Maroto deberá presentar otro presupuesto salvo decisión en contra del Superior

Sin sorpresas, las Juntas Generales de Álava aprobaron ayer la reforma de la norma foral de entidades locales para que los alcaldes se vean forzados a presentar presupuestos y a debatirlos. El cambio fue ratificado con los votos a favor del PSE y el PNV, el voto en contra del PP y la abstención de Bildu y EB.

Con este resultado, la norma foral será publicada en el boletín oficial del territorio histórico la próxima semana, lo que obligará al Ayuntamiento de Vitoria a presentar un proyecto de cuentas como máximo siete días después. Para el resto de municipios, los cambios serán aplicable...

Sin sorpresas, las Juntas Generales de Álava aprobaron ayer la reforma de la norma foral de entidades locales para que los alcaldes se vean forzados a presentar presupuestos y a debatirlos. El cambio fue ratificado con los votos a favor del PSE y el PNV, el voto en contra del PP y la abstención de Bildu y EB.

Con este resultado, la norma foral será publicada en el boletín oficial del territorio histórico la próxima semana, lo que obligará al Ayuntamiento de Vitoria a presentar un proyecto de cuentas como máximo siete días después. Para el resto de municipios, los cambios serán aplicables a partir del próximo año. De no cumplir con la reforma, la Diputación deberá retener la financiación a través del Fofel, el Fondo de Financiación de las Entidades Locales —este año se lo ha retenido al Ayuntamiento de Armiñón por no presentar la ejecución presupuestaria en los últimos cinco años—.

El PNV apostó por no

Ante esta situación, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, repitió ayer que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco —pese a que socialistas y jeltzales han promovido una iniciativa para que el pleno del Consistorio rechace esta acción— porque invade sus competencias. La suspensión cautelar de la norma foral y la posterior anulación es la única baza que le queda.

El PP criticó a través su portavoz en las Juntas Generales, Ana Morales, un cambio que tachó de “injerencia” y que, según este grupo, “contradice las normas de rango superior” e introduce una “importante desarmonización” respecto al resto de provincias vascas. El jeltzale Ramiro González señaló que solo dos del medio centenar de entidades locales se han mostrado en contra, Vitoria y Labastida, y defendió la necesidad de “no hurtar” el debate de las cuentas. Pese a permitir la aprobación de la modificación, Bildu retomó las dudas sobre la “inseguridad jurídica” del cambio que podría tener “importantes consecuencias” y criticó el debate “interesado, falso y de política ficción” entre PP y PNV, que en Vitoria han pactado las inversiones.