Esperando al coronel Jiménez

Indulgente consigo mismo a la hora de suavizar casi un punto y medio (del 4,4% al 5,8%) el objetivo de déficit español fijado por Europa para 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha mostrado de una severidad inflexible, de un rigor calvinista, en el momento de imponer a las comunidades autónomas que, este mismo año, reduzcan su déficit a un máximo del 1,5% del PIB cuando —por ejemplo— la Generalitat de Cataluña pedía que se admitiese hasta un 1,7%. Ello obligará a las autonomías a una reelaboración ...

Indulgente consigo mismo a la hora de suavizar casi un punto y medio (del 4,4% al 5,8%) el objetivo de déficit español fijado por Europa para 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha mostrado de una severidad inflexible, de un rigor calvinista, en el momento de imponer a las comunidades autónomas que, este mismo año, reduzcan su déficit a un máximo del 1,5% del PIB cuando —por ejemplo— la Generalitat de Cataluña pedía que se admitiese hasta un 1,7%. Ello obligará a las autonomías a una reelaboración presupuestaria inmediata y humillante que convierte su autogobierno financiero en una broma de mal gusto. Pero, sobre todo, les va a imponer una (en nuestro caso, otra) oleada de recortes devastadora para el Estado de bienestar cuando es notorio que el 66,9% del gasto autonómico se destina a sanidad, educación y servicios sociales.

Diga lo que diga el ministro Montoro, la falta de equidad de la posición del Ejecutivo central resulta tan flagrante que, para evidenciarla, basta un ejercicio elemental. Supongamos que el pasado martes, a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o al día siguiente desde Barcelona, el consejero Mas-Colell o, mejor aún, el presidente Mas hubiese anunciado que el déficit catalán para 2011 sería del 1,7%, y añadido: “No tengo por qué pactar ni no pactar. Yo hago lo que me parece razonable y luego se nos evaluará. Uno hace lo que cree sensato y lógico. Estoy muy tranquilo. Nuestros socios conocen nuestro compromiso firme con la consolidación fiscal”. Si esos argumentos le sirvieron a Rajoy para saltarse a la torera las constricciones presupuestarias de Bruselas, ¿no valen para que la Generalitat haga lo propio con el diktat de Madrid?

La materia es volátil y explosiva, lo sé. Pero incluso alguien tan serio y competente como el profesor Andreu Mas-Colell no parece haber excluido del todo la insumisión presupuestaria, y la mayoría de los partidos catalanes —excepto el PPC, cuyas ínfulas de autonomía respecto de Madrid duran como mucho 24 horas— la han reclamado explícitamente. Después de todo, cabe preguntarse con qué represalias, con qué medidas de retorsión castigaría el poder central una hipotética rebelión de la Generalitat en materia de déficit. ¿Bloquearía la hacienda estatal determinadas transferencias financieras a Cataluña? ¡Pero si a día de hoy, sin castigo alguno, ya nos debe más de 2.000 millones de euros!

Tal vez el Gobierno de Rajoy, como el Gabinete de Lerroux-Gil Robles en octubre de 1934, suspendiese la autonomía y nos mandase a un émulo del coronel Jiménez

Puesto que, a estas alturas del siglo XXI, enviar otra vez a una bandera de la Legión, cabra incluida, a acampar en el edificio del Parlament parece poco probable, tal vez el Gobierno de Rajoy, como el Gabinete de Lerroux-Gil Robles en octubre de 1934, suspendiese la autonomía y nos mandase a un émulo del coronel Jiménez. Francisco Jiménez Arenas, coronel del cuerpo de Intendencia, fue quien el 7 de octubre de aquel año, por orden de Madrid, se instaló en el despacho principal del Palau de la Generalitat y ejerció durante tres meses como presidente de facto bajo el rótulo de gobernador general accidental de Cataluña. Ni que decir tiene que una medida de este tipo, incluso si el interventor no llevara uniforme, convertiría el sentimiento independentista en un clamor masivo.

De momento, y a la espera de si aparece o no un coronel Jiménez, todo induce a pensar que quien se encargará de hacerles la agitprop a los partidarios de la independencia es la delegada del Gobierno central, doña María de los Llanos de Luna. Si, como ha anunciado, se empeña en imponer la enseña rojigualda en todos los Ayuntamientos catalanes, ello nos asegura meses o años de guerrilla simbólico-identitaria, de incidentes, plenos municipales inflamados, pintadas, concentraciones, gestos de insumisión vexilológica (relativa a las banderas, quiero decir) y, en definitiva, un largo protagonismo mediático de la confrontación Cataluña-España en su dimensión más visceral.

La señora De Luna y el ministro Fernández Díaz sabrán. Pero quizá deberían preguntarse, al modo clásico, qui prodest. ¿A quién van a beneficiar?