Emarsa pagó por la misma función a tres abogados

Según declaró el exgerente, dos letrados cobraban sin trabajar realmente para la sociedad

Entre los muy diversos gastos que tuvo la sociedad pública Emarsa en los años que precedieron a su liquidación por quiebra, en 2010, se incluyó el pago a tres asesores jurídicos que tenían, aparentemente, la misma misión. Asesorar a los directivos y, llegado el caso, representar en los juicios a la empresa, que se encargaba de depurar el agua de Valencia y su área metropolitana. Según declaró el exgerente Esteban Cuesta, dos de esos letrados cobraban de la sociedad sin trabajar realmente para el...

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Entre los muy diversos gastos que tuvo la sociedad pública Emarsa en los años que precedieron a su liquidación por quiebra, en 2010, se incluyó el pago a tres asesores jurídicos que tenían, aparentemente, la misma misión. Asesorar a los directivos y, llegado el caso, representar en los juicios a la empresa, que se encargaba de depurar el agua de Valencia y su área metropolitana. Según declaró el exgerente Esteban Cuesta, dos de esos letrados cobraban de la sociedad sin trabajar realmente para ella. Cuesta contó al juez que ambos fueron contratados por orden de Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, que dejó el cargo de alcalde de Manises y de vicepresidente de la Diputación de Valencia por su implicación en el caso.

Uno de esos dos abogados, Luis Botella, que es primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Moncada con el PP, declaró ayer ante el juez como imputado. Botella afirmó que sí prestó servicios a Emarsa ofreciendo asesoramiento a tres de los directivos, aunque no fue muy preciso sobre el objeto de los trabajos. El concejal declaró que el contrato de la otra supuesta enchufada e imputada en la causa, Leonor Moreno, empleada en el Ayuntamiento de Manises, daba la impresión de haber sido copiado exactamente del que él elaboró para sí mismo al empezar su relación con la sociedad.

La acusación preguntó a Botella si siendo abogado no le extrañaba que una cláusula de su contrato estableciera que en caso de extinguirse el contrato, la empresa tendía que abonarle las mensualidades de 10 años. “Las partes tienen libertad para pactar”, respondió.

Botella admitió que su primer contacto con Emarsa lo tuvo a través de Ignacio Martínez, empleado de la depuradora y cargo del PP de Valencia.

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