Punto final al privilegio en las pensiones
Con la reforma de la Ley de Gobierno aprobada ayer, Euskadi eliminará, para los futuros exconsejeros y exviceconsejeros, los privilegios en las pensiones que hoy gozan, y seguirán manteniendo, unos 70 predecesores suyos, de gobiernos anteriores, ya jubilados. Estos cobran de los presupuestos vascos complementos que cuestan a las arcas públicas más de un millón de euros anuales, para igualar sus ingresos a la mitad del salario actual en el puesto que ocuparon. A partir de ahora, esas personas los conservarán, pero al menos no rebasarán la pensión máxima de la Seguridad Social.
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Con la reforma de la Ley de Gobierno aprobada ayer, Euskadi eliminará, para los futuros exconsejeros y exviceconsejeros, los privilegios en las pensiones que hoy gozan, y seguirán manteniendo, unos 70 predecesores suyos, de gobiernos anteriores, ya jubilados. Estos cobran de los presupuestos vascos complementos que cuestan a las arcas públicas más de un millón de euros anuales, para igualar sus ingresos a la mitad del salario actual en el puesto que ocuparon. A partir de ahora, esas personas los conservarán, pero al menos no rebasarán la pensión máxima de la Seguridad Social.
También ese privilegio se suprime por completo para quienes se jubilen de aquí en adelante. Solo se mantiene la excepción a los que hayan cumplido los 60 años a la entrada en vigor de este cambio legal: se les igualará con los excargos ya retirados en la pensión máxima.
Pero el resto de los futuros exconsejeros y exviceconsejeros, entre ellos los del actual Gobierno, quedarán ya igualados al resto de los ciudadanos. La pensión que cobren en su día será la que les corresponda en función de las cotizaciones de toda su vida activa. La situación de los exlehendakaris no se ha tocado. La Cámara eligió también a los tres parlamentarios que defenderán en el Congreso la propuesta de reformar el régimen general de la Seguridad Social. Serán Ricardo Gatzagaetxebarria, del PNV; el socialista José Antonio Pastor y Antón Damborenea, portavoz del PP.
Se trata de que parlamentarios autonómicos, miembros de corporaciones locales y Juntas Generales, de cabildos y consejos insulares, así como cargos representativos de los sindicatos, hasta ahora excluidos de la cotización por desempleo, la paguen y puedan cobrar la prestación si llega el caso.