servicios municipales no han dejado de menguar. Buena muestra de ello son los relacionados con la inmigración, que llevan años adelgazando; el último tajo se ha aplicado con el reciente plan de ajuste. Pero además, este servicio está sufriendo un viraje en su filosofía, cambiando el foco de la acogida de recién llegados (cada vez menos) a la problemática integración de la segunda generación.

En enero de 2009, Gallardón suprimió el Servicio de Mediación Social Intercultural, que llevaba 11 años funcionando. Luego desaparecieron la Escuela de Convivencia Intercultural, el Servicio de Apoyo a la Gestión de la Diversidad, proyectos de integración en distritos y escuelas, etcétera. En enero de 2010, desmontó el Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural, quitándole la sede propia y reduciendo de 11 a dos sus trabajadores. Eliminó además el contrato de gestión, que en 2008 ascendió a 1,2 millones de euros para elaborar sus programas.

“El observatorio, que era muy potente, ha desaparecido como tal, sólo queda una labor residual de explotación de datos, pero lo veo hasta lógico, no me preocupa porque, en estas circunstancias tan dramáticas, prefiero tener abiertos los centros de acogida, podemos sobrevivir sin un observatorio”, explica la directora general de Igualdad de Oportunidades, Rocío de la Hoz.

El último golpe se lo ha llevado el Servicio de Dinamización en Espacios Públicos, cuya función es “favorecer la convivencia ciudadana fomentando las relaciones interculturales, sensibilizando a los vecinos en el uso correcto de los espacios públicos, el respeto mutuo entre las culturas (…) para convivir en armonía”. Resumido: permitir que inmigrantes de origen diverso y españoles aprendan a relacionarse para enriquecerse o, al menos, no hacerse la vida imposible.

El plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento para poder pagar las facturas atrasadas de la etapa de Gallardón (2004-2012) frustró la prórroga de este servicio, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de marzo. “Vamos a intentar hacer un convenio para cubrir el resto del año, y volver a licitar el contrato el año que viene”, explica De la Hoz. En ese periodo, añade, la cantidad destinada a este servicio, 1,3 millones, no mermaría. Ese convenio, en principio con “una entidad fuerte que lleve tiempo realizando esa actividad por su cuenta”, se centrará en los distritos más problemáticos y los meses de verano, para fomentar la convivencia en parques, piscinas, etcétera.

El plan de ajuste de la regidora, Ana Botella, ha recortado además la subvención a Cruz Roja, de 1,5 a 1,3 millones, y las ayudas para proyectos de ONG, que de los 1,4 millones de 2010 y 2011 pasan a 400.000 en 2012. Antes, ya se habían reducido de cuatro a dos las oficinas de Oficinas de Información y Orientación para la Integración, que ofrecen, entre otros servicios, cursos de español, formación e inserción laboral, traducción, etcétera.

Todas estas medidas tienen un solo objeto: ahorrar. En 2009, la concejalía de Servicios Sociales contaba con un programa específico para la inmigración, al mismo nivel que los servicios educativos y de atención a los mayores, la ayuda a personas sin hogar, etcétera. Disponía de 14,5 millones de presupuesto, a los que se sumaban 20.5 millones para programas de ayuda al desarrollo. En 2012, las políticas de inmigración municipales no cuentan con un programa presupuestario propio, sino que están integradas dentro de una subdirección general. Presupuesto: 8,6 millones.

Retorno a sus países de origen

El dinero destinado a inmigración ha caído un 41% desde 2009, pero la cifra de inmigrantes apenas ha disminuido. En enero de ese año había 574.879 extranjeros empadronados en Madrid (el 17,5% del total), de los que 76.893 eran menores de 16 años. Los países de procedencia, en orden de importancia, eran Ecuador, Rumania, Bolivia, Perú, Colombia, China y Marruecos.

Al acabar 2011, había 557.117 extranjeros (16,9%), aunque solo uno de cada diez había llegado a la ciudad en los últimos dos años. Los menores de 16 años ascendían a 72.018, un 15% de los niños en población escolar de la capital. La reducción de empadronados (17.762) la explicaba el Ayuntamiento por la vuelta de ciudadanos suramericanos y africanos a sus países de origen.

A las oficinas de asesoramiento se sigue acercando “muchísima gente”, según De la Hoz, para resolver cuestiones como la reagrupación familiar, los trámites de nacionalización o el cambio de régimen de las empleadas del hogar. Según cuenta, “el perfil de la inmigración ha cambiado mucho, la población está ahora muy asentada y hace uso de los recursos generales para toda la población en condiciones normalizadas”. “Una familia que lleva años en Madrid, y que padece la crisis como el resto de la población, acude a los servicios de empleo y sociales, no necesita un recurso especifico”, añade. Sin embargo, eso no significa que no tenga necesidades específicas, sino que estás han ido cambiando, admite la responsable municipal.

Un estudio de la Universidad de Princeton (Estados Unidos) y de la Universidad de Comillas realizado a partir de entrevistas con 7.000 jóvenes extranjeros en Madrid y Barcelona y publicado por la Fundación José Ortega y Gasset recalca la importancia del trabajo de orientación laboral y familiar con la segunda generación, los hijos de los inmigrantes venidos a España, para lograr su integración y mejorar sus expectativas y calidad de vida, evitando además la formación de guetos.

“Es el tema a tratar ahora con mayor intensidad, tenemos que dar un apoyo integral a las familias, y eso requiere de nuevos programas para padres e hijos”, explica De la Hoz, que pone un ejemplo: “Un muchacho que ha estado separado de su familia, en su país de origen, con sus padres ganándose la vida aquí, disfrutaba de un nivel de vida superior al de sus compañeros; al ser reagrupado, se produce un choque importante, que puede derivar en una mala relación con los padres, e incluso en un problema de bandas”.

Hasta ahora existía un programa así en Villaverde, donde el 23,1% de su población es inmigrante. El área de Asuntos Sociales lo va a extender a cinco distritos más: Carabanchel (22,8%), Fuencarral-El Pardo (10,6%), Puente de Vallecas (19,5%), Usera (23,9%) y Villa de Vallecas (16,3%). “Hemos detectado los barrios más problemáticos, y vamos a actuar en coordinación con las asociaciones de vecinos y las Juntas de Distrito, a través de educadores sociales y con actividades de integración con la población autóctona vía deporte, talleres, etcétera”, explica De la Hoz. El presupuesto asciende a 130.000 euros.

Unión Progreso y Democracia, que ha denunciado en comisión municipal los recortes en políticas de inmigración, acusa al Ayuntamiento de escudarse en la disminución de la población inmigrante, mínima, para aplicar ajustes a los que les obliga su mala situación económica. Eluden, en opinión de la concejal Cristina Chamorro, que obtener la nacionalidad o llevar año aquí no es sinónimo de integración social. “La crisis no sólo ha provocado que un reducido porcentaje regrese a su país, también ha empeorado la situación de los que se han quedado, más expuestos al desempleo y a la pérdida de la vivienda, a la comisión de delitos y actos violentos e integración en bandas de adolescentes y jóvenes, a conflictos familiares, problemas de fracaso y absentismo escolar”, explica.